San Juan, 8 jun (Prensa Latina) La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Estados Unidos, demandó hoy al gobierno puertorriqueño para que entregue documentos sobre la compra irregular de pruebas de Covid-19 por 38 millones de dólares.
El propósito de la acción está dirigido a que el gobierno de Wanda Vázquez Garced entregue documentos relacionados con las negociaciones de los contratos para la compra de pruebas de Covid-19 y otros suministros médicos, durante el estado de emergencia.
La demanda se produce luego de la irregular venta al Ministerio de Salud por parte de la empresa Apec General Constractors, sin experiencia en el ramo médico, de un millón de pruebas de Covid-19 por 38 millones de dólares, de los cuales se realizó un adelanto de 19 millones.
El negocio, que llevó al abogado Juan Maldonado de Jesús, exfuncionario de la administración del expulsado gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a celebrar porque ‘el virus fue productivo’, fracasó cuando el Oriental Bank alertó a las autoridades federales del movimiento irregular del Ministerio de Hacienda de los 19 millones de dólares.
La empresa intentó transferir una parte del dinero a un banco de Colorado, en Estados Unidos, lo que evitó la institución financiera puertorriqueña.
La JSF había indicado ya que debían informarle contratos millonarios como los de Apex con el Ministerio de Salud, lo que no ocurrió en un procedimiento inédito de emitir la multimillonaria suma en unas 24 horas.
Ahora, luego de varias peticiones por escrito al gobierno de Vázquez Garced para que entregara la información sobre las compras de pruebas por parte de Salud, la JSF optó por recurrir al tribunal.
La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, reclamó que las reglas de cómo el gobierno puertorriqueño gasta dinero deben ser transparentes todo el tiempo.
Jaresko, exministra de Finanzas de Ucrania, comentó que la rapidez y urgencia en una crisis importan, pero también la eficiencia y la transparencia.
Diversos sectores políticos y económicos del país catalogaron de ‘un tumbe’ a las finanzas del pueblo puertorriqueño para favorecer a sectores vinculados al anexionista Partido Nuevo Progresista, en el gobierno desde el 2 de enero de 2017.
La demanda se produce luego de la irregular venta al Ministerio de Salud por parte de la empresa Apec General Constractors, sin experiencia en el ramo médico, de un millón de pruebas de Covid-19 por 38 millones de dólares, de los cuales se realizó un adelanto de 19 millones.
El negocio, que llevó al abogado Juan Maldonado de Jesús, exfuncionario de la administración del expulsado gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a celebrar porque ‘el virus fue productivo’, fracasó cuando el Oriental Bank alertó a las autoridades federales del movimiento irregular del Ministerio de Hacienda de los 19 millones de dólares.
La empresa intentó transferir una parte del dinero a un banco de Colorado, en Estados Unidos, lo que evitó la institución financiera puertorriqueña.
La JSF había indicado ya que debían informarle contratos millonarios como los de Apex con el Ministerio de Salud, lo que no ocurrió en un procedimiento inédito de emitir la multimillonaria suma en unas 24 horas.
Ahora, luego de varias peticiones por escrito al gobierno de Vázquez Garced para que entregara la información sobre las compras de pruebas por parte de Salud, la JSF optó por recurrir al tribunal.
La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, reclamó que las reglas de cómo el gobierno puertorriqueño gasta dinero deben ser transparentes todo el tiempo.
Jaresko, exministra de Finanzas de Ucrania, comentó que la rapidez y urgencia en una crisis importan, pero también la eficiencia y la transparencia.
Diversos sectores políticos y económicos del país catalogaron de ‘un tumbe’ a las finanzas del pueblo puertorriqueño para favorecer a sectores vinculados al anexionista Partido Nuevo Progresista, en el gobierno desde el 2 de enero de 2017.
