Por Alberto Acosta, Carlos Zorrilla, Pocho Álvarez

Bogotá, Desde abajo.- Los impactos que genera la minería metálica —cualquiera sean sus fases o sus actores— son inocultables y su magnitud depende de varios factores. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando abordamos este tema, proponemos una lectura rápida y concisa de algunos conceptos y cuestiones que se deberían conocer.

Los impactos relacionados dependen del tipo de yacimiento, su composición, su ubicación y las sustancias tóxicas que forman parte de los yacimientos, las tecnologías utilizadas, así como también de las normativas existentes y de su cumplimiento.

Es importante comprender que la gran mayoría de los metales como el oro y cobre, se encuentran en concentraciones muy pobres en el subsuelo. En el caso del oro la mayoría de grandes yacimientos del Ecuador contienen mucho menos de un gramo por tonelada de mena. Cascabel, Warintza y Cangrejos, por ejemplo, tienen aproximadamente medio gramo de oro por tonelada (0.5 gramos/tonelada). Es decir, un kilogramo de oro puro, demandaría extraer un poco más de dos millones de kilogramos de desechos sólidos o dicho en locobres términos en los que se mide este mineral: una onza de oro requiere procesar 62 toneladas de mena (el oro es medido en onzas troy: 31,1 gramos). En el caso del cobre el asunto no es menos preocupante: el contenido del yacimiento del proyecto minero Cangrejos en la Provincia de El Oro, por ejemplo, se requeriría procesar 900 toneladas de subsuelo para producir una tonelada de cobre puro.

El porcentaje del metal explotado en el subsuelo (ley minera), es un factor importante. Esto nos da ya una primera pista de la magnitud de material que se necesita remover para obtener dichos minerales, que vienen normalmente acompañados de otros minerales que no son cuantificados; algunos porque se encuentran en cantidades o concentraciones no rentables de explotar, a más de metales pesados, muy contaminantes.

1. Afectaciones desde el inicio. Tanto el ambiente como las comunidades son impactadas ya en la fase de exploración. Esta etapa incluye perforaciones que causan graves impactos al ambiente. Cada perforadora utiliza y desecha más de 40.000 litros de agua al día y consume cientos de litros de diésel diariamente. Esta actividad contamina las capas freáticas por el uso de químicos, además puede secar o desviar fuentes de agua. Normalmente para avanzar con estas tareas se requiere abrir caminos con el fin de transportar insumos para campamentos y plataformas de perforación, lo que provoca, en muchos casos, una primera acción de deforestación y destrucción de la capa vegetal. Además, el ruido de las perforadoras ahuyenta la vida silvestre, afectando también a otras actividades como el turismo ecológico. En lo social, los impactos, empiezan con falsas promesas de desarrollo de la zona y de trabajo permanente, lo que alienta, desde el inicio, una serie de efectos perniciosos en las comunidades: la división familiar, desconfianza entre vecinos, abandono de la agricultura y otros trabajos de campo.
2. Afectaciones sociales: Cuando empiezan las actividades de explotación se agudizan los impactos sociales. La presencia de las empresas mineras, más allá de los programas sociales que puedan desarrollar, crea conflictos que pueden durar años, muchos más después de que los mineros hayan abandonado los territorios.

En muchos casos es indispensable la reubicación de comunidades enteras. Eso afecta gravemente los medios de vida, la cultura, tanto como los Derechos Humanos y colectivos. Según la legislación vigente en Ecuador, la minería puede realizarse en cualquier lugar que no forme parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, zonas intangibles y centros poblados (los centros poblados no incluyen a comunidades; solo a ciudades y centros parroquiales).

Los ofrecimientos de empleo se desvanecen muy pronto. A nivel global, la minería emplea menos del 1% de la fuerza laborar, mayoritariamente hombres. Entre el 80 y 90 porciento de los empleos benefician a los varones, lo cual aumenta, desproporcionadamente, las tareas y responsabilidades de las mujeres en la casa y las labores del campo. Al no tener los campesinos conocimientos sobre la minería, la mayoría de la fuerza laboral calificada vendrá de otras ciudades e, incluso, de otros países. La presencia de personal de otras partes y sus necesidades culturales suele generar más conflictos, delincuencia, y otros problemas sociales, como la prostitución, aumento del alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar. Por estas y otras razones, las mujeres son las más afectadas por la minería.

