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Haití: Los desplazados sin acceso a agua potable, instalaciones sanitarias ni alimentos suficientes

Por Dodeley Orélus

Puerto Príncipe, Le Quoltidien 509.- Varios cientos de familias abandonaron sus hogares hace más de dos semanas y ahora viven en condiciones extremadamente difíciles, sin acceso suficiente a alimentos, agua potable o instalaciones sanitarias adecuadas.

Las personas desplazadas se ven obligadas a dormir en el suelo cerca de grandes vertederos, una situación que representa un importante riesgo para la salud.

Los malos olores de los residuos mezclados con heces dificultan aún más las condiciones de vida. Varias personas, especialmente bebés y niños pequeños, ya han enfermado, informan las víctimas del desastre.

Las víctimas también denuncian una pérdida total de privacidad y un sentimiento de abandono ante la falta de asistencia de las autoridades.

Profundamente rebelados, varios desplazados exigen una intervención urgente del Estado para poner fin a la violencia en la Plaine du Cul-de-Sac. Según sus testimonios, grupos armados siguen aterrorizando a los residentes y quemando casas en determinadas zonas.

Piden ser reubicados en un lugar más seguro. Varios de ellos afirman haber huido sin poder llevarse sus pertenencias ni sus ahorros y dicen que no tienen medios para llegar a otras regiones del país.

La ONU dice que las bandas matan a 390 en dos meses en Haití, donde 10,000 huyen en cinco días

Los enfrentamientos entre bandas armadas rivales estallaron en los municipios de Croix-des-Bouquets y Cité Soleil (Oeste) y se convirtieron en masacres. Y según la ONU, al menos 390 personas fueron asesinadas allí entre el 6 de marzo y el 16 de mayo de 2026. Mientras tanto, no menos de 87 casas también fueron quemadas, lo que obligó al desplazamiento de 10.000 personas entre el 10 y el 15 de mayo.

Por Célou Flécher

Puerto Príncipe (El Factor de Haití), 21 de mayo de 2026._ Las Naciones Unidas (ONU) han elaborado una evaluación aproximada de los últimos abusos cometidos por bandas armadas rivales en Croix-des-Bouquets y Cité Soleil.

Según la ONU, la violencia armada en la llanura de Cul-de-sac durante los últimos tres meses, del 6 de marzo al 16 de mayo de 2026, ha dejado al menos 390 muertos.

Entre las víctimas, muchas murieron por balas en sus casas o mientras vaciaban sus respectivos barrios.

Al mismo tiempo, otros acusados de posicionarse en el bando rival simplemente fueron atacados, afirmó la ONU en su informe.

Durante el mismo período, el organismo internacional dice haber registrado 87 casas habitables, negocios comerciales e instituciones públicas quemadas por grupos criminales en conflicto.

La guerra de pandillas en Croix-des-Bouquets y Cité Soleil, comunas del departamento occidental de Haití, también obligó a unas 10.000 personas a realizar desplazamientos forzados para refugiarse desesperadamente con un ser querido, en campamentos de fortunas desbordadas o incluso en plazas públicas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Huyeron de la violencia armada entre el 10 y el 15 de mayo, dijo la OIM.

Narcotráfico, leyes impopulares y «gasolina basura»: ¿Que hay detrás de las protestas en Bolivia?

La Paz, RT.- Las protestas antigubernamentales y bloqueos que desde hace semanas sacuden a Bolivia han sido detonadas por una mezcla de escándalos de narcotráfico, venta de combustible de mala calidad y propuestas de leyes impopulares.

Uno de los principales desencadenantes de las protestas en Bolivia fue la aprobación de la abrogada Ley N.º 1720 (o Ley de Reconversión de Tierras), promulgada el 10 de abril pasado. Este instrumento legal autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión voluntaria y gratuita de la «pequeña propiedad agraria» a «mediana propiedad».

Esta modificación generó gran rechazo y movilizaciones entre los sectores campesinos e indígenas que consideran que vulnera sus derechos y genera beneficios a grandes empresarios agroindustriales. Además de contribuir a la deforestación y al cambio de uso de los suelos, según Mongabay.

La Fundación Tierra consideró que esta ley, derogada en medio de las crecientes protestas, era inconstitucional y alentaba la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos, lo que dejaba a los pequeños productores indígenas en estado de indefensión.

