InicioNacionalesVinieron por las mujeres, ahora vienen por nuestras niñas y nuestros niños

Vinieron por las mujeres, ahora vienen por nuestras niñas y nuestros niños

Por Anny Minerva Jaquez Reyes
Barahona.- Es noviembre. El mes en que volvemos a levantar la voz contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Y, sin embargo, parece que no les ha bastado con venir por nosotras. Ahora también estamos viendo cómo la violencia alcanza a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes, incluso en los espacios donde deberían encontrar cuidado, protección y confianza.
Más de 80 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en República Dominicana durante 2026, según los conteos publicados por medios nacionales. Detrás de esa cifra hay vidas interrumpidas, familias atravesadas por el dolor, niñas y niños que pierden a sus madres y comunidades que vuelven a preguntarse qué pudo haberse hecho para evitar otra muerte.
No son números aislados. Son una advertencia sobre la dimensión de una violencia que sigue reproduciéndose y que el Estado, las instituciones y la sociedad no hemos conseguido detener.
Y cuando miramos lo que está ocurriendo con las niñas y los niños, la preocupación adquiere otra dimensión.
En los últimos días, los medios han informado sobre la muerte de una niña de tres años en Nagua, cuyas circunstancias todavía están bajo investigación; sobre el asesinato de una niña de 12 años en Villas Agrícolas, en un caso en el que se han reportado presuntas agresiones sexuales; y sobre una investigación por agresión sexual contra una bebé de un año. Son hechos distintos, con procesos y circunstancias que deben establecerse por las autoridades. No corresponde anticipar conclusiones judiciales ni convertir el sufrimiento de esas niñas en espectáculo.
Corresponde, en cambio, preguntarnos qué está fallando para que niñas tan pequeñas estén expuestas a formas tan graves de violencia. Qué redes de protección no llegaron a tiempo. Qué señales no fueron atendidas. Qué responsabilidades institucionales y familiares deben investigarse. Y, sobre todo, qué debemos transformar para que ninguna niña tenga que depender de la suerte para estar a salvo.
No necesitamos conocer detalles íntimos de sus historias para comprender la gravedad. Tampoco necesitamos reproducir imágenes, nombres, videos ni descripciones que puedan revictimizarlas. La dignidad de las víctimas no puede quedar subordinada a la curiosidad pública. La protección de su identidad es una obligación ética y jurídica, no una cortesía.
La violencia no empieza con el asesinato
Una de las formas más peligrosas de mirar estos hechos es tratarlos como episodios excepcionales, como si cada agresor apareciera de pronto y cada crimen ocurriera sin antecedentes, sin señales y sin un entorno que lo permita.
La violencia contra las mujeres y las niñas tiene raíces profundas. Se sostiene en relaciones desiguales de poder, en la idea de que los cuerpos de las mujeres pueden ser controlados, en la autoridad masculina convertida en privilegio y en una cultura que todavía encuentra excusas para justificar el abuso, la coerción y la violencia.
Los feminicidios no son crímenes pasionales. No son el resultado inevitable de una separación, de los celos o de una discusión. Son asesinatos que se producen en contextos de desigualdad y violencia, y que exigen investigación, prevención y responsabilidad institucional.
Un estudio del Poder Judicial dominicano sobre sentencias de 2020 a 2024 identificó que muchos de los hechos examinados ocurrieron en el ámbito doméstico y estuvieron vinculados a parejas, exparejas o personas del entorno cercano. Entre los motivos descritos aparecen el control, la negativa a aceptar una separación, los celos y la intención de mantener el dominio sobre la mujer. Esa evidencia obliga a desmontar la narrativa que presenta estos crímenes como reacciones espontáneas o asuntos privados.
La casa no siempre es un lugar seguro. La familia no siempre protege. La cercanía no garantiza cuidado. Y el silencio, cuando protege al agresor, se convierte en parte del problema.
Durante 2025, el Ministerio Público recibió 73,295 denuncias relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Esa cifra no representa necesariamente a 73,295 víctimas distintas ni equivale a condenas. Representa la dimensión de los hechos que llegaron a conocimiento del sistema de justicia.
