Por Ramón Zabala
El proyecto de ley de extensión de dominio, el mismo que cursa en el Congreso Nacional desde el pasado gobierno Peledeísta, ha tomado fuerza en la actual administración por el compromiso del Presidente de la República, Luis Abinader, para cortar de raíz la corrupción pública y la impunidad en las funciones del gobierno.
Hay muchos sectores políticos, económicos y sociales, nacionales y extranjeros, que hace años tomaron éste tema como prioridad 1-A, en la búsqueda de un mejor desempeño en el uso de los fondos públicos.
La agresiva campaña de denuncias montadas a través de la gran prensa y en redes sociales contra el pasado gobierno peledeísta encabezado por Danilo Medina, denuncia un paquete de actos dolosos contra el erario público, que es obvio la acción judicial contra los señalados para condena penal y recuperación de los bienes mal habidos.
El proyecto de referencia pretende dar facultad al Ministerio Público para incautar bienes de personas condenadas por acciones de corrupción y perseguir por otros delitos asociados. Y para eso no hace falta crear una nueva ley. Y no creo que el PRM esté interesado en dar pa´lante a ésa ley.
Mas aún que de ser aprobada la misma tal como está presentada se lleva por delante la presunción de inocencia y la retroactividad de la ley, lo que la colocaría en un rango de inconstitucionalidad.
Creo que el interés de algunos, fuertes y con influencias en las esferas de gobierno, de limitar el poder de los partidos políticos y que no soportan el progreso excesivo de algunos políticos, están usando el gobierno de Abinader para un plan que terminará arrastrando en las patas de los caballos al PRM y a ésta administración, hacia un despeñadero que fraccionaria las principales fuerzas políticas en éste país.
