Por Wiliam Urquijo Pascual
Caracas, 23 jul (Prensa Latina) Al estilo del salvaje oeste y la ley del más fuerte, Estados Unidos insiste hoy en criminalizar a altos representantes del Estado venezolano, en su empeño por provocar un cambio de régimen en la nación sudamericana.
En un nuevo episodio de la marcada hostilidad de Washington hacia Venezuela, la administración estadounidense de Donald Trump arremetió ahora contra la figura del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
Bajo infundadas acusaciones de corrupción, la Casa Blanca ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a la detención o enjuiciamiento del magistrado, en otro ilegal intento de judicialización de funcionarios venezolanos.
El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, acusó a Moreno de usar su posición de autoridad para ganancia personal, así como aceptar sobornos con vistas a influir en los resultados de algunos casos criminales, en una supuesta trama que también incluiría a la esposa del titular, Débora Menicucci Anzola.
La arremetida contra el máximo representante del poder judicial responde a una estrategia de criminalización de las figuras más prominentes del Estado bolivariano.
Con anterioridad Estados Unidos ofreció recompensas millonarias por las cabezas del mandatario Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por supuestos nexos con el narcotráfico.
La farsa jurídica coincidió con la orden emitida en abril por Donald Trump de incrementar la presencia militar en el Caribe oriental para -supuestamente- reforzar la lucha contra el tráfico de drogas en la región, en una maniobra percibida en Caracas y otras latitudes como un intento de agresión contra Venezuela.
El ataque contra el presidente del TSJ siguió entonces a una serie de decisiones adoptadas por el organismo que impactaron de lleno en el escenario político del país y representó un nuevo revés para los sectores más radicales de la oposición, opuestos a los esfuerzos de concertación y diálogo nacional.
En junio último el máximo órgano judicial declaró la omisión inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional (Parlamento en desacato) en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante una demanda interpuesta por dirigentes opositores.
La sentencia del TSJ abrió las puertas a la designación de la nueva directiva del CNE, la cual a su vez presentó la convocatoria a elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre de 2020, uno de los acuerdos emanados de la Mesa de Diálogo Nacional instalada en 2019 entre el gobierno de Venezuela y fuerzas de la oposición.
Asimismo, el TSJ decretó la suspensión de las directivas de partidos de derecha como Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, ante recursos interpuestos por integrantes de esas propias organizaciones, debido a la negativa de sus dirigencias a participar en los comicios.
El gobierno venezolano rechazó la acción ilegal de Estados Unidos contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de un comunicado emitido por la Cancillería, en el cual repudió las constantes violaciones del derecho internacional por parte de Washington.
Venezuela denunció ante la comunidad internacional ‘la persecución obsesiva de la élite gobernante estadounidense contra el gobierno y el pueblo venezolanos, fabricada sobre falsas premisas y acusaciones’.
Subrayó que el Estado venezolano hará respetar las leyes nacionales e internacionales; ‘esta nueva agresión será sumada al expediente contra funcionarios estadounidenses que Venezuela ha elevado ante la Corte Penal Internacional’, concluyó el texto.
A su vez, el magistrado Moreno ratificó su compromiso y lealtad con el país, así como su autonomía y la del poder judicial, ante cualquier pretensión injerencista.
Según nota de prensa, el titular del TSJ manifestó que mantendrá su lucha inquebrantable, en el ámbito de sus competencias, contra el flagelo de la corrupción en cualquiera de sus formas, la cual ha sido una de sus banderas durante su gestión al frente del Poder Judicial.
Bajo infundadas acusaciones de corrupción, la Casa Blanca ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a la detención o enjuiciamiento del magistrado, en otro ilegal intento de judicialización de funcionarios venezolanos.
El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, acusó a Moreno de usar su posición de autoridad para ganancia personal, así como aceptar sobornos con vistas a influir en los resultados de algunos casos criminales, en una supuesta trama que también incluiría a la esposa del titular, Débora Menicucci Anzola.
La arremetida contra el máximo representante del poder judicial responde a una estrategia de criminalización de las figuras más prominentes del Estado bolivariano.
Con anterioridad Estados Unidos ofreció recompensas millonarias por las cabezas del mandatario Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por supuestos nexos con el narcotráfico.
La farsa jurídica coincidió con la orden emitida en abril por Donald Trump de incrementar la presencia militar en el Caribe oriental para -supuestamente- reforzar la lucha contra el tráfico de drogas en la región, en una maniobra percibida en Caracas y otras latitudes como un intento de agresión contra Venezuela.
El ataque contra el presidente del TSJ siguió entonces a una serie de decisiones adoptadas por el organismo que impactaron de lleno en el escenario político del país y representó un nuevo revés para los sectores más radicales de la oposición, opuestos a los esfuerzos de concertación y diálogo nacional.
En junio último el máximo órgano judicial declaró la omisión inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional (Parlamento en desacato) en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante una demanda interpuesta por dirigentes opositores.
La sentencia del TSJ abrió las puertas a la designación de la nueva directiva del CNE, la cual a su vez presentó la convocatoria a elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre de 2020, uno de los acuerdos emanados de la Mesa de Diálogo Nacional instalada en 2019 entre el gobierno de Venezuela y fuerzas de la oposición.
Asimismo, el TSJ decretó la suspensión de las directivas de partidos de derecha como Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, ante recursos interpuestos por integrantes de esas propias organizaciones, debido a la negativa de sus dirigencias a participar en los comicios.
El gobierno venezolano rechazó la acción ilegal de Estados Unidos contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de un comunicado emitido por la Cancillería, en el cual repudió las constantes violaciones del derecho internacional por parte de Washington.
Venezuela denunció ante la comunidad internacional ‘la persecución obsesiva de la élite gobernante estadounidense contra el gobierno y el pueblo venezolanos, fabricada sobre falsas premisas y acusaciones’.
Subrayó que el Estado venezolano hará respetar las leyes nacionales e internacionales; ‘esta nueva agresión será sumada al expediente contra funcionarios estadounidenses que Venezuela ha elevado ante la Corte Penal Internacional’, concluyó el texto.
A su vez, el magistrado Moreno ratificó su compromiso y lealtad con el país, así como su autonomía y la del poder judicial, ante cualquier pretensión injerencista.
Según nota de prensa, el titular del TSJ manifestó que mantendrá su lucha inquebrantable, en el ámbito de sus competencias, contra el flagelo de la corrupción en cualquiera de sus formas, la cual ha sido una de sus banderas durante su gestión al frente del Poder Judicial.
