Por Germán Reyes
Santo Domingo.- República Dominicana lleva más de tres años con un persistente reclamo de una invasión militar extranjera a Haití, lo mismo que ocurrió en su territorio un 28 de abril de 1965.
Esa iniciativa del presidente dominicano Luis Abinader ha recibido el respaldo de prácticamente todo el liderazgo político, social, empresarial y académico.
El presidente Luis Abinader y sus colegas de Panamá, Laurentino –Nito- Cortizo, y de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmaron el miércoles, día 22 de septiembre de 2021, un comunicado conjunto donde expresaron su «profunda preocupación» por la crisis en Haití.
Allí acordaron instruir a sus cancilleres para que, en alianzas con socios estratégicos, como las Naciones Unidas, Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea, definidos como países amigos, “estructuren de manera inmediata soluciones concretas, integrales y sostenibles en un marco de respeto a la dignidad y los derechos humanos con el propósito de afrontar la alarmante situación en Haití”.
Resulta que esos “países amigos”, liderados por EE.UU., desde un año anterior, en 2022, habían optado por la invasión militar extranjera a Haití, razón por lo cual esa formalidad fue cumplida por el entonces primer ministro de facto Ariel Henry, obediente en todo sentido a los dictámenes de Washington, cuando tramitó una solución en esa misma dirección.
Luego, la ONU emitió una resolución en la que aprobó esa fuerza militar extranjera, a la que llamó “Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití (MSS, por sus siglas en inglés).
Nombres eufemísticos
Naturalmente, nadie debe esperar que una y otra vez (RD en 1965 ni Haití para 2024) y otras tantas en Haití, EE.UU. utilice el nombre “invasión militar extranjera”.
En 1965 la sangrienta invasión militar estadounidense fue realizada por una “Fuerza Interamericana de Paz” y hoy en Haití una “Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití (MMSS, por sus siglas en inglés).
Esa misión de la ONU sucedió a otra: La Fuerza Multinacional Provisional (FOMIN) autorizada por el Consejo de Seguridad en febrero de 2004 después de que el Presidente Bertrand Aristide fuera derrocado y enviado al exilio por EE.UU.
