El presidente Bukele tiene razón al querer reagrupar a sus tropas y demostrar firmeza. Pero la realidad haitiana no es un campo de pruebas para métodos probados en otros lugares. Es un sistema complejo donde la violencia es, simultáneamente, una herramienta de poder, una fuerza económica y un producto de la debilidad estructural del Estado. Ignorar esta complejidad conlleva el riesgo de perder no solo soldados, sino también la credibilidad de una política de seguridad que, hasta ahora, había logrado mantenerse clara y eficaz. Haití no es un problema de pandillas que deban ser aplastadas. Es un problema de poder, intereses e historia. Quienes se adentran en él sin comprender todas sus complejidades corren el riesgo de salir debilitados.
Puerto Príncipe, Rezo Nòdwès.- La desaparición de los cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), que se encontraban al acecho el 18 de octubre de 2026 en Santo, en el municipio de Croix-des-Bouquets, no es un simple incidente de seguridad. Se trata, en particular, de mecanismos profundos que estructuran la crisis haitiana y las trampas en las que un actor externo, incluso uno decidido, puede quedar atrapado.
Los grupos armados que controlan la mayor parte del área metropolitana de Puerto Príncipe no surgieron espontáneamente.
Su trayectoria, desde la federación del G9 hasta las configuraciones posteriores agrupadas bajo el nombre de «Viv Ansanm» o «Viviendo Juntos», forma parte de una larga historia de manipulación política.
La frontera porosa, las redes de contrabando y los intereses económicos superpuestos convierten a la República Dominicana en un actor central, voluntaria o involuntariamente, en la economía de la violencia en Haití
Informes de organizaciones haitianas e internacionales han documentado, desde la década de 2010 y particularmente alrededor de 2020, los vínculos entre ciertos líderes de pandillas y sectores de poder, utilizados para controlar territorios, intimidar a adversarios o asegurar intereses electorales.
Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue», figura central en estas coaliciones, operaba dentro de este sistema.
Las pandillas no son “bandidos autónomos”
Estos grupos han adquirido creciente autonomía, pero su poder inicial y su capacidad para mantenerse a menudo se beneficiaron de la complicidad interna y de un entorno internacional reacio a abordar las raíces estructurales del fenómeno.
Presentar a las pandillas simplemente como «bandidos» autónomos es ignorar esta genealogía.
No parece importar al primer ministro
En este contexto, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé encarna una forma de continuidad. Al frente de un gobierno de transición, en gran medida condicionado por las dinámicas de poder regionales e internacionales, consolidó su posición hasta convertirse, tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición, en el principal detentador del poder ejecutivo.
Justo cuando los soldados salvadoreños desaparecían y el presidente Bukele emitía repetidas advertencias y desplegaba refuerzos, el jefe del gobierno haitiano se encontraba fuera del país, asistiendo a una boda en México.
Esta ausencia, cualquiera que sea su justificación personal, ilustra un desapego sintomático de la crisis que asola al país. Refuerza la impresión de un aparato estatal que, para una parte significativa de la población y los observadores, actúa más como un gestor de la dependencia que como un actor soberano decidido a recuperar el control del territorio.
Esta situación no es casual
Estados Unidos tiene una responsabilidad estructural y constante en la perpetuación del caos en Haití. Durante décadas, Washington ha apoyado, instalado o mantenido a líderes de transición —incluido el actual Primer Ministro, Alix Didier Fils-Aimé—, permitiendo al mismo tiempo el florecimiento de un sistema en el que los grupos armados sirven como instrumentos de control social y político.
Estados Unidos, por su parte, sigue siendo el principal proveedor de armas legales e ilegales en la región, al tiempo que financia y supervisa iniciativas de seguridad internacional. Estos dos países (EEUU y RD) se encuentran, por lo tanto, en el centro del sistema que perpetúa, a pesar de afirmar combatirlo, el caos en Haití
Las armas que alimentan a estas bandas provienen mayoritariamente del mercado estadounidense, facilitado por una legislación permisiva y una supervisión insuficiente del flujo de armas hacia la República Dominicana.