En el primer semestre de 2025, los registros publicados por el Ministerio Público incluyeron denuncias por violación, agresión sexual, acoso sexual, incesto y seducción de personas menores de edad. Son categorías distintas y cada una exige respuestas especializadas. Que aparezcan juntas en los registros no debe hacernos perder de vista que detrás de cada denuncia puede haber una niña, un niño, una adolescente o una mujer enfrentando miedo, dependencia, amenazas y enormes obstáculos para hablar.
A esto se suma un dato que debería estremecer cualquier política pública de protección infantil: la investigación Disrupting Harm, de UNICEF, ECPAT e INTERPOL, estimó que el 23 % de las personas de 12 a 17 años usuarias de internet en el país experimentó alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología durante los doce meses anteriores al estudio. En el 68 % de los casos reportados, el agresor era alguien conocido por la víctima. Menos del 1 % de estas experiencias llegó a las autoridades.
No estamos hablando solamente de desconocidos que acechan en internet. Estamos hablando también de personas del entorno, de relaciones de confianza utilizadas para agredir, de espacios cotidianos donde niñas y adolescentes deberían estar protegidas.
La violencia sexual contra la niñez no puede reducirse a una conversación sobre internet, ni a una advertencia para que las niñas tengan cuidado. La responsabilidad nunca es de la niña. La responsabilidad es de quien agrede y de los sistemas que deben prevenir, detectar, investigar y proteger.
La violencia también se aprende y se normaliza. UNICEF informó, a partir de los resultados de ENHOGAR-MICS 2025, que el 54.9 % de los niños y niñas de 1 a 14 años experimentó alguna forma de disciplina violenta en el hogar. Entre los niños y niñas de 3 a 4 años, la proporción alcanzó el 61.4 %.
No toda disciplina violenta es abuso sexual ni toda forma de castigo conduce inevitablemente a una agresión extrema. Sin embargo, estos datos muestran hasta qué punto la violencia sigue presente en las prácticas de crianza y en las relaciones de autoridad. No podemos enseñar obediencia a través del miedo y después sorprendernos de que tantas personas crezcan creyendo que quien tiene poder puede disponer del cuerpo, la voluntad y la dignidad de otra.
Con frecuencia, cuando una mujer es asesinada, la conversación pública gira alrededor de una pregunta: ¿había denunciado?
La pregunta puede ser relevante para reconstruir la actuación institucional, identificar antecedentes y determinar si hubo omisiones. Lo que no podemos hacer es convertirla en una medida de la responsabilidad de la víctima.
Una mujer no tiene que haber denunciado para merecer protección. Una niña no tiene que haber contado lo ocurrido para que el Estado tenga el deber de protegerla. Una adolescente no tiene que encontrar las palabras, reunir pruebas o enfrentar sola a su agresor para que su integridad sea reconocida.
Denunciar puede implicar miedo, dependencia económica, amenazas, vergüenza impuesta socialmente, desconfianza en las instituciones y temor a que el agresor tome represalias. Cuando la persona denunciada pertenece a la familia o al círculo cercano, el silencio puede estar acompañado de presiones, manipulación y relaciones de dependencia.
Además, denunciar no es lo mismo que recibir protección efectiva. Una orden de protección que no se ejecuta, una evaluación de riesgo superficial, una atención que obliga a repetir una y otra vez la historia, una investigación que se demora o una institución que no coordina con las demás pueden dejar a una víctima expuesta.
Por eso, la pregunta que debe hacerse el Estado no es únicamente si la mujer denunció. También debe preguntarse qué hizo cuando recibió la denuncia, qué valoración de riesgo realizó, qué medidas adoptó, cómo dio seguimiento y qué ocurrió después.
La protección no puede depender de la capacidad individual de una mujer para sobrevivir a un sistema fragmentado.
La Ley Mirabal: una respuesta necesaria que debe convertirse en realidad
En este escenario, la discusión sobre la Ley Orgánica Mirabal no puede tratarse como un asunto secundario ni como una iniciativa más en la agenda legislativa. Su propuesta fue depositada ante la Cámara de Diputados en octubre de 2026 y busca actualizar el marco de respuesta a la violencia contra las mujeres, articulando responsabilidades institucionales en materia de prevención, protección, atención, investigación, sanción y reparación.
