Por Fidel Soto Castro
No basta con condenar al verdugo cuando el sistema sigue fabricando otros
El presidente reaccionó indignado por el asesinato del joven Darlin Mercado Reyes, ocurrido en Herrera, y calificó de «animal» al policía que le quitó la vida. Tanto esa expresión como la presencia del director de la Policía Nacional ofreciendo condolencias a los familiares de la víctima esconden una realidad mucho más profunda: la de una institución que, pese a la reforma pregonada durante años, continúa mostrando signos evidentes de descomposición.
El verdadero problema no es únicamente el cabo José Francisco Moreta Heredia. El culpable, en sentido institucional, es un sistema policial carente de una cultura de respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos humanos y al debido proceso. La filosofía que lo inspira continúa siendo, en muchos aspectos, heredera de los métodos aplicados durante las dictaduras de Trujillo y los gobiernos de Balaguer: detenciones arbitrarias, golpizas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Este caso ha trascendido por haber ocurrido a plena luz del día, ante cámaras de seguridad y con un nivel de evidencia imposible de ocultar. Sin embargo, lo que hoy provoca indignación nacional es, para muchas comunidades, una tragedia cotidiana. Abusos, violencia y muertes se producen con demasiada frecuencia en distintos puntos del país.
En octubre de 2021, el presidente anunció una profunda reforma policial. Sin embargo, para muchos ciudadanos, el cambio más visible ha sido el color del uniforme, mientras la conducta de numerosos agentes permanece intacta. La vieja explicación del supuesto «intercambio de disparos», utilizada durante décadas para justificar ejecuciones, continúa apareciendo una y otra vez, incluso cuando circulan videos en los que las víctimas aparecen desarmadas, con las manos levantadas o ya bajo custodia policial.
Ahora el presidente descubre a un «animal», pero parece olvidar la existencia de una estructura que durante años ha permitido que muchos actúen de la misma manera.
Resulta inevitable comparar esta indignación con las declaraciones que ofreció durante el operativo contra el delincuente conocido como Quico la Quema, cuando afirmó:
«»Ese es uno de los Top One que tenemos en la fuerza de tarea… Lo que le conviene es entregarse, porque ya no va a encontrar más apoyo ni a nivel medio ni más alto.»»
Esa afirmación fue interpretada por muchos como el reconocimiento de una política de persecución sin espacio para las garantías propias del Estado de derecho.
Las prácticas de asesinatos, torturas, desapariciones y encarcelamientos arbitrarios no comenzaron ahora. Desde la dictadura de Trujillo y, posteriormente, durante los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, el país conoció el terror ejercido por organismos represivos. Balaguer bautizó esos grupos con un nombre que pasó a la historia: «las Fuerzas Incontrolables».
Bajo esa denominación se cometieron asesinatos, desapariciones y persecuciones políticas que dejaron una profunda huella en la memoria nacional. Los nombres de las víctimas y de los responsables quedaron grabados en la historia de prácticamente todas las provincias del país.
Ni Trujillo ni Balaguer llegaron a reconocer públicamente una política oficial de ejecuciones. Cuando desapareció Henry Segarra, por ejemplo, el gobierno sostuvo que había abandonado el país por Haití rumbo a Cuba.
Mientras tanto, en los cuarteles se popularizó una expresión escalofriante para referirse al asesinato de un detenido: «darle pa’ bajo». Esa cultura fue moldeando generaciones de agentes para quienes el abuso, la golpiza y la tortura llegaron a verse como procedimientos normales.
El reciente caso del joven golpeado brutalmente por un alto oficial de apellido Lantigua constituye otra evidencia de que esa cultura institucional continúa viva.
Lo más preocupante es que se han invertido miles de millones de pesos en una reforma policial dirigida incluso por asesores extranjeros, sin que la ciudadanía perciba una transformación profunda en la formación ética, jurídica y profesional de los agentes.
Se cambió el uniforme del gris al azul.
Se sustituyó el lema «Ley y Orden» por «Proteger y Servir».
Pero los símbolos, por sí solos, no cambian una institución.
Como suele decirse, el mal no está en la sábana, sino en quien duerme sobre ella.
El presidente Juan Bosch lo expresó con una reflexión que mantiene plena vigencia:
«»Una conducta no se improvisa, y el hecho de que un antisocial se comporte durante un año como persona normal no significa que ha dejado de ser antisocial.»»
Hoy existen un comisionado y un director policial. Han cambiado estructuras administrativas, nombres, uniformes y consignas. Sin embargo, mientras no cambie la cultura institucional, seguirán apareciendo los mismos métodos, los mismos abusos y las mismas justificaciones.
Las instituciones no se transforman cambiando colores ni eslóganes. Se transforman cambiando principios, formando servidores públicos respetuosos de la ley y sometiendo a la justicia a quienes convierten el uniforme en instrumento de miedo.
Mientras eso no ocurra, el problema no será un policía llamado «animal». El problema seguirá siendo un sistema que, una y otra vez, continúa produciéndolos