Al financiar y supervisar misiones de seguridad internacionales, tolerando, e incluso protegiendo indirectamente, las redes que perpetúan la violencia, Estados Unidos actúa como artífice y garante de un equilibrio inestable que sirve a sus intereses geopolíticos y de seguridad en la región.
Por lo tanto, cuando desaparecen soldados salvadoreños, también es consecuencia de un sistema que Washington contribuyó a crear y que se niega a desmantelar por completo.
La cuestión del armamento
La cuestión del armamento es igualmente crucial. Una parte muy significativa de las armas y municiones que circulan entre los grupos armados haitianos proviene de Estados Unidos y transita, en grandes cantidades, por la República Dominicana.
Este flujo no es ningún secreto: ha sido denunciado repetidamente por informes de la ONU, investigaciones periodísticas y las propias autoridades haitianas.
La frontera porosa, las redes de contrabando y los intereses económicos superpuestos convierten a la República Dominicana en un actor central, voluntaria o involuntariamente, en la economía de la violencia en Haití.
Estados Unidos, por su parte, sigue siendo el principal proveedor de armas legales e ilegales en la región, al tiempo que financia y supervisa iniciativas de seguridad internacional.
Estos dos países se encuentran, por lo tanto, en el centro del sistema que perpetúa, a pesar de afirmar combatirlo, el caos en Haití.
Es precisamente aquí donde El Salvador y su presidente corren el riesgo de nadar contra la corriente.
Nayib Bukele construyó parte de su legitimidad sobre una política de seguridad radical y eficaz en su propio país.
En Haití, se enfrenta a una realidad mucho más compleja: un terreno donde las pandillas no son meras organizaciones criminales, sino actores políticos, sociales y económicos integrados en redes locales e internacionales; una sociología de la violencia arraigada en décadas de pobreza, exclusión y depredación estatal; y un calendario político estadounidense dominado por las elecciones de mitad de mandato, lo que limita el margen de maniobra de cualquier administración estadounidense.
Los intereses dominicanos, por su parte, no necesariamente coinciden con una pacificación rápida y duradera de Haití.
Una intervención demasiado directa por parte de El Salvador podría convertirse rápidamente en un atolladero, con el riesgo de pérdida de vidas, impotencia operativa y una retirada derrotista, en detrimento de la imagen cuidadosamente construida que Bukele ha cultivado.
Finalmente, es necesaria una observación más objetiva.
Las pandillas, el contingente salvadoreño de las Fuerzas de Seguridad Global (GSF), las fuerzas de seguridad privadas vinculadas a actores como Erik Prince (cuya empresa, Vectus Global, realiza operaciones con drones y combate junto a las fuerzas haitianas), y el propio gobierno de transición haitiano, operan dentro de una esfera de influencia donde Estados Unidos sigue siendo el actor dominante.
Las órdenes, la financiación, las autorizaciones y las líneas rojas emanan en gran medida de las mismas capitales.
En este contexto, la emboscada y desaparición de los cuatro salvadoreños puede parecer no un choque entre enemigos irreconciliables, sino una disputa familiar, una batalla entre «pitit y papá», como dice la expresión criolla.
Los actores están sujetos a dinámicas de poder asimétricas y a una supervisión estratégica compartida.
Están condenados, de una forma u otra, a transigir, negociar o adaptarse.
Haití no es un campo de pruebas
El presidente Bukele tiene razón al querer recuperar a sus hombres y mostrar firmeza.
Pero la realidad haitiana no es un campo de pruebas para métodos probados en otros lugares. Es un sistema complejo, donde la violencia es simultáneamente una herramienta de poder, una fuerza económica y un producto de la debilidad estructural del Estado.
Ignorar esta complejidad conlleva el riesgo de perder no solo soldados, sino también la credibilidad de una política de seguridad que, hasta ahora, había logrado mantenerse clara y eficaz.
Haití no es un problema de pandillas. Es un problema de poder, intereses e historia.
Quienes se adentran en él sin comprender todas sus complejidades corren el riesgo de salir debilitados.
