Puerto Príncipe, Rezo Nòdwès.- El lunes 17 de agosto de 2026, el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, emitió un nuevo mensaje desde Haití. Tras haber acogido con beneplácito la llegada de la delegación el día anterior y haber considerado las prioridades definidas por Haití, reiteró su postura.
En esta declaración, afirmó que la delegación había recibido una presentación del Equipo de Observación y Cooperación Electoral de la OEA sobre el apoyo que sigue brindando al Consejo Electoral Provisional, y enfatizó la necesidad de fortalecer la capacidad de la Oficina Nacional de Identificación (ONI) para expedir documentos de identidad, ampliar el registro de votantes, facilitar la participación de las poblaciones desplazadas, simplificar el registro de candidaturas y reforzar las iniciativas de información pública lideradas por el Consejo Electoral Provisional.
Añadió que «estas medidas serán esenciales para garantizar un proceso electoral inclusivo, creíble y transparente». Concluyó: «Este proceso sigue estando liderado por Haití. La OEA está dispuesta a seguir acompañando y apoyando a las autoridades haitianas, de acuerdo con sus prioridades y solicitudes, en los preparativos para unas elecciones pacíficas, participativas y creíbles en diciembre».
El texto es técnico, tranquilizador e institucional. Habla de documentos de identidad, registro, solicitudes y comunicación. Casi no menciona el punto esencial: la seguridad.
Un estancamiento total en el tema de la seguridad
En un país donde las pandillas aún controlan, según las estimaciones más conservadoras, más del 75% del área metropolitana de Puerto Príncipe y ejercen una considerable influencia sobre las carreteras nacionales, el silencio de la OEA es ensordecedor.
Ni una palabra sobre el control territorial de los grupos armados. Ni una palabra sobre la imposibilidad práctica, en muchas zonas, de establecer centros de registro o de votación sin el consentimiento tácito o explícito de quienes ostentan el poder. Ni una palabra sobre la capacidad real de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) para garantizar la seguridad de las carreteras y los centros de votación de forma sostenible para diciembre. Ni una palabra sobre el riesgo evidente de que las elecciones solo se celebren donde las pandillas hayan acordado mantenerse al margen.
Al centrarse exclusivamente en la logística electoral y el fortalecimiento institucional, la OEA actúa como si la cuestión de la seguridad fuera secundaria, o incluso ya resuelta. Sin embargo, en Haití en 2026, la seguridad no es un detalle técnico. Es un requisito indispensable para cualquier proceso electoral digno de tal nombre.
Ignorar esta realidad equivale a aceptar de antemano que una parte del territorio —y, por lo tanto, una parte del electorado— quedará excluida o solo participará bajo las condiciones impuestas por grupos armados.
Embarcarse en el plan de Fils-Aimé
Este silencio no es insignificante. Encaja a la perfección con la lógica del calendario propuesto por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y sus aliados.
Para que las elecciones del 13 de diciembre se celebren a pesar de la influencia de las bandas, estas deben aceptar, al menos temporalmente, reducir su presencia en ciertas carreteras y zonas. Las carreteras deben abrirse en el momento oportuno y los colegios electorales deben instalarse donde sea necesario, que sea políticamente útil y que el proceso se desarrolle con la suficiente apariencia de normalidad como para ser validado por la comunidad internacional.
Al emitir reiteradamente mensajes de apoyo técnico al Consejo Electoral Provisional (CEP) y a la Oficina Nacional de Identificación (ONI), evitando cuidadosamente cualquier exigencia de condiciones mínimas de seguridad en todo el país, la OEA está respaldando esta estrategia. Está transformando una elección potencialmente selectiva y negociada, dadas las realidades de un entorno criminal, en un «proceso liderado por los haitianos» que merece apoyo. Objetivamente, está facilitando la toma del poder por parte del bando político que rodea a Viktwa y sus aliados.
El lenguaje empleado resulta revelador. Ramdin habla de “desafíos considerables”, pero los trata como obstáculos técnicos que se superarán mediante un mayor registro e información. Elogia la “dedicación de las instituciones y actores haitianos que trabajan para defender los derechos democráticos de su pueblo”, sin cuestionar su capacidad real para garantizar una votación libre en un contexto dominado por pandillas. Reitera que el proceso es “haitiano” y que la OEA actúa “de acuerdo con sus prioridades y peticiones” para eludir mejor la cuestión de quién controla, exactamente, las condiciones en las que se desarrolla este proceso.
Complicidad por omisión
La OEA no necesita respaldar explícitamente un acuerdo con las bandas criminales para convertirse, mediante su silencio, en cómplice. Al negarse a priorizar la seguridad en sus declaraciones, valida la idea de que se pueden celebrar elecciones «a pesar» del control criminal, siempre que se cuente con la logística electoral necesaria. De este modo, se embarca en un plan donde la legalidad formal del 13 de diciembre tendrá más peso que su realidad democrática.
Esta decisión tiene un precio. Si las elecciones se celebran en un país aún fragmentado entre zonas bajo control estatal y zonas controladas por bandas criminales, si sectores enteros de la población no pueden votar libremente y si el resultado consolida la estructura de poder existente mediante la participación selectiva, la OEA habrá contribuido, con su apoyo incondicional, a legitimar este resultado. Habrá priorizado la coordinación y la asistencia técnica por encima de la visión de futuro.
Haití no necesita una organización internacional que se limite a hablar de documentos de identidad y registro de votantes mientras sus carreteras nacionales siguen bajo la amenaza de un conflicto armado. Necesita instituciones capaces de afirmar con claridad que ningún proceso electoral creíble es posible mientras el Estado no controle la mayor parte de su territorio. Por ahora, el último mensaje de Ramdin demuestra que la OEA ha optado por un camino diferente: el del silencio centrado en la seguridad y el apoyo a la agenda de Fils-Aimé.