3. Pérdida de la cobertura vegetal. Teniendo en cuenta que la mayoría de las concesiones mineras se encuentran en bosques montanos y pre-montanos (entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar), considerados ecosistemas frágiles según la Constitución, el desarrollo de las actividades mineras, en cualquier escala, demanda el retiro de grandes cantidades de cobertura vegetal y subsuelo hasta llegar a la mena propiamente dicha, es decir la roca en donde se encuentran los minerales blanco de la explotación. Dichos bosques no solo son el hábitat de cientos de especies, muchas de ellas en peligro de extinción, sino que también protegen a cientos e incluso miles de fuentes de agua que suministran el líquido vital de forma segura a cientos de comunidades y ciudades.
4. Graves impactos al agua. Las afectaciones al líquido vital son siempre complicadas y diversas, por la cantidad de agua que se demanda, pero especialmente por el estado en que queda el agua usada por las actividades mineras. Se afectan directamente las vertientes / Pugyus, ríos y riachuelos, páramos y humedales. La perturbación se da sobre todo en los cuerpos de agua e inclusive en los acuíferos es una constante que la creciente pluviosidad hace aún más peligrosos a los proyectos mineros. Dependiendo de la profundidad donde se encuentran los yacimientos los impactos serán de mayor magnitud y duración. Por otro lado, dada la composición de la mayoría de los yacimientos, que contienen compuestos de azufre (como la pirita), cuando el material sólido que se acumula en las escombreras entra en contacto con el agua lluvia genera una reacción química conocida como drenaje ácido de minas, en tanto acidifica el agua, y cuya contaminación puede durar siglos. En concreto, la apertura de una mina puede secar, desviar o contaminar fuentes de agua (superficiales o acuíferos) de comunidades colindantes o de aguas abajo.

Para poner un dato revelador, en el proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor, el consumo del agua actualmente bordea los 21 millones de litros al día; cuando llegue a las 140 mil toneladas de material removido requerirá más de 50 millones. Para tener una idea del gigantismo de estos proyectos, Mirador cavará un cráter de 1,5 kilómetros de diámetro y 1 kilómetro de profundidad.

En el caso de la minería ilegal, que es igualmente nociva para los humanos y la Naturaleza, los recursos hídricos se contaminan con el uso indiscriminado de mercurio y otras sustancias letales. El mercurio es absorbido por peces, así se afecta la salud de quienes dependen de la pesca o de la recolección de mariscos, afectando eventualmente la salud de todo ser viviente que consume el agua o alimentos proveniente de éstos.

5. Latentes riesgos sísmicos. Los terremotos, en países con elevada sismicidad como Ecuador, constituyen uno de los riesgos más peligrosos para las operaciones mineras, y de manera especial, aquellas que utilizan piscinas de relaves para almacenar desechos tóxicos líquidos y semilíquidos. El colapso de una piscina de relaves puede contaminar el ambiente con decenas de millones de metros cúbicos de lodos y aguas contaminadas con metales pesados.
6. Destrozos culturales. Vestigios arqueológicos o sitios sagrados podrían ser arrasados por las actividades mineras, afectando el patrimonio cultural y de las culturas ancestrales. La destrucción del entorno provoca cambios de la vocación de vida. Todos esos efectos, que no son para nada considerados en la evaluación de los proyectos mineros, provocan la ruptura del ser cultural del individuo y su comunidad, sus tradiciones y su territorio, que es la base espiritual y material de la vida misma.
7. Violencias y corrupción como condición necesaria. Las violencias y la corrupción caminan de la mano de las actividades mineras. No son solo una consecuencia de la minería, son una condición necesaria con impactos inconmensurables y múltiples. Son violencias que golpean, no solo en las comunidades y la Naturaleza, sino mucho más allá de los territorios directamente afectados, así como en el ámbito de la democracia y de la misma economía. Son violencias que se expanden y complejizan en la medida en que se interrelaciona esta modalidad de acumulación con diversas formas del crimen organizado.

