Santo Domingo.- La Coordinadora Popular Nacional (CPN) exige al Estado dominicano reparar esta deuda histórica, garantizar la restitución plena de la nacionalidad de todas las personas de ascendencia haitiana, cesar las prácticas de discriminación institucional, detener las expulsiones arbitrarias y asegurar el acceso pleno a todos sus derechos civiles, sociales, económicos y políticos.

La CPN denunció una «política de exclusión» contra esas miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana «que viven actualmente sometidas a condiciones de profunda vulnerabilidad y discriminación estructural». Muchos, prosigue la organización en un comunicado público, «enfrentan la negación de su derecho a la educación, al no poder continuar estudios secundarios o universitarios por falta de documentación».

El texto del comunicado

«La Coordinadora Popular Nacional (CPN) considera necesario pronunciarse ante una de las más profundas injusticias sociales, humanas y jurídicas, que ha vivido la sociedad dominicana en su historia: la situación de cientos de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana afectados por políticas estatales de desnacionalización, exclusión y negación de derechos fundamentales.

Durante gran parte de la historia constitucional dominicana, particularmente bajo el marco jurídico vigente entre 1929 y 2010, la nacionalidad dominicana fue reconocida principalmente bajo el principio de jus soli, mediante el cual toda persona nacida en territorio dominicano era reconocida como nacional, salvo excepciones muy limitadas.

Durante décadas, estas personas ejercieron plenamente su condición de nacionales, portando actas de nacimiento, cédulas, estudiando, trabajando y desarrollando su vida como parte integral de la nación dominicana, consolidando así derechos adquiridos y una relación jurídica plenamente reconocida por el propio Estado.

Sin embargo, esta realidad fue violentamente alterada con la Sentencia TC/168/13 del Tribunal Constitucional, emitida en septiembre de 2013, mediante la cual el Estado reinterpretó retroactivamente décadas de práctica constitucional y administrativa, despojando arbitrariamente de su nacionalidad a cientos de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana nacidos entre 1929 y 2010, en abierta contradicción con principios esenciales del derecho como la seguridad jurídica, la irretroactividad de la ley, la confianza legítima y la protección de derechos adquiridos.

A pesar de la promulgación de la Ley 169-14 como supuesto mecanismo de solución, la realidad es que miles de personas continúan hoy atrapadas en un limbo jurídico, enfrentando innumerables obstáculos para recuperar o validar su documentación y ejercer plenamente su ciudadanía.

Como consecuencia de esta política de exclusión, miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana viven actualmente sometidas a condiciones de profunda vulnerabilidad y discriminación estructural. Muchos enfrentan la negación de su derecho a la educación, al no poder continuar estudios secundarios o universitarios por falta de documentación. Organismos internacionales han documentado obstáculos para continuar estudios básicos y universitarios.

Otros son privados de su derecho a la salud, encontrando barreras para acceder a servicios médicos y al sistema de seguridad social.

A muchos se les niega el derecho de declarar a sus hijos e hijas ante el Registro Civil, profundizando un ciclo intergeneracional de exclusión y riesgo de apatridia.

Asimismo, enfrentan restricciones a su libertad de tránsito, temor constante a desplazarse dentro de su propio país, y el riesgo permanente de ser detenidos arbitrariamente o expulsados injustamente en operativos migratorios, pese a haber nacido en la República Dominicana y no conocer a nadie en Haití.

La Corte Interamericana ha señalado patrones de expulsiones y prácticas discriminatorias contra personas haitianas y de ascendencia haitiana, incluyendo afectaciones al derecho a la libertad de circulación, nacionalidad y debido proceso.

Desde la Coordinadora Popular Nacional (CPN), afirmamos que esta situación constituye no solo una grave injusticia histórica, sino también una violación sistemática de derechos humanos fundamentales, sostenida por políticas discriminatorias que atentan contra la dignidad, la igualdad y la democracia.

