La sucesión de eventos deja poco lugar a las dudas: bajo el Gobierno de Delcy Rodríguez se ha producido alineamiento casi simbiótico entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense orientado a asegurar que la riqueza petrolera fluya bajo la supervisión del imperio.

Por Joan López Fernández y Alejandro Pedregal

La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses combinó bombardeos en Caracas y zonas estratégicas militares con una incursión terrestre que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su posterior traslado a Nueva York. La operación dejó más de 90 muertos, incluyendo a 32 miembros de las fuerzas especiales cubanas que combatieron para proteger a Maduro, causando algunas bajas a las fuerzas imperialistas antes de ser asesinados.

Si bien es cierto que resulta extraño que Estados Unidos pudiese ejecutar la operación de secuestro contra Maduro y su esposa sin una gran resistencia, más allá de la ofrecida por el personal de seguridad del último anillo —la mayor parte de origen cubano, como los citados 32 mártires—, resultan quizá más sorprendentes las declaraciones del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Semanas después del secuestro de Maduro, Padrino aseguraba que era inviable sacar un avión de combate en el momento de la agresión dada la superioridad aérea de los Estados Unidos, con 150 aeronaves, y reconocía así que, a excepción de la guardia personal de la presidencia y unos pocos soldados apostados cerca de la residencia, las Fuerzas Armadas venezolanas no respondieron ante la agresión imperialista.

No podemos hacer conjeturas sobre aspectos militares, puesto que no somos expertos ni manejamos toda la información necesaria sobre esa cuestión. No nos compete a nosotros. En cualquier caso, las propias palabras de Padrino López y los hechos acaecidos durante la agresión indican que, fuese por una u otra razón, la decisión fue la de no responder militarmente al ataque de los Delta Force durante la madrugada del pasado 3 de enero en Caracas.

Este cronograma evidencia un alineamiento casi simbiótico entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense orientado a asegurar que la riqueza petrolera fluya bajo la supervisión del imperio

Para sorpresa de muchos, el secuestro de Maduro no produjo un colapso institucional ni inmediato ni absoluto. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y la jefatura de la Asamblea Nacional, a cargo de Jorge Rodríguez. Esta “pinza” permitió mantener cierta estabilidad formal, mientras se reorganizaba la administración de los recursos estratégicos del país y se aceleraba la implementación de políticas de adaptación al nuevo contexto.

La coordinación con Washington fue inmediata. El 15 de enero, el director de la CIA, John Ratcliffe, que apenas días antes dirigía la operación de agresión junto a Donald Trump en Florida, visitó Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez. Pocos días después se presentó y aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este cronograma evidencia un alineamiento casi simbiótico entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense orientado a asegurar que la riqueza petrolera fluya bajo la supervisión del imperio, blindando al mismo tiempo los intereses de grandes corporaciones y acreedores internacionales. Si este vínculo es resultado de una traición o de una claudicación es, por ahora, indiferente. Sin embargo, lo que cada día queda más claro es que, si se tratase de un repliegue táctico, parece difícil que este sea corregido sin dirección estratégica. Y esta última parece quedar lejos de las nuevas autoridades del país.

La liquidación de la soberanía petrolera: de Chávez a Delcy Rodríguez

La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos no es una modificación menor de la ley anterior, sino la consumación de un proceso de paulatino retroceso neoliberal que culmina ahora con la derogación sustancial de la ley de 2001, pilar del proyecto social chavista y conquista histórica de la soberanía venezolana.

La ley original de 2001, promulgada por Hugo Chávez en el marco de la Ley Habilitante, representó el pico de la nacionalización petrolera venezolana. Establecía la propiedad estatal exclusiva de los hidrocarburos en el subsuelo, el monopolio de PDVSA sobre la comercialización internacional, el control estatal mayoritario en todas las empresas mixtas, la planificación estatal de la inversión y la destinación prioritaria de la renta al desarrollo social.

La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos no es una modificación menor de la ley anterior, sino la consumación de un proceso de paulatino retroceso neoliberal

A lo largo de los diferentes periodos de la administración de Maduro, y ante la crisis económica producto de las brutales sanciones, se implementaron políticas rentistas en busca liquidez y divisas que fueron minando la estructura socioeconómica chavista. Esto sentó las bases para una progresiva privatización de los recursos nacionales, pese a conservar el control comercial y la propiedad del petróleo en manos del Estado.

