Por Germán Reyes
Santo Domingo.- Representantes de organizaciones cívicas denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que desde el Estado dominicano se violan las prerrogativas de las mujeres, niñas y niños migrantes haitianos, lo mismo que contra los dominico haitianos.
Hoy en República Dominicana, las mujeres inmigrantes haitianas, las dominicanas de ascendencia haitiana o fenotípicamente identificadas como negras, están viviendo una situación más fuerte que la vivida en el apartheid de Sudáfrica, dijeron los voceros de las organizaciones dominicanas en una audiencia de la CIDH realizada en la capital estadounidense, Washington.
Durante la vigencia del apartheid de Sudáfrica las mujeres embarazadas, niños y niñas al menos podían dirigirse a un hospital para que las atendieran, “pero en nuestro país el acceso a la salud no está garantizado, ya que la presión y legislación promovida por el gobierno ha provocado el temor de las mujeres embarazadas a acceder a los servicios sanitarios”.
“La mujer inmigrante haitiana y las dominicanas de ascendencia haitiana históricamente han sido excluidas y discriminadas, siendo esto más evidente en la atención sanitaria a niñas y mujeres embarazadas, residentes en barrios de grandes ciudades y en comunidades bateyanas”, dijeron los dirigentes cívicos en un documento conjunto que leyeron en actividad.
En la audiencia, que se denominó República Dominicana: Acceso a la salud de mujeres y niñas migrantes haitianas embarazadas, participaron las organizaciones Movimiento Reconocido, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD)
La CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Embarazadas y menores no acompañados
La comisionada Julisa Mantilla, Relatora de la CIDH sobre Derechos de las Mujeres, preguntó a los representantes de la sociedad civil dominicana sobre estadísticas de deportaciones de menores no acompañados.
“El jueves 20 de julio de 2023, en la Maternidad en Higüey, agentes de la Dirección General de Migración, sin orden judicial alguna, entraron por la fuerza y requisando y deteniendo a todas las mujeres de color negro que le parecieran haitianas, sacando de los consultorios y habitaciones a mujeres embarazadas y otras que se encontraban con sus hijos recién nacidos, y fueron montadas en una cárcel móvil, tipo camión y fueron enviadas a un centro de detención con fines de deportación”, detalló Manuel de Jesús Dandré
Juan Alberto Francisco, del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), expuso la situación “de persecución y deportación” que sufren mujeres haitianas, dominico haitianas y fenotípicamente identificadas como negras que están embarazadas, parturientas y en lactancia.
Según Francisco, de 2021 a junio de 2023 fueron deportadas a Haití 342,820 personas, de las cuales 2,159 eran mujeres embarazadas y 2,981 menores de edad no acompañados. “El gobierno dominicano ha intentado usar la situación precaria del sistema de salud para justificar estas acciones”.
En representación del Estado dominicano, el embajador ante la OEA, Josué Fiallos, señaló que entre el año 2021 y octubre de 2023 fueron deportadas 69,810 mujeres, de entre las cuales 2,252 embarazadas
Y con recién nacidos
Manuel de Jesús Dandré, de la Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau, refirió testimonios y otras evidencias físicas recopiladas por organizaciones de la sociedad civil sobre los controles migratorios en zonas de acceso a los centros de salud “y en ocasiones incluso dentro de las maternidades en centros urbanos”.
“El jueves 20 de julio de 2023, en la Maternidad en Higüey, agentes de la Dirección General de Migración, sin orden judicial alguna, entraron por la fuerza y requisando y deteniendo a todas las mujeres de color negro que le parecieran haitianas, sacando de los consultorios y habitaciones a mujeres embarazadas y otras que se encontraban con sus hijos recién nacidos, y fueron montadas en una cárcel móvil, tipo camión y fueron enviadas a un centro de detención con fines de deportación”, detalló Dandré.
«Cada aniversario del cruel asesinato de Minerva, María Teresa y Patria Mirabal nos recuerda que la violencia contra las mujeres es política, porque para combatirla necesitamos tomar acción desde la política», escribió Virginia Antares Rodríguez, candidata presidencial de la República Dominicana por Opción Democrática, en su cuenta en X
¿Cuáles disposiciones son violadas?
Las prácticas migratorias que se están llevando a cabo en los últimos meses en el país contravienen tanto al derecho nacional como el derecho internacional.
Las detenciones con fines migratorias, en los casos de mujeres en gestación, tienen un procedimiento establecido de acuerdo al artículo 134 del decreto de aplicación de la Ley General de Migración, la 285-04.
También numeral 6 del artículo 55 de la Constitución dominicana, establece que “La maternidad” sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo”.
De igual manera, la Ley General de Salud en República Dominicana tiene como objetivo principal promover, proteger, mejorar y restaurar la salud de las personas y comunidades. En el caso que nos ocupa esta no ha sido efectiva en relación a su fin.
Convertir los centros de salud, incluyendo las maternidades, en lugares detención, para la deportación de mujeres viola el artículo 12 párrafo 2 de la convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado por la ONU el 18 diciembre 1979)
Los servicios médicos no deben ser limitados por el estatus legal de un individuo.
Convertir los centros de salud, incluyendo las maternidades, en lugares detención, para la deportación de mujeres viola el artículo 12 párrafo 2 de la convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado por la ONU el 18 diciembre 1979), el cual establece que el Estado debe garantizar a las mujeres servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto. Incluso, propiciar servicios gratuitos cuando fuere necesario y asegurar una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia a la misma.
Cabe destacar que Republica Dominicana es signataria del convenio 183 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo, de la ONU) desde el año 2014, el cual es el instrumento jurídico internacional de protección de la maternidad.
El gobierno admite
En representación del Estado dominicano, el embajador ante la OEA, Josué Fiallos, respondió a las denuncias aduciendo una “carga asistencial” excesiva debido al aumento de partos de mujeres haitianas en el país, e hizo alusión a la intención de hacer un balance entre los derechos de las personas migrantes y las nacionales.
El diplomático señaló que entre el año 2021 y octubre de 2023 fueron deportadas 69,810 mujeres, de entre las cuales 2,252 embarazadas.
Para Fiallos, las detenciones de mujeres embarazadas en los hospitales y sus alrededores son casos “aislados”.
