Santo Domingo.- Careció de transparencia, equidad e imparcialidad la asamblea que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), según denunciaron públicamente algunos de sus dirigentes.
El presidente actual de la organización, el doctor Manuel María Mercedes, resultó reelecto a unanimidad sin la presencia de un grupo disidente que alegó supuestas trabas para acceder a deliberar.
La actividad, realizada el domingo, día 27 de septiembre de 2025, fue incidentada por reclamos de seguidores del vicepresidente nacional Rafael Ureña, responsable de la región Este con asiento en La Romana, a quienes se les habrían colocado obstáculos para el acceso al aula Nu de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
En un momento de la asamblea Ureña salió para luego retornar con un llamado a representantes del Este y a todo el que desee, a que salieran. Supuestamente después no se les permitió la entrada, ya de manera definitiva.
El incidente generado por el intento de penetrar al local de una parte de los asistentes generó un bullicio, mientras algunos vociferaban a todo pulmón.
Ante estas acusaciones, algunos de los dirigentes participantes en la protesta solicitaron la suspensión inmediata de la asamblea para evitar acciones legales posteriores y convocar un nuevo proceso transparente, incluyente y democrático.
Una “dictadura”
Zacarías Cabrera, presidente regional de la CNDH en Santo Domingo, calificó la situación como una «violación a la Constitución» y una «dictadura de más de 20 años» dentro de una institución “destinada a defender los derechos de la ciudadanía”.
Según explicaron los voceros durante la jornada, la actual directiva, encabezada por Manuel María Mercedes, “lleva más de 20 años en el cargo sin realizar procesos democráticos legítimos”.
Los denunciantes sostienen que la asamblea —que estatutariamente debería celebrarse cada tres años— llevaba más de cuatro a cinco años sin realizarse.
Atribuyen otras anomalías
Entre las principales anomalías señaladas destacan:
–Exclusión de delegados acreditados: Se impidió el acceso y derecho al voto a delegados legítimos de diversas regiones, incluyendo el Este y la capital, “a quienes se les vulneró el derecho constitucional de elegir y ser elegidos”.
Falta de imparcialidad en la Comisión Organizadora: La comisión organizadora, que integrarían más de 20 personas, “fue conformada unilateralmente”, sin participación ni representación de las demás partes de la institución.
Abuso en la conformación del quórum: Se denunció la inclusión de personas no acreditadas, carentes de carnets institucionales, e influencias de sectores externos como el partido Frente Amplio para alterar la lista de votantes.