Además, durante el período 2019-2024, Maduro otorgó licencias operativas a Chevron y otras corporaciones estadounidenses que permitían la explotación y comercialización directa en ciertas zonas, creando precedentes de control privado sobre la producción. Estas licencias, presentadas como “excepciones temporales” para reactivar la producción y aliviar la carga social de las sanciones, establecieron la arquitectura de dependencia que la reforma de 2026 ha acabado por consolidar legalmente.

La reforma de enero 2026 promovida por la administración de Delcy Rodríguez, configurada de acuerdo a las exigencias de la Orden Ejecutiva 14373 emitida por Trump el 9 de enero, consuma este proceso de erosión y representa una derogación sustancial de las bases económicas de la transformación social chavista. Muchos de los cambios introducidos reflejan mecanismos impuestos bajo la Ley Antibloqueo (2020) y la Ley de Zonas Económicas Especiales (2022) que flexibilizaban el papel gestor del sector privado, fundamentalmente mediante una amplia exención fiscal y ventajas aduaneras, mientras la LOH de 2026 elimina cualquier tipo de traba al control operativo de dicho sector. O, en otras palabras: lo que bajo Maduro fueron excepciones para sortear las sanciones, especialmente acuciantes en contexto de pandemia y postpandemia, en la reforma de Rodríguez se formalizan para instaurar una subordinación abierta.

En primer lugar, la propiedad estatal exclusiva de los hidrocarburos en el subsuelo, que la Constitución de 1999 reafirmaba como principio irrenunciable y que incluso Maduro mantuvo formalmente, queda vaciada de contenido. Mientras el artículo 5 de la ley de 2001 declaraba que “los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la República”, la reforma de 2026 establece que los operadores privados extranjeros adquieren derechos de propiedad sobre la producción desde el momento de la extracción, pudiendo comercializarla directamente sin la intermediación estatal que caracterizaba al modelo chavista original. La diferencia cualitativa con la etapa de Maduro es que ahora esta comercialización directa se generaliza a todo el sector y se eliminan las restricciones de zona y temporalidad que mantenían un ámbito de control estatal.

La reforma elimina definitivamente el monopolio estatal de la comercialización internacional. La ley de 2001 establecía que PDVSA era la única entidad autorizada para exportar

En segundo lugar, la reforma elimina definitivamente el monopolio estatal de la comercialización internacional. La ley de 2001 establecía que PDVSA era la única entidad autorizada para exportar. La reforma de 2022 había permitido excepciones limitadas. La reforma de 2026 autoriza a Chevron, ExxonMobil, Shell y consorcios europeos como Repsol a comercializar directamente la totalidad o cuotas de la producción, debilitando la capacidad soberana de decidir a quién vender, bajo qué condiciones y a qué precio. Las empresas privadas determinan ahora el destino de los embarques, negociando directamente con refinadores y distribuidores, mientras el Estado venezolano recibe únicamente regalías y dividendos sujetos a mecanismos de control externo.

Esta subordinación comercial, además, se consolida mediante un marco restrictivo dictado desde Washington: las Licencias Generales 46, 50A y 52 emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense vetan taxativamente que el crudo venezolano llegue a manos de entidades radicadas en Rusia, China, Irán, Corea del Norte o Cuba, extendiendo la prohibición a toda sociedad que mantenga vínculos de propiedad o control con personas de dichos países.

La reforma de 2026, lejos de recuperar la autonomía comercial, institucionaliza estas barreras: mientras las transnacionales obtienen carta blanca para negociar directamente con refinadores occidentales, queda vetada toda operación con los socios históricos del chavismo. El Estado venezolano queda reducido a percibir regalías bajo supervisión foránea, sin capacidad de orientar los flujos petroleros hacia aquellos mercados que durante años garantizaron la sostenibilidad del proyecto bolivariano. De este modo se llega a una situación tan lamentable como surrealista, donde el ente sionista ha podido recibir crudo venezolano sin inconvenientes, mientras a Cuba se la deja a merced de la asfixia impuesta desde Washington.