El instrumento legal abría la posibilidad a que los indígenas vendieran sus pequeñas propiedades a los grandes agroindustriales, que las comprarían a precios muy bajos, o que se endeudaran hipotecándolas en bancos para obtener créditos agroindustriales, con riesgo incluso de perderlas.

En la misma línea, como los nuevos dueños serían de sectores pudientes con maquinaria, tecnología y alta capacidad productiva, los terrenos serían explotados de una manera exponencialmente mayor, lo que causaría un impacto ambiental negativo.

Seguidilla de proyectos de ley impopulares

El 28 de diciembre de 2020, durante el gobierno del expresidente Luis Arce, se sancionó la Ley de Impuestos a las Grandes Fortunas, que se aplicó a los bienes de quienes tuvieran un patrimonio de 30 millones de bolivianos (4,3 millones de dólares), que debían pagar un tributo anual y permanente.

Dos semanas luego de su llegada a la presidencia, Paz anunció que la eliminaría, argumentando que el impuesto a las grandes fortunas ahuyentó más de 2.000 millones de dólares en inversiones que se fueron a Paraguay, según AP. No obstante, su propuesta no ha obtenido el visto bueno en la Cámara de Diputados, que le pidió modificar su proyecto.

La iniciativa de Paz también ha generado rechazo en las calles debido a que los movimientos y gremios consideran que, al eliminar la recaudación de impuestos a las grandes fortunas, se debilita el ingreso de recursos al Estado y se favorece a las clases privilegiadas.

¿Bloqueos como delito?

Otro de los instrumentos legales que ha generado inquietud es el proyecto de Ley Antibloqueos, impulsado por el diputado opositor Carlos Alarcón. Conforme a la propuesta de diciembre de 2025, los bloqueos se considerarían un delito que debe ser «severamente castigado, por los enormes daños que provoca» y que generaría cárcel de 3 a 20 años, según el caso.

El presidente boliviano ha mostrado su desacuerdo con esta propuesta legislativa y ha dicho que su país «no requiere una Ley Antibloqueos» y que lo que necesita es «dialogar y reencontrarse«.

Por su parte, la Central Obrera de Bolivia (COB), que participa activamente en las protestas y está al frente de una huelga general, ha dicho que este instrumento legal no se propuso «ni en los peores momentos de dictadura» y que busca acabar con «la última herramienta reivindicativa que tiene el país».

La «gasolina basura»

Gran malestar social ha causado en Bolivia la crisis de la llamada «gasolina basura». La mala calidad de combustible ha afectado a miles de usuarios de vehículos, sin que haya una respuesta oficial satisfactoria para la ciudadanía.

Ante las quejas y denuncias, la primera reacción del Gobierno fue la de negar que hubiera alguna irregularidad en el combustible comprado a Argentina, Paraguay y Chile. «YPFB reafirma ante la opinión pública que la Gasolina Especial Plus que se comercializa en el país cumple plenamente con los estándares de calidad», rezaba un comunicado de la estatal.

Debido a que los vehículos seguían presentando fallas, el presidente dijo que había detectado un «sabotaje» para desestabilizar a su Administración y dio la orden de militarizar las instalaciones de YPFB para protegerla «de las mafias y la corrupción» y «blindar la soberanía energética», informa El Deber.

Estas versiones no cuajaron en la población, aunque, según el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, la crisis llegó a su fin. El funcionario aseguró que la gasolina que se distribuye actualmente en el país «es más controlada, más tratada y más segura que nunca», refiere Visión 360.

Conforme a su versión, las fallas se debieron a que había un vacío normativo grave sobre la gasolina que se importaba; mal estado del sistema operativo de almacenamiento en el país y la detección de diolefinas, compuestos inestables que obstruyen los inyectores y dañan los motores.

¿Dónde están las 32 maletas?

La desaparición de 32 maletas que entraron a Bolivia de manera irregular y la poca claridad inicial que tuvo el Gobierno sobre el caso también generaron malestar en la población.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, justificó en una entrevista a El Deber el silencio gubernamental y dijo que «hablar antes habría significado interferir en una investigación en curso».

Todo comenzó cuando 32 maletas ingresaron en un vuelo privado, de manera irregular, al Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, procedentes de EE.UU., entre el 28 y el 29 de noviembre de 2025, según las autoridades policiales bolivianas, recoge Opinión.

