Puerto Príncipe.- La Red Haitiana de Periodistas Anticorrupción (RHAJAC) presentó oficialmente una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo (CSCCA) el 7 de julio de 2025 para denunciar lo que considera un grave caso de corrupción que involucra al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.
En una carta dirigida al presidente de la institución, Rogavil Boisguéné, la red solicita la apertura de una investigación imparcial sobre una deuda de cinco millones de dólares estadounidenses que Sunrise Airways mantiene con el Estado haitiano.
Según la RHAJAC, estos fondos provienen de impuestos no pagados sobre la venta de boletos de avión, “y la compañía recibe un trato preferencial que se considera inaceptable”.
Otros US$11 millones
A pesar de esta deuda, el jefe de gobierno supuestamente adjudicó a Sunrise Airways un contrato de 11 millones de dólares «sin ningún requisito de reembolso, transparencia ni reducción de precios», según los denunciantes.
La RHAJAC considera que “se trata de una clara colusión entre el primer ministro y varios empresarios influyentes, entre ellos Philippe Bayard, Vioser Saliba III, Olivier Barreau y Christopher Handal”.
«¿Cómo puede un primer ministro que se supone debe defender los intereses del país firmar un acuerdo así en medio de una crisis nacional?», protestó un miembro de la red, destacando la naturaleza dudosa de esta transacción.
¿Con líderes de las bandas?
La RHAJAC va más allá, acusando al Primer Ministro de mantener relaciones directas o indirectas con líderes de bandas armadas.
Según el documento presentado ante la CSCCA, el jefe de gobierno está bloqueando deliberadamente el uso de drones explosivos, que supuestamente se desplegarían para neutralizar a grupos terroristas.
«Esta es una estrategia bien orquestada para proteger a sus aliados y mantener un clima de terror que le sea políticamente favorable», afirma la red, citando un clima de abuso constante contra la ciudadanía.
La RHAJAC insta a las autoridades a demostrar valentía y responsabilidad. «Exigimos al Tribunal Superior de Cuentas que actúe con rapidez y rigor”.
El pueblo tiene derecho a la verdad y la justicia», subraya el comunicado.
Para la organización, el futuro de la nación depende ahora de la capacidad de las instituciones para romper las cadenas de la impunidad y la corrupción en las altas esferas.
