Según Michel Legros, la llegada de fuerzas salvadoreñas a Haití, financiadas por su propio gobierno, está alterando los intereses financieros que se mantienen en torno a la inseguridad, por lo que insta a Haití a establecer un verdadero ejército nacional para recuperar el control de su territorio.
Por Michel Legros
Puerto Príncipe, AlterPresse.- Durante años, hemos sostenido que la inseguridad era alimentada por intereses externos y que las misiones internacionales se centraban más en gestionarla que en erradicarla. Detrás de estas operaciones había importantes intereses financieros.
La disputa actual entre Nayib Bukele y el Departamento de Estado de Estados Unidos ilustra este análisis.
El 24 de octubre, dirigiéndose a las pandillas, Bukele declaró: «Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas, sanos y salvos, y todo volverá a ser como era antes de su secuestro».
De esta forma, estaba revelando información confidencial. Este regreso a la normalidad pretendía sugerir el restablecimiento del statu quo mantenido por los herederos de Clinton en Washington y en la ONU, una situación en la que las bandas criminales tienen cabida y con la que ciertos intereses se sienten cómodos.
El verdadero problema reside en el mercado de la inseguridad. La mayor parte del negocio no está en manos de los contingentes salvadoreños, sino de la Fuerza de Represión de Pandillas y los recursos movilizados en torno a ella.
Bukele no vino a Haití para ganar dinero. El Salvador financia su propio contingente. La Fuerza, sin embargo, tiene un mecanismo completamente diferente. Al 31 de julio de 2026, su fondo fiduciario había recibido 184 millones de dólares de los 224 millones prometidos. Además de estas contribuciones, existen los recursos del sistema de la ONU. Es fácil imaginar los contratos logísticos y los servicios que estos fondos hacen posibles.
La inseguridad en Haití nunca ha sido un problema a resolver: constituye una fuente de ingresos para toda una red de actores, y su persistencia sirve a ciertos intereses. La llegada de Bukele, con sus propios recursos, altera este sistema, porque si las pandillas desaparecen, también lo hace todo el sistema financiero construido en torno a su presencia, que pierde su razón de ser.
Este es, pues, el meollo del problema: los salvadoreños quieren destruir las pandillas, mientras que otros tienen mucho que perder con su desaparición.
En este asunto, el principal error de Bukele es querer cerrar un negocio que, evidentemente, algunos no desean que cierre. En resumen, se ha convertido en una molestia.
Pero no nos engañemos. El Salvador no es una gran potencia y no luchará la guerra por nosotros. La guerra tiene un costo, y El Salvador no tiene ni los medios ni la voluntad de mantener tal compromiso indefinidamente, tan lejos de sus fronteras. A esto se suma la presión de Washington. Por lo tanto, debemos considerar la inminente retirada de su contingente.
Sin embargo, El Salvador nos ha mostrado el camino, pero, lamentablemente, no puede reemplazarnos. Haití debe establecer un verdadero ejército nacional, entrenado y organizado para recuperar el control del territorio. Ninguna fuerza extranjera puede lograr esta misión de manera sostenible en nuestro lugar.
Las autoridades haitianas se encuentran en una encrucijada. Deben elegir entre desarrollar esta capacidad militar esencial y perpetuar una dependencia extranjera que, hasta ahora, no ha resuelto el problema