A cargo del equipaje estaba la exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas, quien evadió los controles aduaneros porque habría usado un pasaporte diplomático vencido. La exparlamentaria viajaba con Gabriel Giuliano León, un ciudadano extranjero de doble nacionalidad, actualmente prófugo de la Justicia, y sus dos hijas menores.

Las valijas permanecieron por cuatro días en los depósitos de la aduana sin que fueran revisadas por el personal de seguridad, lo que también es investigado. Posteriormente, la exdiputada pasó a recogerlas sin que fueran inspeccionadas.

El equipaje fue llevado a un galpón de la empresa de seguridad privada Ebose, propiedad del exjuez Herbert Zeballossegún El Deber.

Tras una alerta internacional, las autoridades llegaron al lugar para buscar armamento ilícito y sustancias ilegales. Al ingresar al galpón, encontraron 76 kilogramos de marihuana oculta en distintos objetos, lo que dio pie al inicio de una investigación por tráfico de sustancias controladas.

Hasta el momento, no se sabe cuál era el contenido del equipaje debido a que nunca fue escaneado. Mientras que unas versiones dicen que podían ser millones de dólares, otras consideran que era armamento y otras que serían drogas.

Por el hecho están detenidas seis personas, entre ellas la exdiputada, el exjuez y personal aduanero responsable de la revisión del equipaje.

Venezuela autoriza el sobrevuelo de aviones estadounidenses

Caracas, RT.- El Gobierno de Venezuela anunció este jueves que, a solicitud de la Embajada estadounidense en Caracas, autorizó sobrevuelos de aeronaves del país norteamericano sobre su territorio, en razón de «un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática», que se prevé realizar este 23 de mayo.

«La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsables de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad», detalla un comunicado difundido por el canciller, Yván Gil, en sus redes sociales.

El Gobierno de Venezuela anunció este jueves que, a solicitud de la Embajada estadounidense en Caracas, autorizó sobrevuelos de aeronaves del país norteamericano sobre su territorio, en razón de «un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática», que se prevé realizar este 23 de mayo.

«La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsables de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad», detalla un comunicado difundido por el canciller, Yván Gil, en sus redes sociales.

Cancelan abruptamente votación sobre resolución para detener la acción militar de EE.UU. contra Irán

Washington, RT.- Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes cancelaron abruptamente una votación sobre una resolución para detener la guerra con Irán debido a la ausencia de legisladores republicanos, una situación que amenazaba con provocar una derrota para el presidente Donald Trump, recoge Bloomberg.

La decisión se produjo después de un empate registrado la semana pasada sobre una resolución para detener la acción militar estadounidense contra Irán. El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, Mike Rogers, afirmó que la votación fue retirada porque faltaban legisladores republicanos, mientras Gregory Meeks sostuvo: «Retiraron el proyecto porque nosotros teníamos los votos».

La resolución será sometida a votación cuando la Cámara retome sus actividades tras el receso de una semana por el Día de los Caídos, según indicó un asesor republicano. Mientras tanto, Trump amenaza con lanzar una nueva ola de ataques contra Teherán si el Gobierno iraní no acepta sus exigencias.

Migración elimina la protecciones del plan de regularización, dice el Mosctha

Santo Domingo.- El gobierno dominicano ha decidido poner fin a la protección de los inmigrantes que se benefician del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) aplicado desde 2014, declaró el Movimiento Socio Cultural para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Mosctha).

El Mosctha se refería a la Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migraciones (DGM), «que establece los mismos requisitos para la renovación de permisos de trabajo temporales que los exigidos por el PNRE».

Si estos inmigrantes, de los cuales el 98% de los 250.241 extranjeros regularizados eran de nacionalidad haitiana, ya han presentado estos documentos, ¿por qué la DGM los vuelve a exigir, como si el objetivo fuera dejar de lado todo este proceso, preguntó la organización.

Asimismo, el Mosctha considera inadecuado cancelar los resultados del PNRE, cuando, según estimaciones oficiales, este programa requirió una inversión de 2.350 millones de pesos.

Según la organización, en un comunicado escrito, las disposiciones contenidas en la resolución de la DGM también se refieren a los residentes que viven en territorio dominicano desde hace 20, 30 e incluso más de 60 años, «entre los que se encuentran los trabajadores de las plantaciones azucareras».