La lucha de los dominicanos de ascendencia haitiana no constituye una demanda de privilegios ni de concesiones especiales: constituye una exigencia legítima de restitución de derechos históricamente reconocidos y posteriormente arrebatados por decisiones estatales injustas.

La defensa de sus derechos es una causa de justicia social, de respeto constitucional, de memoria histórica y de dignidad humana.

Por ello, la Coordinadora Popular Nacional (CPN) exige al Estado dominicano reparar esta deuda histórica, garantizar la restitución plena de la nacionalidad de todas las personas afectadas, cesar las prácticas de discriminación institucional, detener las expulsiones arbitrarias y asegurar el acceso pleno a todos los derechos civiles, sociales, económicos y políticos de esta población.

No puede haber democracia real mientras ciento de miles de personas dominicanas continúan siendo extranjerizadas, perseguidas y excluidas en la tierra donde nacieron.

FIRMADO

COORDINACIÓN NACIONAL CPN

Santo Domingo, República Dominicana».

Por Nancy Roc

Miami, AlterPress.- Llega el 18 de mayo, y con él esta pregunta que muchos haitianos tal vez eviten hacerse: ¿Qué representa todavía una bandera para un pueblo que ya no sabe verse a sí mismo como pueblo?

El azul y el rojo deberían recordarnos la unión, la memoria, el sacrificio, la dignidad redescubierta después de la esclavitud. Pero ¿qué sucede con una bandera cuando la nación que dice unir es destrozada, herida, violada, asesinada por sus propios hijos, ya sean pandilleros, financistas de pandillas, cómplices silenciosos, políticos cínicos o ciudadanos acostumbrados durante demasiado tiempo a acusar a otros sin cuestionar nunca su propia parte de responsabilidad?

¿Haití sigue siendo un país en el que barrios enteros ya no responden a la autoridad estatal? ¿Cuando las familias duermen al aire libre, huyen de un pueblo a otro y comienzan su exilio nuevamente dentro de su propia tierra natal?

Según la OIM, más de 1,45 millones de personas están actualmente desplazadas dentro de Haití, en una crisis de proporciones históricas. Entre ellos, cientos de miles de niños, nacidos con miedo, criados huyendo, condenados a enterarse demasiado pronto de que la casa puede arder, que la escuela puede cerrar, que la calle puede matar.

Mientras tanto, en otros lugares, la diáspora celebra la Mes de la Herencia Haitiana. Celebra la cultura, la gastronomía, la bandera, la memoria, las Dessalines, las Vertières, el orgullo de ser haitiano. Y tiene razón en querer preservar lo que queda de nuestra grandeza.

¿Pero cómo no podemos ver el cruel contraste? Por un lado, banderas ondeaban en las calles de Nueva York, Miami, Montreal o París; por el otro, millones de haitianos prisioneros del hambre, el miedo, la humillación y el abandono.

Por un lado, la nostalgia por Haití; por el otro, el colapso de Haití.

Por un lado, el país de los sueños; por el otro, el país real.

La verdad es brutal: Haití no sólo fue destruido por extranjeros. Haití también fue devorado desde dentro.

Hemos encontrado refugio en la acusación permanente durante demasiado tiempo: los colonos franceses, los americanos, los dominicos, los blancos, los mulatos, los negros, los ricos, los pobres, la burguesía, los políticos, las ONG, la diáspora. Todos ellos tienen un elemento de historia, influencia o responsabilidad.

Pero al acusar a todos, nos olvidamos de mirarnos al espejo.

¿Quién entregó los barrios a las pandillas? ¿Quién financió las armas? ¿Quién compró conciencias? ¿Quién aplaudió a los criminales cuando servían en un campo político? ¿Quién aceptó que el odio de clase reemplaza a la ciudadanía? ¿Quién enfrentó a los haitianos entre sí hasta el punto de hacer de la fraternidad una palabra vacía?

Nuestro lema dice: » Hay fuerza en la unidad «. Pero hoy este lema suena como una acusación.

¿Qué sindicato? ¿qué fuerza?