Conocer lo que significan los extractivismos, sus orígenes, su evolución y sus perspectivas nos permitirá entender cómo se da la construcción social de las violencias. Comprender la esencia de este proceso abre la puerta para impulsar salidas destinadas a parar tanta destrucción y, simultáneamente, para construir estrategias que permitan caminar hacia otros horizontes civilizatorios.

Las manifestaciones de la corrupción y las violencias son transversales al Estado y la sociedad en su conjunto; esta realidad es aprovechada por la llamada minería legal al igual que la ilegal. Aprobar estudios de impacto ambiental deficientes e incompletos, no responder a denuncias de contaminación o no inspeccionar operaciones mineras de acuerdo a la ley y sus reglamentos, no reportar problemas estructurales que podrían causar deslaves o colapsos de relaveras, ocultar ilegalidades como la contaminación del agua o la utilización de productos o tecnologías prohibidas -conducta usual en estos países-, tienen impactos severos sobre las comunidades y la Naturaleza.

8. Deterioro de la institucionalidad democrática: Los extractivismos permiten que surjan Estados rentistas, autoritarios y paternalistas, cuya incidencia está atada a la capacidad política de gestionar la renta de la Naturaleza. Son Estados que al monopolio de la violencia política añaden, muchas veces, el monopolio de la riqueza natural. Aunque parezca paradójico, este tipo de Estado, que se desespera por multiplicar permanentemente los ingresos fiscales, muchas veces delega parte sustantiva de las tareas sociales a las empresas mineras o petroleras; es decir, abandona -desde la perspectiva convencional del desarrollo- amplias regiones caracterizadas por una severa deficiencia de servicios sociales, incluyendo pobreza de infraestructura educativa, vialidad, servicios de salud, control de la delincuencia, etc. En esa refeudalización de los territorios, se consolidan respuestas propias de un Estado policial que reprime a las víctimas del sistema al tiempo que declina el cumplimiento de sus obligaciones sociales y económicas, mientras brinda seguridad y defensa a las empresas extractivistas; basta considerar lo que significarán los “clústeres mineros integrales”, establecidos legalmente en la actual legislatura, en los que el control recae en las Fuerzas Armadas.

La ausencia de un estado de derecho verdadero, con cortes de justicia probas e independientes sumada a la existencia de tratados de libre comercio o de tratados bilaterales de protección de inversiones que sobre protegen a los capitales foráneos, afectan el compromiso y la voluntad de los gobiernos de regular y controlar la minería (sea legal o ilegal). Esto es común pues los tratados internacionales comúnmente protegen a los derechos de las empresas y desprotegen a las comunidades y la Naturaleza. Leyes débiles o sesgadas a favor de las empresas abren la puerta a todo tipo de violaciones de Derechos Humanos, colectivos y los de la Naturaleza. Si además de lo anterior, las cortes de justicia no son independientes, las comunidades y el ambiente quedan en la indefensión.

En este tipo de extractivismos funcionan las conocidas “puertas giratorias”. Funcionarios públicos que, del ministerio, (ministros, viceministros o directores), pasan a ser representantes (CEO’s) de las empresas mineras y viceversa, permeando así a la política pública. De igual manera sucede con los dirigentes cooptados por las mineras, que pasan a ser “promotores comunitarios” de las mineras. La cooptación y envilecimiento de las comunidades y la gente son conductas inherentes a las empresas mineras en su relación con la comunidad. Es una forma de ganarse la voluntad individual y plural de las personas. Es una práctica que busca reemplazar al Estado, al asumir la construcción y mantenimiento de centros de salud comunitarios, escuelas, así como puentes y carreteras. Por igual crean servicios de transporte subvencionado y controlado por la empresa, ofrecen líneas de crédito a los jóvenes para que compren motos, celulares…

