Por Thierry Kenneth Pierre

Los dos mandatarios mas importantes se reunieron el pasado 13 al 15 de mayo Donald Trump y Xi Jinping en un mundo basado en reglas y ideologías, sino alrededor de recursos, energía y poder estratégico.

Detrás de los apretones de manos y las declaraciones diplomáticas, la verdadera discusión será quién controla las piezas claves del tablero global.

En las diversas declaraciones de Donald Trump podemos que usa ka famosa frase de las «cartas» palabras que ha usado con el presidente de Ucrania y los paises de europa.

Despues de un largo tiempo sin que los dos paises no se habian reunido precisamente en 9 años.

China llega en esta reunión con muchas cartas a su favor, las tierras raras, el comercio internacional, eneregias renovable, vehiculos electricos. Sin embargo la enormemente dependencia del petróleo extranjero tienen a los chinos preocupado, por ende han diversificado su flujo de abastecimiento por distintos paises.

China se abastese de Rusia , de los paises del golfo, iran , brasil.

Venezuela en el pasado fue su proveedor pero con la captura del presidente Nicolas Maduro ya ese pais no cuenta en los socios de proveedores. De estos paises depende la maquinaria industrial de China, la ofensiva comercial a nivel mundial , su carta numero uno (1).

Para Estados Unidos todos esos puntos son claves para diminuer la capacitad y ambiciones de China. Corta los accesos de los recursos de petroleo, los accesos maritimes global y sobre todo los chips de.nueva generacion de Estados Unidos producidos por Taïwan.

La República Democratica de China o ( Taïwan) es el gigante de los chips a nivel nundial, es el actor dominante en la industria de semiconductores.

Los datos más recientes indican que Taïwan produce alrededor del 60% de los chips del mundo y más del 90% de los más avanzados.

Por otro lado , Donald Trump tiene el problema del estrecho de Ormuz, Iran lleva un control estricto al paso de todos los barcos. Según los datos pasa por el estrecho el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo.

Unos 20 millones de barriles de petróleo cruzan este canal de solo 33 km de ancho.
Los clientes clave de La mayoría de este crudo se dirige a Asia (casi el 85%). China, Japón, India y Corea del Sur son los principales destinatarios.

La crisis en Medio Oriente y las tensiones permanentes con Irán mantienen el mercado energético bajo incertidumbre. Cualquier alteración importante en el Golfo Pérsico impacta directamente a China.

En otras palabras, quien controle las tierras raras tendrá ventaja en la economía tecnológica del futuro. Y ahí aparece otro elemento fundamental: las energías renovables.

Trump podría buscar acuerdos que limiten la expansión económica china en América Latina y Medio Oriente, especialmente en países como Venezuela. También podría intentar reducir la cooperación entre Pekín y Teherán, utilizando sanciones, presión financiera o negociaciones energéticas como herramientas.

Xi Jinping, por su parte, buscará proyectar calma y estabilidad, mientras consolida silenciosamente la posición de China como potencia indispensable para la economía mundial. La competencia ya no es únicamente militar.
Ahora la batalla gira alrededor del petróleo, los minerales estratégicos, la inteligencia artificial, las cadenas de suministro y las energías renovables. Quien controle esos sectores tendrá capacidad de definir las próximas décadas.

QUE ESPERAR DEL ENCUENTRO

El encuentro entre las potencias económicas mundiales —principalmente Estados Unidos y China— cambia los paradigmas tradicionales de las relaciones de poder entre potencias. Lo que antes se regía por acuerdos bilaterales o por el dominio incuestionable de Occidente, hoy se redefine constantemente mediante presiones cruzadas, vetos tecnológicos y disputas por recursos clave.

En el contexto actual, con el estancamiento de Estados Unidos en Irán y con la posible reanudación de los ataques en esa región volátil, Washington ve desgastada su capacidad de respuesta militar y diplomática. Mientras tanto, Teherán juega sus cartas con el petróleo como principal moneda de cambio. Este callejón sin salida contribuye directamente a la subida del barril de petróleo a nivel mundial, generando temores de inflación y recesión en Europa, Asia y América Latina.

