Santo Domingo.- “Moralidad en segundo plano, poder en primera línea” resaltan en el contexto de las disputas por control del buró del Colegio de Abogados haitiano en el buró de Ouanaminthe (Juana Méndez, en español), declaró la doctora Jennifer Surfin.
Surfin se hizo eco de informaciones que publican los medios de comunicación sobre la creación de una comisión de paz entre los dos grupos de abogados en conflicto en Ouanaminthe por el Colegio de Abogados.
“Hoy vemos el anuncio de la creación de un nuevo Colegio de Abogados (¿el número 2, debería decir?), observó la abogada..
Nuestra atención, declaró Surfin, se centró en la comisión de paz encabezada por Joe Edgar Dumay, “quien ahora preside este nuevo Consejo”.
En ese contexto, la abogada Surfin se preguntó dónde quedaron los principios y la moral.
Tres problemas
Según sugiere la abogad, desde un punto de vista moral y ético, la integración de miembros de una comisión de paz en un nuevo consejo formado por una de las partes en conflicto, plantea tres problemas principales:
1) Conflicto de intereses: Un mediador debe ser completamente imparcial. ¿Fue este el caso de esta comisión? Si los miembros de la comisión obtienen un beneficio personal (un puesto en el consejo) del resultado del conflicto, su neutralidad se ve comprometida retroactivamente. Cabe sospechar que orientaron el proceso de paz para favorecer al grupo que posteriormente se uniría a ellos.
2) Imparcialidad (Este era mi deseo, y el de muchos otros). Imparcialidad evidente: La justicia y la mediación no solo deben ser justas, sino que deben parecerlo. El cambio del rol de mediador al de líder de una de las partes crea una apariencia de colusión que socava la confianza de los abogados del grupo contrario y del público en general.
3) Traición a la confianza: Al aceptar la misión de paz, los miembros de esta comisión deben comprometerse moralmente a mantenerse al margen de la contienda. Ocupar un puesto en el nuevo consejo constituye una traición a la misión inicial, transformando un acto de servicio en una estrategia para el ascenso político.
Es decir, los miembros de la comisión —los «pacificadores»— jamás deberían ser beneficiarios ni miembros de un nuevo Colegio de Abogados.
