Puerto Príncipe, (Prensa Latina) El ir y venir del Gobierno haitiano en los últimos cinco meses es digno de un guion cinematográfico, si no fuera tan crucial para una pequeña nación en crisis con altísimos índices de pobreza y descontento social.
Ya Moïse había permanecido dos meses sin jefe de Gobierno, cuando un aumento en los precios del combustible en julio de 2018, fue el detonante de un estallido social sin precedentes y precipitó la renuncia de Jack Guy Lafontant, que estaba siendo interpelado también por los diputados.
En poco más de cinco meses y con dos primeros ministros nombrados, el gabinete ministerial no ha podido validarse en el Parlamento, pese a la presión de Moïse y la abierta injerencia de Estados Unidos y sus socios de la comunidad internacional.
A Céant lo sucedió Jean Michel Lapin, un experimentado dirigente de la administración pública que fracasó tres veces en la Cámara Alta, sin poder presentar su declaración política. En un giro drástico e inesperado el jefe de Estado nombró a Fritz William Michel el 22 de julio pasado, y dos días después firmó el decreto presidencial designado un gabinete.
CAMBIOS EN UN GABINETE APRESURADO
Michel había apostado por la paridad y la juventud. Igual número de mujeres y hombres en el ejecutivo, todos con poca experiencia en la arena política, y por primera vez al frente de carteras.
Sin embargo, no tardaron en aparecer las irregularidades con títulos de propiedad y certificados de residencia en la documentación de algunos efectivos, además de deudas con el fisco que los designados saldaron poco antes de su nombramiento.
Hermano Exinor, presidente del comité de la Cámara de Diputados que analizó los archivos, criticó ante la prensa las vicisitudes para recibir un informe del Tribunal Superior de Cuentas, que permitiría conocer los titulares a cargo fondos públicos, así como la opinión de esta corte acerca de su gestión.
Para el parlamentario se trató de una ‘maniobra política’ para obstaculizar el trabajo de la comisión y permitir a los ministros nombrados asumir el cargo, sin ningún juicio previo.
También los legisladores revelaron sus dudas acerca de la nacionalidad de Marie Faustine Hurley, designada como ministra de Turismo, quien vivió en Estados Unidos durante 24 años consecutivos y pudo haber obtenido la ciudadanía norteamericana, lo que la invalida para asumir cargos públicos en este país, según las disposiciones constitucionales.
Después de varias semanas de incertidumbre, Fritz William Michel confirmó el 29 de agosto pasado, en el diario oficial Le Monitor, la reorganización del gabinete y la sustitución de cinco titulares.
Ya Marjorie Alexandre Brunache, designada como canciller, había adelantado los cambios al solicitar su renuncia, alegando asuntos personales, sin ofrecer muchos detalles.
‘Con el corazón apesadumbrado, me veo obligada a dimitir de mi cargo, al tiempo que confirmo mi voluntad de seguir sirviendo a nuestro país común’, podía leerse en la misiva dirigida al primer ministro.
Fuentes que pidieron el anonimato, revelaron en ese entonces que no sería el único canje en el ejecutivo, sino que varios ministros serían sustituidos como parte de las negociaciones entre diversos grupos políticos que no estaban satisfechos con la nueva formación del Gobierno.
En el ínterin, diputados opositores, que fracasaron en promover un impeachment contra el mandatario, solicitaron al presidente de la Cámara Baja, Gary Bodeau, la suspensión de la sesión de ratificación de Fritz William Michel.
Según los parlamentarios, el jefe de Gobierno no recibió la aprobación de la gestión del periodo 2009-2011, cuando se desempeñó como titular de Contabilidad de la Dirección General de Presupuesto en la cartera de Hacienda.
Aseguraron que esta situación lo convierte en ilegible para encabezar el Gobierno, de acuerdo con las normativas de la carta magna.
Bodeau afirmó que la solicitud será atendida en la próxima Conferencia de Presidentes ‘para que se adopten las medidas oportunas’, aunque recordó que el reglamento interno define claramente las competencias de cada órgano de la Cámara.
Mientras que entre el Palacio Nacional y el Parlamento se cocina el futuro del país, los principales indicadores económicos y sociales continúan en picada. Un informe de Instituto Haitiano de Estadísticas reveló que el Índice de Precios al Consumidor subió 18 por ciento en mayo último, con respecto a 2018, cifra sin precedentes en la última década.
El estudio confirmó que el costo de la canasta básica crece a ritmo acelerado, mientras se acentúa la crisis económica y la inflación.
Esta subida en los precios no está acompañada de aumentos en el salario básico, que desde hace casi una década no supera los cinco dólares diarios, al tiempo que se mantiene estancado en el Parlamento un proyecto ley que incrementaría hasta en 86 por ciento cuanto perciben los trabajadores.
Varios organismos internacionales alertaron que casi tres millones de haitianos se encuentran bajo inseguridad alimentaria, y de ellos más de 500 mil están en ‘fase de emergencia’. Expertos advierten que esta constante alza en los precios ampliará la línea de la pobreza, bajo la que ya hoy vive casi el 60 por ciento de la población.
Por su parte, la oposición insiste en que un nuevo Gobierno no cambiará la situación del país, y apuestan por relanzar un calendario de movilizaciones para lograr la dimisión del jefe de Estado.
‘El Gobierno de Jovenel (Moïse) y el Parlamento que está al servicio del Palacio Nacional son parte del problema’, dijo a Prensa Latina el agrónomo y líder campesino Chavannes Jean Baptiste.
Aseguró que cualquier gabinete ‘es un caso perdido’ y recientemente acordaron con un frente amplio convocar a nuevas protestas.
Hasta el momento Haití permanece sin un ejecutivo funcional para hacer frente a las urgencias del país y acceder a los préstamos ‘desinteresados’ de sus socios internacionales, y parece ser que cumplirá los seis meses, el próximo 18 de septiembre, con la misma desesperanza.