Los documentos requeridos

Para validar los permisos de trabajo temporales, Migración exige que los inmigrantes escriban una carta al empleador bajo cuya responsabilidad la persona en cuestión ingresó al país.

La resolución de la DGM estipula que «esta carta deberá explicar los motivos por los cuales se solicita la prórroga de la estancia y contendrá la garantía de su mantenimiento en el país durante la prórroga, así como el pago de los gastos de su repatriación una vez expirada».

Además, también se requieren:

UL pasaporte válido con un período mínimo de validez de 18 meses;

La tarjeta de trabajador temporal.

Una dirección en República Dominicana;

Un contrato de trabajo firmado con la empresa o entidad para la cual se realiza el trabajo temporal, debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo;

Asimismo, un certificado que acredite la inscripción del trabajador en la Tesorería del Seguro Social (TSS) en el listado de empleados de la persona física o jurídica contratante.

Se entrega “Negro Malo”, uno de los presuntos agresores de conductor del TRAE

Santo Domingo.- La Policía Nacional informó la entrega voluntaria de Gregory González (Negro Malo), señalado como uno de los presuntos motociclistas involucrados en la agresión contra un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), ocurrida la mañana de hoy en el sector El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, González (Negro Malo) es acusado de participar en la agresión física contra el conductor Henry González, del TRAE, quien se encontraba transportando estudiantes hacia centros educativos de la zona al momento del incidente.

La entrega se produjo ante la persecución activa desplegada por las autoridades para identificar y apresar a todos los implicados en el hecho.

La Policía Nacional informó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para localizar a otros posibles involucrados.

Un siglo metiendo la misma pata

Por Miguel Ángel Cid Cid

Para los ciudadanos, los líderes políticos avanzan contrario a sus partidos. El actuar de los dirigentes refleja el olvido de las lecciones del discurrir histórico. Omiten errores y aciertos, tanto de las crisis como de los triunfos.

La democracia irrisoria, apalancada con una planificación deficiente lleva a los partidos políticos al fracaso. Se suma a esto, la ambición de los líderes por perpetuarse en sus puestos de dirección.

Cuando llegan al poder las apetencias aumentan como rio desbordado. El apetito por devorar todo a su paso los lleva a obrar contrario a los intereses de sus propias organizaciones.

El PRM ahora pinta, por ejemplo, un escenario que es —por derivación— similar al miope que se niega a utilizar lentes correctivos.

Resulta asombroso ver que la dirección del partido oficialista se resiste a controlar sus aires de grandeza. No, el PRM no aprendió nada de la crisis que partió el partido blanco.

La tradición autoritaria empuja a los guías políticos a creerse que son los que más saben. En cuanto lo llevan a la alta dirección del partido asumen que el ascenso se debió a su gran conocimiento de estrategia política. Juran que son imprescindibles para que el partido se mantenga en el Poder.

La decisión reciente de la cúpula del PRM obedece a la descripción anterior. Los jerarcas del partido de gobierno emitieron un comunicado donde proponen extender por uno y dos años los cargos que ellos ocupan en el partido. Cogieron piedras para los más chiquitos.

Los potentados alegan que el país vive momentos que requieren sacrificios. Dicen que la guerra en Irán afecta la economía del país. Pero los sacrificios son siempre para los de abajo, no al revés. El comunicado expresa:

El país “… atraviesa un momento que demanda madurez, estabilidad, responsabilidad y sentido de prioridad de todas las fuerzas políticas nacionales ante los importantes desafíos económicos, sociales y del contexto internacional que impactan al mundo y a nuestra región”.

Por eso tenemos que seguir dirigiendo el partido. Para salvar el país. Para continuar en el gobierno, pero con los mismos que están hoy.

La propuesta anterior es una manera de querer asaltar la inteligencia de los líderes de base. Una forma de decirles que su derecho a crecer lo decide la cúpula partidaria.

El partido oficial —con la propuesta de extensión— olvidó que esas mismas prácticas dividieron el PRD en 1973. Que fueron los líderes perremistas que en 2014 volvieron a fraccionar la estructura perredeísta. Estos líderes, entonces, gritaban democracia. El grito que vociferaron ayer, hoy lo quieren borrar.

