Al independizarse, Haití fue obligado por Francia a aceptar una deuda de 150 millones de francos que lastraría su desarrollo durante más de un siglo. En Cuba la Ley Helms-Burton busca convertir las nacionalizaciones realizadas a partir de 1959 por la Revolución Cubana en una fuente de indemnizaciones multimillonarias
Por Iramis Rosique Cárdenas
Madrid, Diario Red.- En 1825, apenas veintiún años después de haber conquistado su independencia mediante la única revolución de esclavos triunfante de la historia, Haití fue obligado por Francia a aceptar una condición tan insólita como humillante: para que la antigua metrópoli reconociera su soberanía, el nuevo Estado debía indemnizar a los antiguos colonos por las plantaciones, tierras y, sobre todo, por los seres humanos esclavizados que habían dejado de considerar su propiedad.
Bajo la amenaza de una escuadra francesa anclada frente a Puerto Príncipe, Haití aceptó una deuda de 150 millones de francos que solo pudo pagar contrayendo préstamos con bancos franceses, lo que inauguró una espiral de endeudamiento que lastraría su desarrollo durante más de un siglo.
El Título III de la Ley Helms-Burton buscan convertir las nacionalizaciones realizadas por la Revolución Cubana en una fuente de indemnizaciones multimillonarias
Doscientos años después, la historia parece ofrecer un inquietante eco, esta vez respecto a la única revolución socialista triunfante de la historia americana. Las demandas promovidas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton buscan convertir las nacionalizaciones realizadas por la Revolución Cubana en una fuente de indemnizaciones multimillonarias, no solo frente al Estado cubano, sino también contra empresas extranjeras que operan sobre esos bienes.
Salvando las diferencias históricas y jurídicas entre ambos casos, la lógica subyacente resulta familiar: hacer recaer sobre un Estado que transformó el régimen de propiedad la obligación de compensar a quienes perdieron activos como consecuencia de un proceso revolucionario, y proyectar sobre el futuro una pesada carga económica y política.
Ya Estados Unidos ha castigado a Cuba durante medio siglo por la audacia de la libertad con el bloqueo económico que impuso Kennedy. Sin embargo, la activación del título III de la ley Helms-Burton —algo a lo que cada presidente norteamericano hasta Trump se resistió—, abrió espacio no solo a nuevos modos de presión sobre la isla, sino, sobre todo, a un nuevo mecanismo de dominación.
Cuba no posee deuda soberana contraída con Estados Unidos. No obstante, estas demandas millonarias por bienes expropiados van creando un colchón de deuda que podría tener efectos devastadores para él país diversos escenarios futuros. Obviamente el gobierno de la isla no reconoce hoy esos débitos, pero serán de seguro espadas de Damocles en días por venir.
Los ejemplos ayudan a dimensionar la magnitud del fenómeno. La petrolera ExxonMobil reclama compensaciones por la nacionalización de la antigua refinería de Esso y otros activos, cuyo valor original certificado rondaba los 72 millones de dólares, pero que, con intereses acumulados durante más de seis décadas, podrían traducirse en varios cientos de millones, e incluso superar los mil millones de dólares según el criterio de cálculo que finalmente adopten los tribunales.
Se han presentado alrededor de cuarenta demandas relacionadas con hoteles, puertos, aeropuertos, minas, centrales azucareros, instalaciones petroleras y otros bienes nacionalizados en Cuba tras 1959
En paralelo, la empresa Havana Docks Corporation exige indemnizaciones por el uso de la antigua terminal de cruceros del puerto de La Habana por parte de las principales navieras del mundo. Solo en ese litigio se han reclamado cientos de millones de dólares a compañías como Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC.
No se trata de casos aislados. Desde la activación del Título III se han presentado alrededor de cuarenta demandas relacionadas con hoteles, puertos, aeropuertos, minas, centrales azucareros, instalaciones petroleras y otros bienes nacionalizados tras 1959.
Muchas de ellas aún se encuentran en trámite, pero el monto potencial de las reclamaciones resulta enorme. Solo las 5.913 reclamaciones certificadas por la Foreign Claims Settlement Commission fueron valoradas originalmente en cerca de 1.900 millones de dólares; actualizadas con intereses, distintas estimaciones las sitúan ya por encima de los 8.000 o incluso los 10.000 millones.
A ello habría que sumar las reclamaciones no certificadas y las cuantiosas sentencias dictadas por tribunales estadounidenses en procesos vinculados a supuestos actos de terrorismo, cuyo importe conjunto asciende a varias decenas de miles de millones de dólares.
Más allá de que muchas de estas demandas puedan fracasar o resultar de muy difícil ejecución mientras exista un gobierno soberano en Cuba, su acumulación va construyendo un entramado de obligaciones potenciales que podría convertirse en un poderoso instrumento de presión sobre cualquier proceso futuro de negociación respecto al bloqueo, la normalización diplomática bilateral o, simplemente, la inserción plena de Cuba en el mercado mundial y en el sistema financiero internacional.
Incluso en un escenario de victoria yanqui sobre Cuba, difícilmente llegue a suelo cubano uno solo de esos dólares
De hecho, incluso en un escenario de victoria yanqui sobre Cuba, frente al cual el cipayaje local promete que Estados Unidos financiaría la recuperación de la economía que contribuyó decisivamente a destruir, lo cierto es que difícilmente llegue a suelo cubano uno solo de esos dólares, pues esta deuda inflada que se va tejiendo garantizará que esos dineros vayan directamente a los bolsillos a indemnizar.
Toda esta andanada de demandas nos avisa, aunque casi nadie les preste atención, la voracidad con la que caerán sobre Cuba si logran vencer. Una razón más para mantenerse en fila, con tal de que no pase el gigante de siete leguas, en palabras del Maestro.
En 2025, el presidente francés Emmanuel Macron calificó la imposición de la indemnización a Haití como una injusticia histórica y creó una comisión franco-haitiana para estudiar sus consecuencias, aunque sin comprometerse a una restitución económica. ¿Los cubanos tendremos que esperar también dos siglos para obtener de un presidente norteamericano, al menos, una disculpa?