9. Magros beneficios económicos: Los gobiernos presentan a la minería como boya de salvación de la economía nacional, justamente cuando declinan naturalmente las reservas petroleras: ese es el caso de Ecuador. Sin embargo, los datos que presentan sobre los posibles ingresos al fisco son ficticios, porque se basan en supuestos. Por ejemplo, los contenidos de los yacimientos y, por ende, lo que podrían generar para el país en cuanto a beneficios fiscales, no se conocen a ciencia cierta, en al menos 90% de los yacimientos. Como estrategia para atraer inversionistas y presionar a los países a aprobar proyectos mineros, las empresas generalmente publican cálculos y proyecciones sobredimensionados, sin que hayan sido verificados por entidades independientes.

La historia nos ha demostrado una y otra vez que la minería, en países como el Ecuador, con instituciones débiles, permeadas por la corrupción, junto a convenios y tratados internacionales perniciosos, tiene impactos profundamente negativos en la economía. Si el país se vuelve dependiente de los ingresos provenientes de la minería los gobiernos sacrifican o relegan a los otros sectores de la economía como la agricultura y el turismo. Una vez que se terminan los minerales -y recordemos que los minerales son un recurso natural no renovable- las economías colapsan.

Por otro lado, la minería genera enormes pasivos ambientales (desechos y contaminación), que pueden costar cientos de millones de dólares y mucho tiempo en intentar remediar.  Las empresas nunca reservan suficiente capital para dicha remediación, y hacen recaer la responsabilidad en las comunidades, gobiernos locales e incluso en el gobierno nacional. Es más, un desastre ambiental provocado por la minería, como fueron los casos de Mariana en el 2015 y Brumdahinho en el 2019 en Brasil o el de Mount Polley en el 2014 en Canadá, costarán miles de millones de dólares en remediar, costos que nunca son facturados en las cuentas alegres de las empresas. Y, de paso, cabe anotar que los impactos de la minería, casi siempre, no pueden ser restaurados al tratarse figurativamente hablando de verdaderas amputaciones a la Madre Tierra.

Para obtener un adecuado cálculo de los beneficios -léase utilidades o ganancias- a ser distribuidas entre el Estado y la empresa minera, se debe tener claridad sobre la estructura de costos de operación, los tributos que se pagan, las cuantiosas importaciones que demanda la actividad minera, así como de las ventajas tributarias que gozan las empresas: un sinfín de incentivos y exenciones otorgadas por el Estado, como la eliminación del impuesto a las ganancias extraordinarias mientras no se recupere la inversión, reducción del impuesto a la renta, no cobro del IVA para la importación de bienes, menos exigencias laborales y casi nulos controles ambientales, etc.  Las recientes modificaciones a la ley de minería confirman esta realidad.

Además, tengamos presente que es práctica común que las mineras incrementen sus costos para ocultar sus ganancias, provocando la reducción aparente de sus beneficios. Adicionalmente, cuando se explota cobre u otro mineral como el oro, por ejemplo, no se conocen cuáles otros minerales se extraen y exportan, como pueden las tan cotizadas tierras raras. También es frecuente que, las empresas se declaren “en quiebra” antes de cumplir con sus obligaciones cuando las minas están a punto de cerrar. Punto básico, estas empresas recurren a subsidiaras afincadas en paraísos fiscales, por lo que, terminadas las operaciones, no hay manera de conseguir que asuman su responsabilidad, pues, como se ha demostrado en el mundo, estas compañías son expertas en fraudes de todo tipo, más aún cuando no hay los mínimos controles estales.

Inclusive tenemos que reconocer que ningún proyecto minero cumple con el mandato constitucional (artículo 408), que dispone textualmente que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.