La cúpula perremeista olvidó, además, que el PLD se dividió en 2019 por prácticas similares.

Olvidan que, hace seis años, ellos sacaron a los peledeístas del gobierno. ¿Por qué? Porque las bases moradas dejaron de confiar en su cúpula enquistada por decenas de años.

Pero los líderes medios y de base del PRM son diferentes a los del PLD. Los peledeístas todavía conservan disciplina. Aceptaron congelar la cúpula y ascender a otros. Los perremeistas, por el contrario, se revolotearon.

El comunicado de los líderes oficialistas se conoció el 15 de mayo recién pasado. Desde entonces las protestas suceden una tras la otra. No paran.

La rebelión puso en zozobra el partido oficial. Los obligó a recular. Ahora dicen haber realizado la consulta y que se echaron para atrás por respeto a la base.

Los tutumpotes gobiernistas —por derivación— enviaron a los organismos del partido, tres días después, otro comunicado. Informan lo siguiente:

Que, después de las “consultas y evaluación interna… ha decidido de manera unánime rechazar la propuesta de extensión del mandato de las actuales autoridades partidarias”.

Reafirman que así honran “el compromiso del PRM con la institucionalidad y el respeto a sus estatutos”.

Con este recular —costumbre en el oficialismo perremeista— pretenden ocultar que metieron la pata otra vez.  Pero que sigue vigente la decisión de mantener el control.

En suma, cerca de cien años después de la fundación del PRD —progenitor del PRM— se impone el mismo error. Dirigir sin democracia. Creer que las bases son para pisarlas.

¿Cuándo aprenderán la lección, cuándo entenderán que las fuerzas sociales son indetenibles?

La CPN reclama que se repare la deuda histórica con los dominicohaitianos

Santo Domingo.- La Coordinadora Popular Nacional (CPN) exige al Estado dominicano reparar esta deuda histórica, garantizar la restitución plena de la nacionalidad de todas las personas de ascendencia haitiana, cesar las prácticas de discriminación institucional, detener las expulsiones arbitrarias y asegurar el acceso pleno a todos sus derechos civiles, sociales, económicos y políticos.

La CPN denunció una «política de exclusión» contra esas miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana «que viven actualmente sometidas a condiciones de profunda vulnerabilidad y discriminación estructural». Muchos, prosigue la organización en un comunicado público, «enfrentan la negación de su derecho a la educación, al no poder continuar estudios secundarios o universitarios por falta de documentación».

El texto del comunicado

«La Coordinadora Popular Nacional (CPN) considera necesario pronunciarse ante una de las más profundas injusticias sociales, humanas y jurídicas, que ha vivido la sociedad dominicana en su historia: la situación de cientos de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana afectados por políticas estatales de desnacionalización, exclusión y negación de derechos fundamentales.

Durante gran parte de la historia constitucional dominicana, particularmente bajo el marco jurídico vigente entre 1929 y 2010, la nacionalidad dominicana fue reconocida principalmente bajo el principio de jus soli, mediante el cual toda persona nacida en territorio dominicano era reconocida como nacional, salvo excepciones muy limitadas.

Durante décadas, estas personas ejercieron plenamente su condición de nacionales, portando actas de nacimiento, cédulas, estudiando, trabajando y desarrollando su vida como parte integral de la nación dominicana, consolidando así derechos adquiridos y una relación jurídica plenamente reconocida por el propio Estado.

Sin embargo, esta realidad fue violentamente alterada con la Sentencia TC/168/13 del Tribunal Constitucional, emitida en septiembre de 2013, mediante la cual el Estado reinterpretó retroactivamente décadas de práctica constitucional y administrativa, despojando arbitrariamente de su nacionalidad a cientos de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana nacidos entre 1929 y 2010, en abierta contradicción con principios esenciales del derecho como la seguridad jurídica, la irretroactividad de la ley, la confianza legítima y la protección de derechos adquiridos.

A pesar de la promulgación de la Ley 169-14 como supuesto mecanismo de solución, la realidad es que miles de personas continúan hoy atrapadas en un limbo jurídico, enfrentando innumerables obstáculos para recuperar o validar su documentación y ejercer plenamente su ciudadanía.