¿El de las familias desplazadas? ¿El de los niños sin escuela? ¿El de los jóvenes que ya no sueñan con construir su país sino sólo con huir de él? ¿La de una sociedad donde demasiadas personas quieren enriquecerse rápidamente, a cualquier precio, porque han comprendido que en Haití la honestidad no protege, que el trabajo no es suficiente, que el crimen muchas veces paga mejor que el esfuerzo?

Y la cosa empeora: la palabra unión ha quedado empañada. Cuando bandas acusadas de masacres, violaciones, secuestros y desplazamientos forzados se apropian de la frase «Viv Ansanm», se trata de una obscena inversión de significado.

No vivimos juntos aterrorizados.
No se construye una comunidad con cadáveres, rescates, mujeres violadas, niños alistados, familias expulsadas. Las palabras tienen peso. Y cuando un país permite que sus verdugos roben las palabras de fraternidad es porque la descomposición moral ya está muy avanzada.

Así que sí, debemos atrevernos a hacer la pregunta prohibida: ¿No es a veces el peor enemigo del haitiano el propio haitiano? No por esencia, no por inevitabilidad, no porque estaríamos condenados a la violencia o al fracaso. Pero porque un odio constantemente renovado, transmitido, explotado, impune, ha reemplazado gradualmente al sentimiento nacional.

Aprendimos a despreciarnos a nosotros mismos antes de aprender a respetarnos a nosotros mismos. Hemos confundido ingenio con cinismo, astucia con inteligencia, impunidad con éxito.
Hemos tolerado pequeños acuerdos hasta el punto de producir grandes crímenes.

¿Cómo reconstruir un país en estas condiciones? ¿Con qué cemento moral? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué juventud, si esta juventud ve en Haití sólo una trampa para huir o un mercado para saquear? ¿Con qué ciudadanos, cuando millones de personas traumatizadas se ignoran entre sí, soportando silenciosamente los estigmas del miedo, el duelo, el exilio interno, la humillación diaria?

Podrían necesitarse dos generaciones para sanar las heridas invisibles que esta crisis imprime en los cuerpos y las mentes. Y de nuevo, siempre y cuando finalmente empecemos a nombrar el mal.

Por tanto, el 18 de mayo no debería ser sólo una celebración. Debería ser un examen nacional de conciencia.

Agitar la bandera ya no es suficiente

Usarlo en la ropa, exhibirlo en un perfil, cantarlo en una ceremonia o usarlo en el escenario en un concierto no salvará a Haití. Una bandera no es un tejido mágico. Sólo tiene sentido si quienes lo saludan también aceptan los deberes que impone: verdad, responsabilidad, solidaridad, justicia.

Haití no está muerto mientras haya haitianos capaces de rechazar mentiras. Pero Haití no renacerá si continuamos celebrando la unión mientras cultivamos el odio, hablando de patria mientras la saqueamos, invocando al pueblo mientras lo abandonamos.

La bandera nos está mirando

Y este año, quizás más que nunca, no sólo nos pide que lo honremos: Nos obliga a preguntarnos qué estamos todavía dispuestos a hacer para merecerlo.

Santo Domingo.- Un joven de 26 años fue acribillado a machetazos por su suegro en la comunidad de Jalonga, Hato Mayor, quien aprovechó que dormía para cometer el crimen contra quien solía llamar “maldito haitiano”.

Andrés Benítez, oriundo de Hato Mayor, emprendió la huida tan pronto atentó contra la vida de Rudy Merisus.

No quería haitianos en su familia

El incidente tuvo lugar luego que el victimario expresara disgustos por las relaciones de su hija María Benítez “con un haitiano”.

Andrés siempre rechazó al esposo de María, razón por la que un día se emborrachó, tomó su machete y fue a la casa donde vivía su hija con su esposo Rudy Merisus, informó el pastor Wilson Chal, cercano a la familia.

Por mala suerte, según dijo Chal, el muchacho dormía una siesta a las 2:00 de la tarde del martes, día 19 de mayo de 2026, cuando Andrés le propinó diez heridas a machetazos en distintas partes de su cuerpo, incluso en la cabeza.