En términos económicos, la sociedad en su conjunto tendrá que asumir muchos costos derivados de la minería. Es decir, costos que no se transparentan, que pueden estar asociados, por ejemplo, a las remediaciones y restauraciones que son necesarias por la contaminación, la destrucción de ecosistemas, la afectación de la salud pública, la pérdida de biodiversidad, la destrucción del hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, entre otros. En esta lista caben los gastos de los “clústeres mineros integrales”. En suma, son costos que no aparecen en los cálculos de costo-beneficio empresariales / oficiales.

10. Enormes demandas de electricidad. Las grandes operaciones mineras consumen cantidades exorbitante de energía. En el caso de Cascabel, por ejemplo, la propia empresa calcula que se necesitará construir una hidroeléctrica de 240 megavatios; esto es más del doble de lo que consume toda la provincia de Imbabura, donde se ubica el proyecto minero de cobre, oro y plata. Para la mina de oro Cangrejos, ubicado en la provincia de El Oro, se calcula que demandará una potencia instalada de casi 130 megavatios; como en el caso anterior, esta cifra es más de lo que consume toda la provincia de El Oro. Extrapolando la información anterior, para el proyecto cuprífero Llurimagua (Intag, Imbabura), basado en los cálculos del gobierno, esta mina utilizaría aún más energía que Cascabel. En la actualidad el proyecto minero Mirador consume tanta electricidad como el que demandan 1,8 millones de personas, en un momento en que el sistema eléctrico del país está colapsado.

Los nuevos proyectos mineros en marcha demandarán 1.000 megavatios adicionales, y hasta 2035, el aumento de la demanda será de al menos 4.500 megavatios. Un reto complejo para un sistema eléctrico colapsado.

Dado que no existe suficiente capacidad de generación de las plantas hidroeléctricas del país para satisfacer la demanda prevista por las minas, más el tiempo de demora y el alto costo de construirlas, es probable que el Estado, en la medida que las empresas no cumplen con su compromiso de generar su propia electricidad, se vea forzado a instalar plantas térmicas que consumen cientos de miles de litros de diésel por día, agravando la contaminación atmosférica y la crisis climática.

11. La falsa disyuntiva entre minería legal e ilegal. Otro punto medular a considerar: el tema no es minería ilegal versus legal. La cuestión de la minería debe abordarse más allá de esa falsa dicotomía, teniendo en cuenta siempre que la minería considerada como ¨legal” es también ilegal, pues, en ningún, caso cumple con la Constitución del 2008. Basta recordar que ningún proyecto minero se ha desarrollado apegado a las disposiciones constitucionales relativas a las consultas previa, libre e informada (Art. 57), la consulta ambiental (Art. 398) y la consulta pre-legislativa (Art. 57,17). Todos los proyectos tampoco cumplen con lo que dispone el mencionado artículo 408, que establece que el Estado debe participar de más del 50% de los beneficios, es decir de las ganancias.

El cuento de la minería “legal”, que sería “responsable” y hasta “sustentable”, según sus panegíricos, parte de la idea de que el Estado regula y controla a las mineras cuyos proyectos cuentan con aprobación oficial. Sin embargo, tal como ha sido reportado por la misma prensa minera, se ha demostrado que el Estado no tiene suficiente control sobre las actividades realizadas en las concesiones mineras legalmente inscritas, si cumplen con pagos de regalías, patentes, etc.

Pero hay más, muchas veces la minería formal puede lucrar de la informal. No faltan situaciones en las que los mineros ilegales hasta comparten áreas concesionadas con las empresas “legales”, sin ningún control del Estado. En otras ocasiones, los mineros ilegales actúan como punta de lanza de las mineras formales, las que, después, aparecen como las salvadoras. Adicionalmente, con frecuencia, son empresas mineras formales o simples personas naturales las que compran y exportan el oro proveniente de la minería informal. Resaltemos que todo esto sería posible gracias a la complicidad entre mineros informales y formales, complicidad que llegaría a funcionarios gubernamentales, en todos los niveles. La permeabilidad y la debilidad de las instituciones estatales, la desproporción presupuestaria asignada para combatir este mercado ilegal y la misma laxitud de la Ley aprobada, que reduce la calidad de los controles, no ayudan para nada a combatir la minería ilegal propiamente dicha.

