Por Ephraim Alburquerque
Las declaraciones recientes del presidente Luis Abinader sobre el origen de la deuda pública dominicana han reabierto un debate que, más que económico, es político y moral. Durante su intervención, el mandatario afirmó que el 80 % de los préstamos contratados por su gestión se han destinado a pagar deudas heredadas de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina.
La frase ha resonado con fuerza en la opinión pública. Pero más allá del efecto retórico, merece un análisis sereno sobre lo que realmente está en juego: la sostenibilidad financiera del país y la credibilidad de los discursos oficiales.
El argumento presidencial
El presidente sostiene que gran parte del endeudamiento reciente no responde a nuevos proyectos, sino al pago de compromisos previos acumulados por las gestiones anteriores. Según sus datos, la deuda pasó del 30.5 % al 49.7 % del PIB durante el gobierno de Medina, lo que —en su visión— obliga a su administración a asumir un peso que no generó.
Este planteamiento tiene un mérito: pone sobre la mesa un tema que rara vez se discute con transparencia. Invita a revisar con datos cómo y para qué se ha endeudado el Estado dominicano en las últimas dos décadas. Y, de paso, coloca a la ciudadanía frente a la necesidad de exigir claridad a todos los gobiernos, pasados y presentes.
Las preguntas que quedan abiertas
Sin embargo, la afirmación presidencial también plantea interrogantes. Decir que el 80 % de los préstamos actuales se utilizan para pagar deudas anteriores puede simplificar demasiado una realidad compleja. No todo préstamo nuevo se destina necesariamente al pago de pasivos: parte se dirige a obras de infraestructura, programas sociales o déficit fiscal.
Además, si el argumento se apoya en cifras oficiales, debe ser sustentado con datos verificables, publicados y auditados. De lo contrario, corre el riesgo de quedar en el terreno de la política discursiva más que en el de la evidencia.
Por otra parte, culpar exclusivamente al pasado puede convertirse en un recurso fácil, pero poco productivo. El gobierno actual también debe rendir cuentas sobre cómo gestiona los nuevos compromisos, cómo invierte los recursos y qué estrategia aplica para reducir la dependencia del endeudamiento.
Más allá del debate partidario
El tema de la deuda no puede quedar atrapado en el intercambio de acusaciones entre partidos. Es un asunto que afecta el presente y el futuro de todos los dominicanos: el costo de la vida, la inversión pública, los servicios sociales y la confianza internacional en la economía del país.
El país necesita una discusión madura, basada en datos, auditorías y políticas fiscales responsables. Solo así podrá distinguirse la deuda legítima del despilfarro, y la necesidad económica del oportunismo político.
Conclusión
El pronunciamiento del presidente Abinader ha reactivado un tema necesario, pero también incómodo: ¿quién debe rendir cuentas por la deuda acumulada?. El debate no debe girar solo en torno a los nombres de Leonel o Danilo, sino en torno a una pregunta más profunda: ¿cómo construir un modelo económico que deje de vivir del préstamo y empiece a sustentarse en productividad, eficiencia y transparencia?
La deuda es, al fin y al cabo, un espejo del país que hemos construido. Y en ese espejo, el pasado y el presente comparten responsabilidades.
