Santo Domingo.- El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, solicitó a los funcionarios del gobierno denunciar las irregularidades que eventualmente hayan cometido los funcionarios del gobierno anterior, la gravedad y las consecuencias penales aplicables a los responsables, tal como se hizo en su ocasión en el gobierno que presidió Joaquín Balaguer.
A su retorno al poder en 1986, el extinto líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) propició cada lunes en la noche en un espacio televisivo la lectura de cada una de supuestas anomalías encontradas en la administración anterior, presidida por Salvador Jorge Blanco.
Jorge Blanco fue traducido a la justicia y un juez militar, el teniente Juan María Severino, sentenció prisión en su contra basado en el expediente presentado como consecuencia de las denuncias de lo que entonces fue bautizado como “la telenovela de los lunes”.
Para entonces, el 16 de noviembre de 1988, estando recluido en un centro hospitalario de Atlanta, en un juicio kilométrico y televisado el ex presidente fue condenado a 20 años y al pago de una multa de 100 millones de pesos.
Impunidad ni borron
“El fin de la impunidad, y del borrón y cuenta nueva, es un deseo de la inmensa mayoría del pueblo que se expresó en las urnas el pasado 5 de julio”, sentenció Taveras Guzmán.
La posición del legislador está contenida en un proyecto de resolución que presentó al Senado en la sesión de este miércoles, de manera que los informes sean tramitados por vía del Senado.
“Ya no más borrón y cuenta nueva. Este Senado debe cumplir su función de fiscalizar y garantizar el uso correcto de los recursos públicos”, dijo el legislador. Vamos a identificar cualquier irregularidad cometida en la gestión pasada y a tomar las medidas de lugar para que sean sancionadas y no vuelvan a repetirse.
En sus declaraciones, Taveras Guzmán sugirió que en el caso de encontrarse indicios que vinculen prácticas o conductas con infracciones administrativas o penales, una comisión especial de investigación deberá recomendar la comunicación de las informaciones recopiladas a las autoridades correspondientes para agotar los procedimientos previstos de conformidad con la normativa aplicable.
En sus consideraciones, el proyecto apela al ejercicio de las atribuciones de fiscalización y control del Congreso Nacional, las cuales están reconocidas por el artículo 93, numeral 2 de la Constitución de la República.
Además, justifica la solicitud en el artículo 146 de la Carta Magna, el cual consigna la proscripción de la corrupción y condena toda forma de esos delitos en el Estado.