Hay que tener muy claro que el gobierno y las empresas mineras quieren que la sociedad se coma el cuento de que, con la minería autorizada por el gobierno, se resuelve el problema de la violencia relacionada a las extorsiones, el caos social y la contaminación son solo producto de la “minería ilegal”. En realidad, como se comprueba en otros países, la criminalidad está, de una u otra manera, vinculada a las actividades mineras, sean éstas legales o ilegales.

12. La compleja herencia de las empresas mineras. La experiencia en el mundo es suficientemente rica en este tipo de cuestiones.

Las zonas directamente afectadas quedan con huellas que se mantienen en el tiempo. Para mencionar lo que será el futuro del proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor basta extrapolar lo que será el resultado de la actividad minera que empezó con 60 mil toneladas de material removido diariamente y que llegará a 140 mil toneladas. Al concluir su actividad en poco más de 20 años, la escombrera tendría un volumen de 1.125 millones de toneladas, equivalente a unos 11 Panecillos de la ciudad de Quito, de material que producirá el terrible drenaje ácido de mina. Las piscinas de relaves o diques de cola  contendrían unos 1.165  millones de metros cúbicos de un coctel tóxico que equivale a unos 7 Lago San Pablo de la provincia de Imbabura; dique de cola, que, según los expertos, es muy probable que colapse tanto por su magnitud, como por la tecnología empleada en su construcción.

En términos sociales las consecuencias no son menores. La misma destrucción ambiental desaparece muchas actividades existentes anteriormente. Las comunidades y las familias sufren divisiones y enfrentamientos difíciles de sanar.

13. Influencia de los organismos multilaterales de crédito. El ingreso de la minería a gran escala en Ecuador fue patrocinado hace más de 20 años por el Banco Mundial, que financió el Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA). Con una profunda reforma de la Ley de Minería en los años 2000 en 100 países, incluyendo el Ecuador, se pavimentó el camino a esta actividad extractiva de las empresas mineras transnacionales. Ya entonces se eliminó incluso por completo aquellas “trabas” que frenan o bloquean dicha actividad, como el pago de tributos y los controles ambientales. De hechos, los organismos multilaterales de crédito, entre los que se incluye también al FMI y al BID, son un factor clave para entender el extractivismo en países como el Ecuador. A partir de análisis concretos de estas acciones se puede detectar el poder que tienen estos organismos para moldear política pública de los países para organizar una economía

La lista puede extenderse de forma casi ilimitada, pero por razones de espacio, cerramos este texto con una conclusión fundamental:

14. La maldición de la abundancia. Tengamos presente la paradoja de cómo países ricos en recursos naturales (especialmente petróleo y minerales) suelen tener menores tasas de desarrollo, mayor pobreza y debilidad institucional, como resultado de la misma dependencia exportadora de dichos recursos. Esta realidad se refleja en estados y economías atrapadas por el rentismo, con sociedades plagadas de práctica clientelares y de formas de gobernanza caracterizada por el autoritarismo, la violencia y la corrupción.

El propio Banco Mundial publicó -hace más de 20 años- un libro –Natural Resources and Violent Conflict (Recursos Naturales y Conflicto Violento)-, en el cual enumeró los graves problemas que los países enfrentan cuando dependen de la explotación de sus recursos naturales como sostén de sus economías. Esa realidad no ha cambiado, se ha agudizado.

Estos problemas se reflejan en retraso del crecimiento económico y aumento de la pobreza; corrupción y debilitamiento de estructuras democráticas; economías tendencialmente mono-productoras y mono-exportadoras; descuido de actividades generadores de empleo, como el turismo y la agricultura; delincuencia y violencias múltiples; crecientes desigualdades sociales; mayor posibilidad de enfrentamientos internos, incluyendo guerras civiles.

Por todas las razones mencionadas, el Banco Mundial menciona que, en varios países afectados por la maldición de la abundancia, lo que suele ocurrir es un tipo de “desarrollo al revés”.-