En tercer lugar, la reforma deroga el control estatal sobre la inversión y la explotación. La ley de 2001 reservaba al Estado la planificación de la inversión. La reforma de 2022 había flexibilizado este control. La reforma de 2026 permite a los operadores privados determinar unilateralmente los niveles de inversión, la tecnología a utilizar y la política de reservas, eliminando cualquier obligación de consulta previa con las autoridades venezolanas. Las empresas extranjeras adquieren el derecho a importar equipos y personal sin restricciones, operando bajo régimen de extraterritorialidad fiscal y legal.

En cuarto lugar, la reforma destruye el marco de protección de la inversión social. La ley de 2001 establecía que la renta petrolera debía destinarse prioritariamente al desarrollo económico y social. La reforma de 2026 incluye cláusulas que permiten el arbitraje internacional para resolver conflictos, priorizando la protección de inversiones privadas frente a cualquier reclamo social. Los fondos derivados de la producción petrolera quedan sujetos a mecanismos de control externo.

Por último, en quinto lugar, las citadas licencias impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense establecen, en la práctica, una arquitectura de subordinación fiscal que privilegia los intereses externos. Con su aceptación, y el refuerzo adicional de la reforma, la administración de Delcy Rodríguez queda sujeta a mecanismos de validación externa de sus presupuestos.

La reforma petrolera y la supervisión extranjera no son procesos aislados: constituyen un arreglo neocolonial disfrazado de normalización económica, donde la soberanía formal se mantiene mientras el control operativo se externaliza. En términos estratégicos, Venezuela ha pasado de ser un actor con capacidad relativa para definir su política energética, a pesar de sanciones y amenazas, a un subordinado cuyas decisiones críticas son tuteladas por Estados Unidos.

Condena a Irán: alineamiento geopolítico como sumisión

La subordinación estructural se manifiesta también en la política exterior. Ante la reciente agresión imperialista contra Irán, que Estados Unidos y la entidad sionista lanzaron el 28 de febrero de 2026 de manera conjunta, dejando más de 200 muertos en las primeras horas (incluyendo 148 niñas asesinadas en el bombardeo de una escuela primaria en Minab), la administración de Delcy Rodríguez se apresuró a abandonar la tradicional alianza con Teherán.

En un primer comunicado, adoptó una posición de condena tanto hacia la agresión imperial como hacia la respuesta del país atacado, cayendo en una vergonzosa y ridícula equidistancia. Este comunicado oficial, emitido el 1 de marzo de 2026, expresaba que el gobierno venezolano “condena y lamenta profundamente que se haya optado por la vía militar contra Irán”, y manifestaba consternación por las víctimas civiles. Sin embargo, el texto añadía de inmediato una referencia a “las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán”. De este modo, el Ejecutivo de Delcy Rodríguez negaba al país bombardeado el derecho a la legítima defensa, equiparando en un mismo plano al agresor y al agredido.

La subordinación estructural de Venezuela se manifiesta también en la política exterior. Ante la reciente agresión imperialista contra Irán, Caracas cayó en una vergonzosa y ridícula equidistancia

Esta posición, que el canciller Yván Gil terminó eliminando de sus redes sociales, representa la ruptura definitiva con el eje antiimperialista que Venezuela había construido durante dos décadas. La condena a la respuesta iraní, histórico aliado del chavismo, con quien se habían establecido fuertes alianzas y acuerdos de todo tipo, evidencia que la alineación con el imperialismo es ya un hecho consumado.

El comunicado venezolano no puede entenderse sin atender al contexto: la total apertura del sector petrolero al capital extranjero, la mencionada recepción en Caracas del director de la CIA y la siguiente llegada de la encargada de negocios estadounidense Laura Dogu, como representante diplomática, junto a las visitas de secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan; todo en pocas semanas, previas al reconocimiento del propio Trump de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.

La administración de Rodríguez no solo entrega el petróleo y se niega a enfrentar al imperio, sino que legitima políticamente la hegemonía estadounidense, rompiendo con la estela internacionalista y popular que el chavismo siempre había cuidado, defendido e impulsado. La condena a la resistencia iraní, que sin duda supone una condena a todo el Eje de la Resistencia antisionista y a todos los pueblos oprimidos por la entidad colonial, se presenta como “responsabilidad internacional” y “compromiso con la paz”. La nueva administración venezolana oculta así su entrega de la soberanía diplomática y da sepultura a la Venezuela solidaria e internacionalista que, también en tiempos de Maduro, el chavismo lideró.

