La Paz, RT.- Las protestas antigubernamentales y bloqueos que desde hace semanas sacuden a Bolivia han sido detonadas por una mezcla de escándalos de narcotráfico, venta de combustible de mala calidad y propuestas de leyes impopulares.
Uno de los principales desencadenantes de las protestas en Bolivia fue la aprobación de la abrogada Ley N.º 1720 (o Ley de Reconversión de Tierras), promulgada el 10 de abril pasado. Este instrumento legal autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión voluntaria y gratuita de la «pequeña propiedad agraria» a «mediana propiedad».
Esta modificación generó gran rechazo y movilizaciones entre los sectores campesinos e indígenas que consideran que vulnera sus derechos y genera beneficios a grandes empresarios agroindustriales. Además de contribuir a la deforestación y al cambio de uso de los suelos, según Mongabay.
La Fundación Tierra consideró que esta ley, derogada en medio de las crecientes protestas, era inconstitucional y alentaba la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos, lo que dejaba a los pequeños productores indígenas en estado de indefensión.
El instrumento legal abría la posibilidad a que los indígenas vendieran sus pequeñas propiedades a los grandes agroindustriales, que las comprarían a precios muy bajos, o que se endeudaran hipotecándolas en bancos para obtener créditos agroindustriales, con riesgo incluso de perderlas.
En la misma línea, como los nuevos dueños serían de sectores pudientes con maquinaria, tecnología y alta capacidad productiva, los terrenos serían explotados de una manera exponencialmente mayor, lo que causaría un impacto ambiental negativo.
Seguidilla de proyectos de ley impopulares
El 28 de diciembre de 2020, durante el gobierno del expresidente Luis Arce, se sancionó la Ley de Impuestos a las Grandes Fortunas, que se aplicó a los bienes de quienes tuvieran un patrimonio de 30 millones de bolivianos (4,3 millones de dólares), que debían pagar un tributo anual y permanente.
Dos semanas luego de su llegada a la presidencia, Paz anunció que la eliminaría, argumentando que el impuesto a las grandes fortunas ahuyentó más de 2.000 millones de dólares en inversiones que se fueron a Paraguay, según AP. No obstante, su propuesta no ha obtenido el visto bueno en la Cámara de Diputados, que le pidió modificar su proyecto.
La iniciativa de Paz también ha generado rechazo en las calles debido a que los movimientos y gremios consideran que, al eliminar la recaudación de impuestos a las grandes fortunas, se debilita el ingreso de recursos al Estado y se favorece a las clases privilegiadas.
¿Bloqueos como delito?
Otro de los instrumentos legales que ha generado inquietud es el proyecto de Ley Antibloqueos, impulsado por el diputado opositor Carlos Alarcón. Conforme a la propuesta de diciembre de 2025, los bloqueos se considerarían un delito que debe ser «severamente castigado, por los enormes daños que provoca» y que generaría cárcel de 3 a 20 años, según el caso.
El presidente boliviano ha mostrado su desacuerdo con esta propuesta legislativa y ha dicho que su país «no requiere una Ley Antibloqueos» y que lo que necesita es «dialogar y reencontrarse«.
Por su parte, la Central Obrera de Bolivia (COB), que participa activamente en las protestas y está al frente de una huelga general, ha dicho que este instrumento legal no se propuso «ni en los peores momentos de dictadura» y que busca acabar con «la última herramienta reivindicativa que tiene el país».
La «gasolina basura»
Gran malestar social ha causado en Bolivia la crisis de la llamada «gasolina basura». La mala calidad de combustible ha afectado a miles de usuarios de vehículos, sin que haya una respuesta oficial satisfactoria para la ciudadanía.
Ante las quejas y denuncias, la primera reacción del Gobierno fue la de negar que hubiera alguna irregularidad en el combustible comprado a Argentina, Paraguay y Chile. «YPFB reafirma ante la opinión pública que la Gasolina Especial Plus que se comercializa en el país cumple plenamente con los estándares de calidad», rezaba un comunicado de la estatal.
Debido a que los vehículos seguían presentando fallas, el presidente dijo que había detectado un «sabotaje» para desestabilizar a su Administración y dio la orden de militarizar las instalaciones de YPFB para protegerla «de las mafias y la corrupción» y «blindar la soberanía energética», informa El Deber.
Estas versiones no cuajaron en la población, aunque, según el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, la crisis llegó a su fin. El funcionario aseguró que la gasolina que se distribuye actualmente en el país «es más controlada, más tratada y más segura que nunca», refiere Visión 360.
Conforme a su versión, las fallas se debieron a que había un vacío normativo grave sobre la gasolina que se importaba; mal estado del sistema operativo de almacenamiento en el país y la detección de diolefinas, compuestos inestables que obstruyen los inyectores y dañan los motores.
¿Dónde están las 32 maletas?
La desaparición de 32 maletas que entraron a Bolivia de manera irregular y la poca claridad inicial que tuvo el Gobierno sobre el caso también generaron malestar en la población.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, justificó en una entrevista a El Deber el silencio gubernamental y dijo que «hablar antes habría significado interferir en una investigación en curso».
Todo comenzó cuando 32 maletas ingresaron en un vuelo privado, de manera irregular, al Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, procedentes de EE.UU., entre el 28 y el 29 de noviembre de 2025, según las autoridades policiales bolivianas, recoge Opinión.
A cargo del equipaje estaba la exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas, quien evadió los controles aduaneros porque habría usado un pasaporte diplomático vencido. La exparlamentaria viajaba con Gabriel Giuliano León, un ciudadano extranjero de doble nacionalidad, actualmente prófugo de la Justicia, y sus dos hijas menores.
Las valijas permanecieron por cuatro días en los depósitos de la aduana sin que fueran revisadas por el personal de seguridad, lo que también es investigado. Posteriormente, la exdiputada pasó a recogerlas sin que fueran inspeccionadas.
El equipaje fue llevado a un galpón de la empresa de seguridad privada Ebose, propiedad del exjuez Herbert Zeballos, según El Deber.
Tras una alerta internacional, las autoridades llegaron al lugar para buscar armamento ilícito y sustancias ilegales. Al ingresar al galpón, encontraron 76 kilogramos de marihuana oculta en distintos objetos, lo que dio pie al inicio de una investigación por tráfico de sustancias controladas.
Hasta el momento, no se sabe cuál era el contenido del equipaje debido a que nunca fue escaneado. Mientras que unas versiones dicen que podían ser millones de dólares, otras consideran que era armamento y otras que serían drogas.
Por el hecho están detenidas seis personas, entre ellas la exdiputada, el exjuez y personal aduanero responsable de la revisión del equipaje.
Entre las víctimas, muchas murieron por balas en sus casas o mientras vaciaban sus respectivos barrios.