La Ley 24-97 representó un avance importante en su momento. La realidad social, las formas de violencia y las obligaciones del Estado exigen una respuesta normativa e institucional actualizada. La Ley Mirabal puede contribuir a establecer un marco más integral y a ordenar responsabilidades que no pueden seguir dispersas entre instituciones que muchas veces actúan sin la coordinación necesaria.
Desde una mirada jurídica y feminista, hay que decirlo con claridad: aprobar una ley no elimina por sí sola las relaciones de poder que producen la violencia. Ningún texto legal, por avanzado que sea, protege a una mujer si no existen presupuesto, personal capacitado, servicios accesibles, refugios suficientes, atención psicológica y jurídica, mecanismos de seguimiento y respuestas oportunas en los territorios.
La ley necesita voluntad política, recursos y mecanismos verificables de cumplimiento. Necesita que las instituciones rindan cuentas. Necesita que la prevención no se limite a campañas de noviembre y que la educación en igualdad, autonomía, consentimiento y derechos humanos forme parte de una política sostenida.
También necesita reconocer que las mujeres no vivimos las mismas condiciones. Una mujer de un barrio popular, una mujer rural, una mujer negra, una mujer con discapacidad, una adolescente o una mujer que depende económicamente de su agresor puede enfrentar obstáculos particulares para acceder a protección. Una política que no tome en cuenta esas desigualdades corre el riesgo de dejar fuera precisamente a quienes más necesitan que el Estado llegue.
Y cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, la respuesta debe articularse con el sistema de protección de la niñez, garantizar atención especializada y evitar que los procedimientos institucionales reproduzcan el daño. La protección integral no puede depender de que una institución le transfiera el problema a otra.
La Ley Mirabal debe avanzar. Y su aprobación tiene que ser el comienzo de una exigencia mayor: que el Estado cumpla.
Hay una responsabilidad que también nos corresponde como sociedad. No para sustituir al Estado, ni para trasladar a las comunidades la carga de resolver solas una violencia estructural, sino para dejar de proteger culturalmente a los agresores.
Tenemos que revisar lo que enseñamos sobre la masculinidad, la autoridad, la sexualidad, el consentimiento y el derecho de las niñas y las mujeres a decidir sobre sus vidas. Tenemos que dejar de llamar disciplina al maltrato, problema de pareja a la violencia, asunto familiar al abuso sexual y tragedia a lo que muchas veces pudo prevenirse.
Necesitamos educación sexual integral, educación popular, acompañamiento comunitario, servicios públicos que funcionen y organizaciones sociales con capacidad de participar en la prevención y la vigilancia de las políticas públicas. Necesitamos escuchar a las niñas, creerles, protegerlas y construir espacios donde puedan hablar sin miedo a ser culpabilizadas.
No podemos pedirles a las mujeres que sean valientes mientras les negamos condiciones materiales para salir de la violencia. No podemos pedirles a las niñas que cuenten lo que les ocurre si no construimos entornos donde sean escuchadas y protegidas. No podemos celebrar discursos sobre la familia mientras ignoramos que, para algunas, el peligro está precisamente dentro de ella.
Noviembre nos convoca a visibilizar, denunciar y movilizarnos contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Es un mes de memoria, reivindicación y lucha colectiva, sostenido por décadas de resistencia feminista y por el trabajo cotidiano de tantas mujeres y organizaciones que no han dejado de defender la vida. El desafío está en que esa conciencia y esa movilización se traduzcan en compromisos permanentes del Estado y de toda la sociedad. La violencia no toma vacaciones, las mujeres no dejan de estar en riesgo el 1 de diciembre y las niñas no dejan de necesitar protección cuando termina el calendario de actividades.
Más de 80 feminicidios en un año deberían bastar para comprender que no estamos ante hechos aislados. Las denuncias por violencia intrafamiliar y sexual, los casos que involucran a niñas y adolescentes y los datos sobre abuso que ni siquiera llegan a las autoridades nos obligan a mirar el problema de frente.
Es como si hubieran venido por las mujeres y ahora vinieran también por nuestras niñas y nuestros niños. No podemos aceptar que el miedo sea parte de su infancia ni que la violencia sea el precio de crecer en esta sociedad.
Que no vengan por nuestras niñas. Que no encuentren silencio, indiferencia ni instituciones ausentes. Que la protección deje de ser una promesa y se convierta en una realidad cotidiana.
¡Que no vengan por nuestras niñas!

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Must Read

spot_img