Los asistentes debatieron y finalmente ratificaron un informe sobre la gestión del Buró Político en 2022, periodo en el que a pesar de las complejidades se avanzó en la implementación de los acuerdos del VIII Congreso del PCC.

El informe resaltó la actualización del sistema de atención a las organizaciones de base del Partido, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y capacidad de movilización y la estrategia de perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular.

El Comité Central convocó para octubre de 2023 la II Conferencia Nacional que se desarrollará en tres comisiones de trabajo cuyos documentos se analizarán previamente con toda la militancia comunista del país.

La reunión analizó también el papel de los trabajadores en la transformación de la gestión económica, la inflación y su impacto en la población, la prevención y enfrentamiento de la corrupción, el delito y las ilegalidades y las causas de los procesos migratorios.

El estallido social de junio, que paralizó la mayor parte de esta nación andina, fue convocado por el movimiento indígena para exigir respuestas a una agenda de 10 puntos planteados al Gobierno un año antes y que aparentemente se quedaron dormidos en la mesa presidencial.

Quito, capital del país, fue el epicentro de las protestas por la rebaja de los precios de los combustibles, el cese de las privatizaciones y la minería ilegal, la seguridad ciudadana y la autonomía de los territorios indígenas, derechos laborales y moratoria bancaria, entre otras medidas.

Esas eran las exigencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), entidades que protagonizaron las movilizaciones.

Durante el paro nacional, la policía y militares allanaron la sede de la Casa de la Cultura en el centro de la capital, detuvieron al líder de la Conaie, Leonidas Iza, y hubo enfrentamientos en las calles entre uniformados y civiles con un saldo de decenas de heridos, detenidos y seis muertos.

Luego de 18 días de paralización laboral e incesantes protestas, instituciones de Estado, la iglesia, organizaciones sociales, población y los manifestantes pedían conversaciones para acabar el conflicto.

Finalmente, con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante y mediador, se firmó un acta que dio paso a un periodo de 90 días de diálogos en busca de consensos.

Además, se concretaron otros logros, como la reducción en los precios de los combustibles, aunque no con los valores demandados, la declaración de emergencia en la salud pública y un mayor presupuesto para la educación intercultural.

TRES MESES DE DIÁLOGOS

Mientras los sectores populares estaban en las calles exigiendo ser escuchados por el gobernante Guillermo Lasso, este apenas envió al ministro de gobierno, Francisco Jiménez, para firmar el documento que propició el establecimiento de 10 mesas de trabajo.

Durante tres meses representantes del Ejecutivo y del movimiento indígena discutieron en esos espacios soluciones a las problemáticas planteadas y alcanzaron 218 acuerdos.

No obstante, en las conversaciones el gobierno se negó a reajustar los precios de los derivados del petróleo para sectores que ya se benefician de subsidios, como camaroneras, atuneras y empresas mineras.

En la ceremonia de firma del acta tras el fin de los diálogos, efectuada el 14 de octubre, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, advirtió sobre la falta de consenso en puntos claves que motivaron las movilizaciones de junio.

El pueblo ecuatoriano sabe el esfuerzo que hemos puesto para resolver los problemas más sentidos del país y pedimos al ejecutivo flexibilizar su postura sobre los ricos, señaló Iza.

Igualmente, pidió al Gobierno cumplir con su palabra e implementar lo pactado.

INCUMPLIMIENTOS

Dos meses después de concluir el proceso de negociaciones, las organizaciones indígenas y sociales de Ecuador aseguran que la administración las engañó, pues prácticamente nada de lo previsto salió del papel.

De hecho, criticaron al Ejecutivo por negarse a cumplir con la condonación de deudas para quienes deben a la banca pública hasta 10 mil dólares, uno de los acuerdos establecidos en el acta.

El Gobierno no quiere dar alivio financiero a miles de familias pero sí condonar más de dos mil millones de dólares a los grandes grupos económicos y darles exoneraciones tributarias por más de cuatro mil 500 millones, apuntó Iza en declaraciones a la prensa a fines de noviembre.

Por su parte, Hatari Sarango, vicepresidente de la Fenocin, exigió al gobierno de Lasso responder por los 218 puntos consensuados que «están solo en papeles» y no los ejecutan.

Rechazó la postura gubernamental ante los problemas de inseguridad existentes en el país, la falta de insumos médicos en centros de salud y las dificultades de los estudiantes para acceder a la educación superior. Con profunda preocupación decimos que nos engañaron a nosotros y a toda la ciudadanía, varios decretos ya deberían estar vigentes y nada, hay poco interés por cumplir, enfatizó un representante de la Feine.

El ministro Francisco Jiménez nos dijo que si salimos a la movilización aplicarán contra nosotros todo el rigor de la ley. “¿Nos están amenazando?”, cuestionó Iza.

Si bien las organizaciones descartaron protestas por ahora, señalaron que en febrero de 2023 realizarán una evaluación cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los acuerdos.

El drama vivido en las calles de Ecuador en 2022 podría entonces repetirse próximamente si el gobierno de Lasso no cambia el rumbo y mantiene el actual modelo que no favorece a los sectores populares.

Si bien se logró un consenso, el tema profundo del clasismo y del racismo entre élites quedó intacto y constituye un obstáculo para edificar una sociedad basada en los principios constitucionales de igualdad, democracia y Buen Vivir, opinó el historiador Juan Paz y Miño.