Por Parker Asmann
Puerto Príncipe.- La primera vez que Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, estuvo implicado en una masacre, en noviembre de 2017, ejercía como agente de policía en el país caribeño. La matanza empezó con un operativo antipandillas y terminó en la ejecución extrajudicial de al menos 14 civiles inocentes en el barrio Grand Ravine de la capital, Puerto Príncipe.
Un año más tarde, durante cuatro días en el mes de noviembre de 2018, Chérizier estuvo presuntamente involucrado en el asesinato de unas 71 personas, en lo que se conoció como la masacre de La Saline, la peor en Haití en más de una década.
En noviembre de 2019, su nombre apareció en un informe de las Naciones Unidas en relación con nuevas violaciones a los derechos humanos en el barrio Bel-Air de la capital haitiana.
Hoy, después de ser expulsado de la policía en diciembre de 2018 y de eludir una orden de arresto, Chérizier ha surgido como el cerebro del “G9 an Fanmi” (G9 y familia), una alianza conformada en junio de este año entre al menos nueve bandas de Puerto Príncipe.
Según los informes, la alianza G9 se ha beneficiado de los fuertes lazos que ha establecido con el gobierno del presidente Jovenel Moïse. Al parecer, los líderes de la pandilla no son enjuiciados, siempre y cuando ayuden a mantener la paz en los barrios bajo su control. A cambio, el gobierno de Moïse los considera soldados leales que controlan la inseguridad, silencian las voces de la oposición y refuerzan el apoyo político en toda la capital.
Todo esto es crucial para Moïse, quien ha enfrentado constantes protestas de haitianos que piden su renuncia, pues lo culpan por la grave crisis económica que atraviesa el país, así como por la corrupción desenfrenada, la escasez de gasolina y el aumento de la violencia, si bien Haití no es un país demasiado violento: en 2019 tuvo una tasa de homicidios de poco más de 9 por cada 100.000 habitantes.
Por otro lado, el gobierno está utilizando a las pandillas para reprimir a la oposición, en tanto las elecciones parlamentarias se han pospuesto indefinidamente.
Chérizier amasa poder
Chérizier ha surgido como uno de los líderes pandilleros más influyentes entre los encargados de ejecutar la alianza patrocinada por el Estado. Pero el poder que este hombre ha acumulado como parte del G9 es inusual, incluso en un país como Haití, con una larga historia de acuerdos bajo la mesa entre este tipo de grupos y los líderes políticos.
El 23 de mayo, Chérizier y los líderes de pandillas aliados, supuestamente cercanos al gobierno, celebraron una “reunión preparatoria” para “organizar ataques simultáneos” como una ostentación de poder en varios barrios de Puerto Príncipe, según un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití (Réseau National de Défense des Droits de l’Homme, RNDDH).
Según el informe, en los días siguientes, entre el 24 y el 27 de mayo, las bandas criminales reunidas por Chérizier atacaron a las comunidades de Pont-Rouge (donde por mucho tiempo han existido protestas antigubernamentales), Chancerelles, La Saline, Tokio y Fort-Dimanche, con el fin de expandir su control. Incendiaron decenas de casas e hicieron disparos, tras lo cual resultaron quemadas o muertas entre seis y al menos 34 personas, todo con el apoyo de la policía nacional.
El 28 de mayo, la representante estadounidense Maxine Waters denunció la atrocidad e instó a que estos “actos brutales e inconcebibles de violencia con motivaciones políticas […] terminen de una vez por todas”.
Pero sus palabras cayeron en saco roto.
El 10 de junio, Chérizier, vestido con un traje azul claro y una camisa rosa, anunció la creación de la alianza G9.
El informe de RNDDH, y otro del observatorio Fondasyon Je Klere (FJKL), sostienen que el presidente Moïse les ha dado a las pandillas de la alianza G9 recursos y espacio para operar, con el fin de impedir el regreso del expresidente Michel Martelly (2011-2016) al poder.
De hecho, Chérizier es personalmente escuchado por funcionarios gubernamentales de alto rango, e incluso ha recibido coimas de ellos, según afirma el director ejecutivo de RNDDH, Pierre Espérance. En testimonio ante el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2019, Espérance señaló que las pandillas “reciben regularmente dinero y armas de fuego automáticas [de parte de los poderes ejecutivos y legislativos], y nunca se queden sin municiones”.
