Por Fulgencio Severino
La discusión sobre la posible reforma de la Ley 87-01 de Seguridad Social en República Dominicana obliga a plantear una pregunta esencial: ¿Qué objetivos persigue realmente el gobierno con esta iniciativa?
En el debate público han surgido propuestas que generan preocupación, como el aumento de la edad de jubilación o el incremento de las cotizaciones de los trabajadores. Estas medidas parecen orientadas más a preservar los intereses de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que a garantizar una protección digna para la población trabajadora.
El sistema dominicano de pensiones, basado en la capitalización individual, ha demostrado ser insuficiente para garantizar ingresos adecuados en la vejez. Aunque los fondos han generado rentabilidad del 8%, el impacto real en las pensiones es limitado, lo que se traduce en ingresos insuficientes para la mayoría de los jubilados. Hasta la fecha las pensiones por discapacidad parcial son de alrededor de 5 mil pesos y en total de 11 mil pesos al mes. Y las de jubilación programada de alrededor de 20 mil pesos mensuales.
Esto confirma los estudios de la Unión Europea que estiraron renta de 22% del salario para quienes coticen durante 30 años.
Otro desafío importante es el requisito de 30 años de cotización para acceder a una pensión. La realidad del mercado laboral dominicano hace que este objetivo sea inalcanzable para la mayoría de los trabajadores. Un estudio del Banco Mundial así lo confirma, el que estableció que solo el 16 % de todos los cotizantes había completado el 100% del periodo de cotizaciones transcurrido y el 50% había cumplido menos del 50% de las cotizaciones estudiadas.
Esta situación es producto del alto periodo de tiempo sin volver a cotizar de un trabajador que es despedido.
El estudio citado establece que el 40% ha dejado de cotizar por un año, el 30% de 1 a 2 años, 18% de 2 a 4 años y el 11% de 4 a 6 años.
Asimismo, el sistema de salud enfrenta limitaciones importantes en cobertura, con barreras que obligan a los pacientes a asumir gastos de bolsillo cada vez mayores. Esto es debido a la persistencia de un catalogo de prestaciones y lista de medicamentos que excluye todo procedimientos y fármacos de mejores resultados y la exclusión de decenas de procedimientos de frecuente uso en la población, por lo que las intermediarias de salud utilizan mecanismos perversos para negar y retrasar prestaciones para favorecer sus intereses, sus ganancias.
La reforma debe centrarse en mejorar el acceso, la equidad del sistema, colocando en el centro a las personas y no a los intermediarios financieros.
Debemos rechazar cualquier pretensión del gobierno de actuar a favor de la oligarquia financiera.
No puede repetirse la reforma del gobierno corrupto del PLD encabezado por Danilo, que creó la comisión de 1.2% del fondo acumulado, lo que genera a las AFP 12 mil millones pesos al año, que junto al uso a favor de ese sector de 1.2 billones pesos acumulados, hacen del sistema un verdadero negocio financiero y no un sistema de jubilación y pensión.
En ese sentido, proponemos sustituir el sistema de capitalización por un sistema mixto que garantice, pensiones definidas en funcion de los años de cotizacion iniciando con 40% para periodo de 10 años de cotizacion, 60% para 20 años 80% 25 sños y 90% para 30 años.
En salud proponemos reforzar el sistema público, garantizar cobertura de medicamentos y procedimientos en base a las necesidades de los pacientes y las evidencias científicas para el empleo de aquellos de calidad comprobada para reducir complicaciones, mortalidad, estadía prolongada y hospitalizaciones.