Al mismo tiempo, emerge con fuerza la posibilidad de la escasez de las tierras raras materiales indispensables para la tecnología, la defensa y la transición energética—, dominadas actualmente por China. Pekín ya ha comenzado a imponer sus propias restricciones a la exportación de galio, germanio y otros minerales estratégicos, al igual que lo hace Estados Unidos con sus sanciones a semiconductores y software de inteligencia artificial. Nos encontramos, entonces, ante un tablero donde ambos gigantes se bloquean mutuamente usando recursos distintos: unos energéticos, otros minerales, todos indispensables.

En este escenario de máxima tensión pero también de máxima interdependencia, solo se puede esperar a un entendimiento a futuro para calmar las tensiones, aunque ese entendimiento difícilmente será sincero o duradero. Más bien, se tratará de una tregua pragmática: ambos necesitan evitar el colapso de sus economías, pero ninguno está dispuesto a ceder su ventaja estratégica. El resultado previsible no será la paz perpetua, sino la gestión controlada del conflicto.

Por Armando Pérez Martínez (*)

La reforma de la Policía Nacional no puede seguir siendo un catálogo de obligaciones para los agentes mientras se ignoran las responsabilidades de quienes desafían la autoridad legítima del Estado. Exigir una policía más profesional es correcto; pretender que actúe con las manos atadas, no.

Al policía dominicano se le exige enfrentar la delincuencia, controlar el desorden público, proteger a los ciudadanos y utilizar siempre un nivel proporcional de la fuerza. Se le fiscaliza, se le graba con teléfonos celulares, se le investiga y, cuando corresponde, se le sanciona. Todo ello es propio de un Estado de derecho.

Pero surge una pregunta inevitable: ¿qué consecuencias enfrenta el ciudadano que decide resistirse ilegalmente a un agente de la autoridad?

La respuesta es: ninguna

Hoy es frecuente que ciudadanos insulten a policías mientras estos cumplen sus funciones, vociferándoles toda clase de improperios y calificativos bajos, se resistan físicamente a un arresto legal, forcejeen o golpeen a los agentes, y cuando los agentes hacen uso proporcional de la fuerza, empiezan a subir videos a las redes sociales titulados “Abuso policial”.

También ocurre que familiares, amigos o curiosos intervengan para impedir una detención, rodeen a los agentes, los empujen, los agredan o dificulten deliberadamente un procedimiento policial, convencidos de que esas conductas no tendrán consecuencias legales, lo que muchas veces termina en fatales desenlaces.

La nueva ley de reforma policial no habla de estos aspectos vitales en ninguno de sus artículos. Ese mensaje es peligroso. Cuando el Estado no protege a quien representa legalmente su autoridad, fortalece la cultura del desacato y la impunidad.

En numerosos países, resistirse a un arresto legal constituye un delito autónomo que agrava la responsabilidad del infractor. Del mismo modo, obstruir o interferir ilegalmente en un procedimiento policial acarrea sanciones específicas. No son privilegios para la policía, sino herramientas para garantizar el cumplimiento de la ley.

La República Dominicana necesita incorporar un verdadero régimen de consecuencias para quienes desafían ilegalmente la autoridad. El respeto a la autoridad policial no debe seguir siendo opcional, tiene que ser obligatorio, de lo contrario casi siempre el ciudadano alegará excusas para desobedecer, por lo que debe existir en el código procesal un articulado que lo sancione severamente. Quien se resista a un arresto legal, agreda a un agente o interfiera para impedir una detención debe responder también por esas conductas.

Esto no significa otorgar poderes ilimitados a la Policía Nacional. Los agentes deben seguir sometidos al respeto de la Constitución, a la supervisión judicial y a la investigación de cualquier abuso. Pero el equilibrio exige obligaciones recíprocas: así como la ley limita el uso de la fuerza policial, también debe sancionar con firmeza a quienes impidan el ejercicio legítimo de esa autoridad.

No existe seguridad ciudadana cuando el delincuente sabe que puede resistirse al arresto sin agravar su situación jurídica. Tampoco existe autoridad cuando cualquiera puede desafiar, insultar, empujar o impedir un procedimiento policial sin afrontar consecuencias.

Como si fuera poco, la nueva ley contempla que los agentes, al ser pensionados, solo perciban entre el 60 y el 70 % de su salario, lo que desanima a nuevos aspirantes a ingresar a la institución.

Una reforma seria debe proteger los derechos de los ciudadanos, pero también la autoridad legítima del Estado. De lo contrario, no estaremos reformando la Policía Nacional: estaremos debilitándola aún más.

(*) El autor es coronel retirado de la Policía Nacional