Como consecuencia de esta política de exclusión, miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana viven actualmente sometidas a condiciones de profunda vulnerabilidad y discriminación estructural. Muchos enfrentan la negación de su derecho a la educación, al no poder continuar estudios secundarios o universitarios por falta de documentación. Organismos internacionales han documentado obstáculos para continuar estudios básicos y universitarios.

Otros son privados de su derecho a la salud, encontrando barreras para acceder a servicios médicos y al sistema de seguridad social.

A muchos se les niega el derecho de declarar a sus hijos e hijas ante el Registro Civil, profundizando un ciclo intergeneracional de exclusión y riesgo de apatridia.

Asimismo, enfrentan restricciones a su libertad de tránsito, temor constante a desplazarse dentro de su propio país, y el riesgo permanente de ser detenidos arbitrariamente o expulsados injustamente en operativos migratorios, pese a haber nacido en la República Dominicana y no conocer a nadie en Haití.

La Corte Interamericana ha señalado patrones de expulsiones y prácticas discriminatorias contra personas haitianas y de ascendencia haitiana, incluyendo afectaciones al derecho a la libertad de circulación, nacionalidad y debido proceso.

Desde la Coordinadora Popular Nacional (CPN), afirmamos que esta situación constituye no solo una grave injusticia histórica, sino también una violación sistemática de derechos humanos fundamentales, sostenida por políticas discriminatorias que atentan contra la dignidad, la igualdad y la democracia.

La lucha de los dominicanos de ascendencia haitiana no constituye una demanda de privilegios ni de concesiones especiales: constituye una exigencia legítima de restitución de derechos históricamente reconocidos y posteriormente arrebatados por decisiones estatales injustas.

La defensa de sus derechos es una causa de justicia social, de respeto constitucional, de memoria histórica y de dignidad humana.

Por ello, la Coordinadora Popular Nacional (CPN) exige al Estado dominicano reparar esta deuda histórica, garantizar la restitución plena de la nacionalidad de todas las personas afectadas, cesar las prácticas de discriminación institucional, detener las expulsiones arbitrarias y asegurar el acceso pleno a todos los derechos civiles, sociales, económicos y políticos de esta población.

No puede haber democracia real mientras ciento de miles de personas dominicanas continúan siendo extranjerizadas, perseguidas y excluidas en la tierra donde nacieron.

FIRMADO

COORDINACIÓN NACIONAL CPN

Santo Domingo, República Dominicana».

18 de mayo: ¿Qué queda de la bandera haitiana cuando el país se desgarra?

Por Nancy Roc

Miami, AlterPress.- Llega el 18 de mayo, y con él esta pregunta que muchos haitianos tal vez eviten hacerse: ¿Qué representa todavía una bandera para un pueblo que ya no sabe verse a sí mismo como pueblo?

El azul y el rojo deberían recordarnos la unión, la memoria, el sacrificio, la dignidad redescubierta después de la esclavitud. Pero ¿qué sucede con una bandera cuando la nación que dice unir es destrozada, herida, violada, asesinada por sus propios hijos, ya sean pandilleros, financistas de pandillas, cómplices silenciosos, políticos cínicos o ciudadanos acostumbrados durante demasiado tiempo a acusar a otros sin cuestionar nunca su propia parte de responsabilidad?

¿Haití sigue siendo un país en el que barrios enteros ya no responden a la autoridad estatal? ¿Cuando las familias duermen al aire libre, huyen de un pueblo a otro y comienzan su exilio nuevamente dentro de su propia tierra natal?

Según la OIM, más de 1,45 millones de personas están actualmente desplazadas dentro de Haití, en una crisis de proporciones históricas. Entre ellos, cientos de miles de niños, nacidos con miedo, criados huyendo, condenados a enterarse demasiado pronto de que la casa puede arder, que la escuela puede cerrar, que la calle puede matar.

Mientras tanto, en otros lugares, la diáspora celebra la Mes de la Herencia Haitiana. Celebra la cultura, la gastronomía, la bandera, la memoria, las Dessalines, las Vertières, el orgullo de ser haitiano. Y tiene razón en querer preservar lo que queda de nuestra grandeza.

¿Pero cómo no podemos ver el cruel contraste? Por un lado, banderas ondeaban en las calles de Nueva York, Miami, Montreal o París; por el otro, millones de haitianos prisioneros del hambre, el miedo, la humillación y el abandono.

