La ciudad de Gressier, una comuna costera ubicada en el departamento de Oeste de Haití, aproximadamente a 20-40 km al oeste de Puerto Príncipe, se hunde un poco más en la espiral de violencia.
Puerto Príncipe, Lequotidien509.- En el transcurso de un fin de semana, casi veinte personas murieron en ataques atribuidos a miembros de la coalición criminal «Viv Ansanm».
Hasta el momento no se ha registrado ninguna reacción pública por parte de las autoridades.
Una nueva tragedia ilustra, una vez más, la incapacidad del Estado para proteger a las poblaciones que viven en zonas amenazadas permanentemente por grupos armados.
18 viajaban en motocicletas
Según información comunicada por Jean Célestin Somoza, responsable de comunicaciones de la Organización de la Sociedad Civil del municipio de Gressier, los hechos ocurrieron el viernes 31 de julio.
Se informó que dieciocho personas que viajaban en motocicletas fueron asesinadas a tiros por los atacantes.
Más allá del costo humano, es la ausencia del Estado lo que hoy suscita gran indignación.
Jean Célestin Somoza denuncia la conducta de la policía y de las autoridades municipales, a quienes acusa de no haber tomado medidas para apoyar a las familias en la recuperación de los restos.
Según él, esta misión debería haber sido asumida por los poderes públicos, tanto por razones humanitarias como para preservar la dignidad de las víctimas.
«Las autoridades deberían haber sido las primeras en organizar operaciones para recuperar los cuerpos. Dejaron a la población sola ante esta tragedia, lamenta.
También informó que los hombres armados extendieron sus abusos a la localidad llamada «Échalot», donde varias casas y vehículos fueron incendiados.
Sin localizar sus cadáveres
Algunas víctimas, originarias del sur profundo y que simplemente pasan por la región, siguen siendo imposibles de rastrear. Sus seres queridos no pueden recuperar sus cuerpos para realizar el funeral, situación que añade sufrimiento psicológico al drama de seguridad.
En Gressier, la calma observada desde estos ataques no refleja en modo alguno un retorno a la normalidad. Se trata más bien de una calma aparente, impuesta por grupos armados que parecen ejercer un control de facto sobre parte del territorio. Los residentes viven bajo la amenaza permanente de una nueva ofensiva, mientras que las instituciones públicas brillan con su discreción.
Los acontecimientos ocurridos en Gressier ilustran una realidad cada vez más preocupante: en varios municipios los grupos armados ya no se contentan con desafiar a la autoridad pública; imponen su propia ley, controlan el movimiento, aterrorizan a los residentes y, en ocasiones, deciden quién puede vivir o morir.
