Por Roberto Abreu
El artículo 21 citado en la ley 176-07, que rige los ayuntamientos, ordena a los alcaldes a dar fiel cumplimiento a la distribución de los recursos que reciben durante todo el año o gestión.
Según ese artículo la distribución de los recursos debe hacerse de la siguiente manera:
Por ejemplo, supongamos que un Ayuntamiento reciba durante un año de gestión 500 millones de pesos, esto a su vez deben dividirse en 12 meses y de dicho resultado se hace la distribución de los recursos.
–Hasta un 25% pagos personales.
–Hasta un 31% para actividades de funcionamiento del ayuntamiento.
–Al menos un 40% para la ejecución de obras.
–Un 4% para pago educativo, género, entre otros.
Es bueno precisar que desde hace años, cursa en el Congreso un proyecto para modificar esa ley y actualizarla.
Sin embargo, no entendemos las razones para su modificación.
El Senado aprobó a unanimidad la modificación del artículo 21 en lo referencia a las sanciones penales, el cuál libera a los alcaldes para hacer con los recursos lo que ellos entiendan, o sea, que gasten el dinero no importa cómo y en cuáles áreas, sin la menor consecuencia.
Esto se traduce en que de ser aprobada los alcaldes tendrían luz verde para su exoneración en caso de violar ese artículo.
Es importante señalar que los ayuntamientos, en más de un 90%, son las instituciones con la peor valoración en cuanto a eficiencia y manejo de recursos, debido a falta de gerencia. Igual sucede en el caso de los hospitales.
Eliminar este artículo 21 de la citada ley es decirle a los alcaldes hagan lo que quieran con los fondos de los ayuntamientos.
Ojalá el presidente Luis Abinader, ahora con un super consultor jurídico, el doctor Jorge Subero Isa, de marcha atrás a esta intención macabra que busca la impunidad en la lucha por la transparencia.