Por un lado, la nostalgia por Haití; por el otro, el colapso de Haití.

Por un lado, el país de los sueños; por el otro, el país real.

La verdad es brutal: Haití no sólo fue destruido por extranjeros. Haití también fue devorado desde dentro.

Hemos encontrado refugio en la acusación permanente durante demasiado tiempo: los colonos franceses, los americanos, los dominicos, los blancos, los mulatos, los negros, los ricos, los pobres, la burguesía, los políticos, las ONG, la diáspora. Todos ellos tienen un elemento de historia, influencia o responsabilidad.

Pero al acusar a todos, nos olvidamos de mirarnos al espejo.

¿Quién entregó los barrios a las pandillas? ¿Quién financió las armas? ¿Quién compró conciencias? ¿Quién aplaudió a los criminales cuando servían en un campo político? ¿Quién aceptó que el odio de clase reemplaza a la ciudadanía? ¿Quién enfrentó a los haitianos entre sí hasta el punto de hacer de la fraternidad una palabra vacía?

Nuestro lema dice: » Hay fuerza en la unidad «. Pero hoy este lema suena como una acusación.

¿Qué sindicato? ¿qué fuerza?

¿El de las familias desplazadas? ¿El de los niños sin escuela? ¿El de los jóvenes que ya no sueñan con construir su país sino sólo con huir de él? ¿La de una sociedad donde demasiadas personas quieren enriquecerse rápidamente, a cualquier precio, porque han comprendido que en Haití la honestidad no protege, que el trabajo no es suficiente, que el crimen muchas veces paga mejor que el esfuerzo?

Y la cosa empeora: la palabra unión ha quedado empañada. Cuando bandas acusadas de masacres, violaciones, secuestros y desplazamientos forzados se apropian de la frase «Viv Ansanm», se trata de una obscena inversión de significado.

No vivimos juntos aterrorizados.
No se construye una comunidad con cadáveres, rescates, mujeres violadas, niños alistados, familias expulsadas. Las palabras tienen peso. Y cuando un país permite que sus verdugos roben las palabras de fraternidad es porque la descomposición moral ya está muy avanzada.

Así que sí, debemos atrevernos a hacer la pregunta prohibida: ¿No es a veces el peor enemigo del haitiano el propio haitiano? No por esencia, no por inevitabilidad, no porque estaríamos condenados a la violencia o al fracaso. Pero porque un odio constantemente renovado, transmitido, explotado, impune, ha reemplazado gradualmente al sentimiento nacional.

Aprendimos a despreciarnos a nosotros mismos antes de aprender a respetarnos a nosotros mismos. Hemos confundido ingenio con cinismo, astucia con inteligencia, impunidad con éxito.
Hemos tolerado pequeños acuerdos hasta el punto de producir grandes crímenes.

¿Cómo reconstruir un país en estas condiciones? ¿Con qué cemento moral? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué juventud, si esta juventud ve en Haití sólo una trampa para huir o un mercado para saquear? ¿Con qué ciudadanos, cuando millones de personas traumatizadas se ignoran entre sí, soportando silenciosamente los estigmas del miedo, el duelo, el exilio interno, la humillación diaria?

Podrían necesitarse dos generaciones para sanar las heridas invisibles que esta crisis imprime en los cuerpos y las mentes. Y de nuevo, siempre y cuando finalmente empecemos a nombrar el mal.

Por tanto, el 18 de mayo no debería ser sólo una celebración. Debería ser un examen nacional de conciencia.

Agitar la bandera ya no es suficiente

Usarlo en la ropa, exhibirlo en un perfil, cantarlo en una ceremonia o usarlo en el escenario en un concierto no salvará a Haití. Una bandera no es un tejido mágico. Sólo tiene sentido si quienes lo saludan también aceptan los deberes que impone: verdad, responsabilidad, solidaridad, justicia.

Haití no está muerto mientras haya haitianos capaces de rechazar mentiras. Pero Haití no renacerá si continuamos celebrando la unión mientras cultivamos el odio, hablando de patria mientras la saqueamos, invocando al pueblo mientras lo abandonamos.

La bandera nos está mirando

Y este año, quizás más que nunca, no sólo nos pide que lo honremos: Nos obliga a preguntarnos qué estamos todavía dispuestos a hacer para merecerlo.