Pérez Otero, al momento de ser apresado por corrupción pública el 9 de diciembre de 2021, era presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que nucleaba a los burgomaestres electos bajo la insignia del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) y vicepresidente de esta colectividad.

El Ministerio Público sostiene que entre la evidencia acumulada contra el otrora vicepresidente del PNP, posee vídeos, grabaciones de audio y fotografías, una de las cuales ha circulado desde poco después del arresto recibiendo lo que parece ser un paquete de dinero en efectivo.

Según informes periodísticos divulgados este lunes, los fiscales tienen evidencia de fotos y documentos relacionados con pagos de sobornos al acusado Pérez Otero, quien presuntamente “solicitó corruptamente, exigió, aceptó y acordó aceptar para su propio beneficio cosas de valor del Individuo A”, que se presume sea el empresario Oscar Santamaría, quien llegó a acumular contratos con el ayuntamiento de Guaynabo por 2,3 millones de dólares.

El ahora imputado político, que al parecer recibía partidas mensuales de cinco mil dólares, se reunía secretamente con el Individuo A para “aceptar dinero en efectivo de sobornos y comisiones ilegales”.

“Tomó pasos para esconder y disfrazar el esquema corrupto, como reuniones en localidades secretas, comunicándose con mensajes de texto en código y usando dinero en efectivo para sobornos y comisiones ilegales”, según la moción.

En la audiencia anterior, en noviembre pasado, la defensa de Pérez Otero notificó que había rechazado la oferta de la fiscalía federal para que se declarara culpable.

Comunicó que «todas nuestras fuerzas policiales (…) están en las calles». Disparos de goma y bombas de efecto moral fueron lanzadas por las fuerzas del orden.

El portal G1 asegura que después de ocasionar daños a coches en el estacionamiento de la PF, el grupo de bolsonaristas (seguidores del exmilitar) se dividió y siguió por la zona de Ala Norte, donde las acciones de vandalismo continuaron.

Según el sitio, los exaltados manifestantes fueron hasta el hotel donde Lula está hospedado, pero fuerzas de seguridad bloquearon la entrada.

G1 indica que los actos comenzaron después que un indígena identificado como José Acácio Tserere Xavante fuera arrestado por su participación en hechos antidemocráticos.

El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó la prisión temporal del nativo, por 10 días.

La decisión responde a un pedido de la Procuraduría General de la República (PGR) y basada, según el STF, en la «presunta práctica de conductas ilícitas en actos antidemocráticos».

En el pedido de detención, según fragmentos divulgados por el Supremo, la PGR afirma que el indígena viene usando su posición como líder del pueblo Xavante para reclutar personas para la comisión de crímenes.

«La manifestación, en teoría, criminal y antidemocrática, se revistió del claro intento de instigar a la población a intentar, con empleo de violencia o grave amenaza, abolir el Estado Democrático de Derecho, impidiendo la posesión del presidente y del vicepresidente de la República elegidos», apunta el documento de la PGR.

En la sede del Tribunal Superior Electoral, Lula recibió este lunes de manos de De Moraes, quien también es el titular de esa corte, el diploma que legitima su triunfo en el referendo del 30 de octubre por voluntad expresa de la mayoría de los brasileños.

Durante su discurso en la ceremonia de entrega del documento que lo habilita para el cargo, el fundador del Partido de los Trabajadores denunció que «pocas veces en la historia del país la democracia estuvo tan amenazada, la voluntad popular fue tan puesta a prueba y tuvo que vencer tantos obstáculos para finalmente ser oída».

Ponderó la sabiduría de su pueblo «que eligió el amor en vez del odio, la verdad en vez de la mentira y la democracia en vez del arbitrio».