La traición al proyecto chavista como suicidio de clase

Para comprender plenamente lo ocurrido en Venezuela, resulta bastante útil hacerlo a la luz de la teoría política de Amílcar Cabral, líder de la independencia de Guinea-Bisáu y Cabo Verde, uno de los pensadores más agudos de la liberación africana y del Tercer Mundo. Cabral formuló el concepto de “suicidio de clase” primero en su mensaje a los milicianos guineanos de 1964, para desarrollarlo después en múltiples intervenciones durante los años sesenta y setenta, particularmente en su discurso El arma de la teoría, pronunciado en la primera Conferencia Tricontinental de los Pueblos de Asia, África y América Latina, celebrada en La Habana en enero de 1966.

En 1974, en el contexto de la lucha de liberación de Guinea-Bisáu, Cabral profundizaba en esta teoría aplicándola a esa realidad concreta en su trabajo póstumo Guiné-Bissau: Nação Africana forjada na luta, publicado en 1974. La pequeña burguesía guineana, formada en la administración colonial portuguesa, debía elegir entre integrarse con el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) y sus bases campesinas, renunciando a sus privilegios de funcionarios coloniales, o mantenerse al margen y eventualmente colaborar con Portugal. Cabral no tenía ilusiones sobre las dificultades de esta elección. El dilema histórico de esta pequeña burguesía, según Cabral, es estrictamente binario: “o traiciona a la Revolución o se suicida como clase”. No hay tercera vía, posición intermedia o compromiso posible. Cualquier intento de mantener una postura equidistante termina, tarde o temprano, en la subordinación al imperialismo y la traición de los intereses nacionales.

Cuando las fuentes de riqueza de una nación se entregan a la gestión del imperio, el Estado renuncia voluntariamente a los instrumentos que le permitían decidir sobre su propio desarrollo

El suicidio de clase no era la desaparición física de los individuos, sino la destrucción de su condición de clase particular. Implicaba una transformación radical y consciente. Como explicaba Cabral, la pequeña burguesía debía “renunciar a la posición de clase que ocupa en la vida social” e “integrarse con las fuerzas populares, esto es, con los trabajadores y con los campesinos”. En otras palabras: abandonar voluntariamente sus privilegios de clase intermediaria, dejar de ser una clase separada y diferenciada del pueblo, e identificarse plenamente con las fuerzas populares como parte de un proyecto de liberación nacional y social.

La traición de la revolución, la otra opción del dilema, ocurre cuando la burguesía preserva su existencia de clase y sus privilegios intermediarios mediante la subordinación al imperialismo. No renuncia a su posición, no se identifica con el pueblo, no destruye sus redes de poder. Por el contrario, negocia su supervivencia corporativa con el enemigo, convirtiéndose en burguesía compradora. Esta traición no siempre es explícita ni consciente. A menudo se presenta como “realismo”, “pragmatismo” o “tacticismo”. Pero su resultado es siempre el mismo: la consolidación de la dependencia estructural y el bloqueo de cualquier proyecto emancipatorio destinado a una verdadera independencia soberana, requisito indispensable para la desconexión de las jerarquías imperiales.

La teoría del suicidio de clase tiene implicaciones metodológicas profundas para el análisis político. Primero, establece que la liberación nacional no puede ser dirigida por la burguesía nacional ni por la pequeña burguesía que no se haya suicidado como clase. Segundo, demuestra que la independencia formal no equivale a liberación real si la dirección política preserva su carácter de clase intermedia subordinada. Tercero, señala que la lucha de clases continúa durante el proceso revolucionario y que la contradicción principal no es siempre entre el pueblo y el colonialismo externo, sino también entre el pueblo y sus propias direcciones que resisten el suicidio de clase.