Algunos políticos y miembros del sector privado suelen recurrir a las pandillas para controlar el territorio y proteger sus negocios e intereses. Por eso es fundamental para ellos asegurarse de que tengan las armas y municiones adecuadas para hacerlo. En el pasado, policías y políticos corruptos han estado implicados en esquemas de tráfico de armas que permiten abastecer a las pandillas y a los grupos armados con conexiones políticas.
A cambio, las pandillas ayudan a “apoyar los intereses políticos de sus protectores, atacando a la población, especialmente en los barrios conocidos como bastiones de oposición política que promueven las manifestaciones antigubernamentales”, afirma Espérance.
Los hechos recientes parecen sustentar esta última afirmación. El 9 de julio, el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, Lucmanne Délille, aseguró que la policía arremetería contra las pandillas. Horas más tarde, el presidente Moïse lo despidió, al parecer a petición de Chérizier.
¿Podría Chérizier adquirir demasiado poder?
Las manifestaciones antigubernamentales contra el presidente Moïse han dejado preocupado al gobierno por el hecho de que pueda estar perdiendo el control sobre las diferentes pandillas armadas de Puerto Príncipe, así como el apoyo de los residentes en las comunidades controladas por estas. Parece que el gobierno percibe al G9 como una inversión preelectoral válida.
A finales de junio, el secretario de seguridad de Haití, Tacite Toussaint, dijo que la alianza G9 es un arma de doble filo, pero que podría ser favorable si sus miembros depusieran las armas. Sin embargo, no hay evidencia de que esto pueda ocurrir.
“Chérizier obtuvo tanto poder que el gobierno decidió trabajar con él. Con todo el poder que tiene, todos lo quisieran de su lado”, dice un líder comunitario local de un área de la capital donde actúa la alianza G9, y quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
“En lugar de tratar de atacar a las pandillas y a otros grupos armados, lo que conlleva un montón de daños colaterales, se hizo un cambio en la estrategia, y Chérizier se convirtió en un individuo que el gobierno podría utilizar para tratar de unir a las pandillas bajo una nueva filosofía”, agregó el líder comunitario.
Pero Chérizier no es como sus predecesores. Existe el riesgo de que el control territorial generalizado, el apoyo tácito del gobierno y el suministro constante de dinero y armas lo hayan hecho prácticamente intocable.
Aunque el G9 es supuestamente una alianza entre iguales, Chérizier se ha convertido en el centro de atención, en una figura desproporcionada que quizá ha acumulado demasiado poder, lo cual se evidencia en la voluntad del gobierno de trabajar con él incluso a pesar de su cuestionable pasado. Esto hace que la alianza entre pandillas sea aún más frágil.
Así las cosas, la tregua entre pandillas les ha traído paz a las comunidades, y para algunos residentes ha significado la libertad de salir, un lujo que no se podían permitir hasta hace poco.
“Así es mucho mejor que cuando hay confrontaciones; ahora los niños pueden ir a la escuela y los padres pueden salir a trabajar sin el peligro de ser alcanzados por una bala”, explica el líder comunitario.
Después de años de malas gestiones, corrupción y una completa falta de rendición de cuentas, los habitantes esperan que los grupos armados —en lugar del ausente gobierno— consigan la paz, y así disfrutar de seguridad y poder llevar comida a casa. Pero también son cautelosos de no hacer fuertes críticas por las fallas del gobierno en medio de la alianza de pandillas respaldada por el Estado, especialmente dadas la reciente represión contra miembros de la oposición.
No obstante, el panorama a futuro sigue siendo incierto. Si bien las pandillas del G9 le sirven al gobierno para sofocar las protestas de la oposición antes de las elecciones, no es seguro si los ciudadanos irán a las urnas en un futuro próximo. Esto genera dudas acerca de lo que pasará con las pandillas aliadas cuando sus servicios ya no sean necesarios, o cuando no les interese seguir cooperando.
Si se acaba el apoyo que ofrece el gobierno, si este deja de hacerles pagos, o si el dinero no se distribuye de manera justa entre las pandillas, la alianza G9 podría desintegrarse. En todo caso, la alianza no ha parado de combatir.
El 12 de julio, por ejemplo, los medios locales informaron que un bebé de ocho meses de edad murió tras haber recibido un disparo en Cité Soleil, un distrito de la capital, durante un enfrentamiento entre miembros de la alianza G9 y un líder de una banda rival que se negaba a unírseles, bien sea por disputas en juego o por otras alianzas.
Por ahora, nadie tiene la esperanza de que la paz será duradera.
“La alianza es una bomba de tiempo, y puede que ya sea demasiado tarde”, concluyó el líder comunitario.
Tomada de InSightCrime
