Senasa es la principal aseguradora pública de República Dominicana. Según el Ministerio Público, la estructura investigada habría sustraído fondos estatales mediante operaciones fraudulentas en esa institución.
Las medidas fueron dictadas por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en el proceso judicial derivado de la Operación Cobra 2.0-A. El magistrado declaró además el caso de tramitación compleja.
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz, Juan Henry Poueriet, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.
Los cuatro primeros deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, y las cuatro mujeres en Najayo Mujeres.
La revisión obligatoria de estas medidas fue fijada para el 22 de diciembre de 2026, en tanto el tribunal impuso arresto domiciliario a otros 15 ciudadanos.
Tras conocerse la decisión, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, consideró que el fallo reconoce la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y advirtió que las pesquisas sobre el manejo de fondos de Senasa continuarán.
Camacho exhortó además a los médicos a no prestar sus códigos profesionales, al considerar que esa práctica puede involucrarlos en procesos penales.
El Ministerio Público sostiene que la investigación permitió reunir evidencias de sobornos, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico, utilizados presuntamente para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
A los implicados se les atribuyen, según el órgano acusador, cargos de coalición de funcionarios, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El caso forma parte de las investigaciones iniciadas con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó el año pasado al entonces director ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim, junto a otros implicados.
El órgano acusador sostiene que el esquema de corrupción habría sido instalado en la administración de la aseguradora pública con participación de funcionarios y prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado.
