Por Gotson Pierre
Puerto Príncipe, 12 de noviembre de 2026 [AlterPresse] — A medida que se intensifican las operaciones contra las bandas armadas en Haití, con la participación de más de 2.000 soldados salvadoreños, los desafíos de coordinar fuerzas y respetar los derechos humanos se vuelven cada vez más acuciantes, en un contexto de expectativas persistentes por parte de la población en materia de seguridad y protección.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el martes 10 de noviembre de 2026 la destrucción de la casa de Wilson Joseph, alias «Lanmò San Jou», líder de la banda 400 Mawozo, así como la sede de este grupo armado, en la zona de Croix-des-Bouquets.
Esta operación tuvo lugar pocos días después de la muerte de Mathias Saintil, líder de la banda que controlaba la zona de Cité Soleil en Boston. Estas intervenciones representan duros golpes para los grupos armados, pero aún está por verse su impacto duradero en el control territorial.
Se exigen garantías en materia de derechos humanos.
La intensificación de las operaciones también plantea interrogantes sobre su supervisión y las garantías ofrecidas a la población civil.
Amnistía Internacional insta a los gobiernos de Haití y El Salvador a garantizar el respeto de los derechos humanos. La organización señala que la mayoría de los soldados salvadoreños desplegados en Haití no están bajo el mandato de la Fuerza para la Represión de las Bandas Criminales (FRG), según Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, exige la publicación del acuerdo que rige este despliegue, la clarificación de las reglas de enfrentamiento y los mecanismos de supervisión, así como investigaciones independientes sobre cualquier posible violación. Insiste en la protección de la población civil y el respeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
La coordinación, otro aspecto clave de las operaciones
La coordinación de las intervenciones también es un punto de fricción entre Washington y San Salvador. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha pedido una mejor coordinación, mientras que la embajada de Estados Unidos en Haití ha criticado a las tropas salvadoreñas, a lo que Nayib Bukele ha respondido.
A nivel nacional, el 9 de noviembre de 2026, el Ministro de Defensa, Mario Andrésol, convocó a Vladimir Paraison, Director General de la Policía Nacional de Haití (PNH), Erdenebat Batsuuri, Comandante en Jefe de la Gendarmería, y dos miembros del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Haití. Las conversaciones se centraron en el desarrollo de una estrategia conjunta, el despliegue de unidades en zonas operativas y la protección de emplazamientos estratégicos.
Se esperan resultados concretos.
Más allá de los recursos militares movilizados y las operaciones anunciadas, la población espera poder vivir sin miedo, desplazarse libremente, reanudar sus actividades y regresar a los barrios abandonados bajo la amenaza de bandas armadas.
La situación se agrava aún más porque, según la ONU, 1,5 millones de personas siguen viviendo en campamentos o con familiares, tras huir de sus hogares, que fueron incendiados, destruidos o saqueados por bandas criminales en los últimos cinco años. Estos grupos armados han asesinado a miles de personas durante ese mismo periodo.
La eficacia de la ofensiva se medirá, por tanto, por la capacidad de las autoridades para recuperar el control duradero de las zonas ocupadas, proteger a la población, prevenir nuevos actos de violencia y crear las condiciones para el retorno a la normalidad.