Esta traición se presenta bajo una retórica de continuidad bolivariana, mantenimiento de símbolos y retóricas de responsabilidad histórica que emborronan la entrega de la renta petrolera a la gestión imperial

La particularidad del caso venezolano es que la pequeña burguesía, sea esta traicionera o claudicadora, no es la clase colonial tradicional que Cabral analizaba, sino una burguesía burocrática forjada en el propio proceso del cambio revolucionario. Durante dos décadas de chavismo, esta clase ha acumulado experiencia de gestión estatal, ha construido redes de poder autónomas, ha desarrollado una identidad corporativa diferenciada y ha creado una base social de sustentación. El suicidio de clase implicaría renunciar a toda esta acumulación histórica, disolverse en las masas populares y reconfigurar el proyecto desde la base alineándose con el proletariado y el proyecto comunal. La traición permite, en cambio, preservar estructuras burocráticas y clientelares de poder adaptándolas al nuevo marco de subordinación. Una burguesía burocrática que controla el Estado y la renta petrolera tiene intereses materiales propios que pueden entrar en contradicción con un enfrentamiento directo contra el imperialismo.

Tras los rápidos y radicales cambios implementados por la administración de Delcy Rodríguez que hemos indicado, podemos observar amargamente cómo la burguesía nacional deja de administrar la independencia —propósito original del proyecto chavista— para, por el contrario, administrar la dependencia.

Todo ello se presenta, como no puede ser de otra manera, bajo una retórica de continuidad bolivariana, mantenimiento de símbolos y retóricas de responsabilidad histórica que emborronan la entrega de la renta petrolera a la gestión imperial, otrora la piedra angular del proyecto social chavista. A esto le acompaña una ruptura o un abandono de alianzas históricas como Irán o Cuba, mientras se asume sin rechistar la venta de los recursos nacionales al ente sionista, en una claudicación vergonzosa a los intereses de Estados Unidos.

La reforma petrolera de 2026 es el instrumento de esta entrega: la propiedad estatal del petróleo, pilar del proyecto de desarrollo soberano, se liquida en favor del control corporativo y se pone a merced del depósito del Tesoro de los Estados Unidos. Se trata de una forma sofisticada de dominación neocolonial porque dificulta la resistencia a la brutal agenda imperial. Efectivamente, las masas no enfrentan la presencia de un enemigo foráneo en forma de administración extranjera, sino a una élite que habla su idioma, usurpa sus símbolos, su folklore y mantiene una retórica patriótica, mientras pulveriza paso a paso los elementos centrales que el chavismo implementó durante décadas en busca de una ruptura histórica con la dependencia.

A modo de conclusión

La historia de los procesos de liberación enseña que si el proyecto revolucionario es el faro, la clase revolucionaria debe ser su guía. Como tal, su causa debe estar anclada en una estrategia histórica capaz de orientar incluso los repliegues tácticos más difíciles. Pero no puede haber repliegue táctico sin estrategia, ni estrategia sin bases materiales sobre las que sostenerla. La independencia económica no es un mero ornamento ideológico del proceso revolucionario: es su condición de posibilidad. Cuando las fuentes de riqueza de una nación se entregan a la gestión del imperio, cuando la renta que alimentaba el proyecto social se somete al control externo y cuando el Estado renuncia voluntariamente a los instrumentos que le permitían decidir sobre su propio desarrollo, ya no queda espacio para ninguna maniobra estratégica futura. Lo que se presenta como prudencia o realismo no es más que, en el mejor de los casos, la institucionalización de la claudicación; en el peor, de la traición.

Esos mismos procesos de liberación nacional también han mostrado que ninguna revolución ha sobrevivido sin cuadros dispuestos a asumir los riesgos que exige la confrontación con el poder imperial. Las direcciones revolucionarias no están llamadas únicamente a administrar estructuras, sino a encarnar una voluntad histórica capaz de sostener el conflicto hasta sus últimas consecuencias. En la madrugada del 3 de enero, mientras el aparato estatal venezolano cerraba su apuesta por la negociación servil, quienes estuvieron dispuestos a dar la vida por ese proyecto fueron los 32 internacionalistas cubanos que cayeron defendiendo la residencia presidencial. Y en ese hecho, brutal y simbólico a la vez, se condensa el dilema que Cabral formuló hace décadas: frente al imperialismo, no hay vía de escape duradera entre el suicidio de clase y la traición. Todo lo demás —las retóricas, los símbolos, las apelaciones a la táctica— son apenas formas transitorias de nombrar una decisión que, tarde o temprano, la historia termina por revelar.

(*) Miembros de la Red Antiimperialista/Anti-Imperialist Network (AIN), anti-imperialist.net