Santo Domingo.– El presidente del Partido Patria para Todos y Todas (PPT), Héctor Sánchez, demandó del Gobierno abandonar lo que califica como una política «ilegal y antihumana», las ejecuciones sumarias contra jóvenes residentes en los sectores más empobrecidos del país, bajo la presunción de delincuencia.
Mediante un comunicado oficial, el dirigente político denunció que, en lo que va del mes de septiembre, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional han ultimado a 42 jóvenes bajo la justificación de haberse producido supuestos intercambios de disparos.
Sánchez enfatizó que la Policía Nacional carece de facultades legales para quitarle la vida a cualquier ciudadano, sin importar si es o no infractor de la ley, recordando que la potestad de imponer sanciones recae exclusivamente sobre el sistema de justicia.
Sostuvo que la implementación de una política orientada a «darle para abajo» a los presuntos delincuentes ignora las verdaderas causas de la criminalidad, las cuales están arraigadas en la pobreza estructural, la marginalidad social y la falta de oportunidades económicas para las grandes mayorías.
El dirigente político señaló que los gobiernos y las fuerzas de seguridad llevan años aplicando métodos violentos sin lograr resultados favorables para la seguridad ciudadana, por el contrario, advirtió que la delincuencia se incrementa cada año con mayores niveles de dramatismo y peligrosidad al no atenderse la raíz del problema.
Exigencias al Poder Ejecutivo y los órganos de seguridad
Exigió que los sospechosos de cometer delitos sean arrestados y sometidos imparcialmente a la acción de la justicia, garantizando el debido proceso legal sin distinción de clases sociales.
Demandó la paralización definitiva de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas bajo el amparo de las estructuras oficiales.
Urgió al Gobierno a acelerar y concluir de manera transparente la modernización y transformación integral de la Policía Nacional para que sea un órgano capaz de combatir la delincuencia sin violar los derechos humanos.
El PPT exige detener el «paredón» del DICRIM contra jóvenes
