Quito, AT.- La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del destituido mandatario Pedro Castillo para dejar sin efecto la orden de detención preliminar que se le dictó por un plazo de siete días.
«El plazo acordado de siete días planteado por el Ministerio Público es razonable, por lo tanto, la apelación debe desestimarse«, leyó el juez César San Martín, quien preside la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
La detención preliminar le fue dictada por el supuesto delito de rebelión, luego de su fallido intento de disolver el Congreso y el establecimiento de un gobierno de excepción el miércoles de la semana pasada.
San Martín explicó que, si bien no se llegó a un alzamiento en armas —según la perspectiva típica del delito de rebelión—, es «imperante» que Castillo anuncia sus intenciones de cerrar el Congreso, así como intervenir las instituciones del sistema de Justicia.
Asimismo, dijo que «al instaurar un gobierno de emergencia excepcional quería alterar el ordenamiento constitucional y la paz pública«.
Actualmente, Castillo se encuentra recluido en la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes). La detención preliminar vence la tarde del miércoles 14 de diciembre, pero se prevé que el Ministerio de Justicia pida «prisión preventiva» antes de que se cumpla el plazo establecido para su liberación y con ello se mantendría a Castillo en la cárcel.
Mensaje de Castillo
Durante la audiencia sobre el recurso de apelación, que se llevó a cabo en la mañana de este martes, Castillo negó los cargos que se le imputan. «Nunca cometí ningún delito de conspiración ni rebelión».
«Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara #infundada apelación planteada por expresidente de la República, #PedroCastillo, contra detención preliminar dictada en su contra, en investigación por rebelión (alternativamente, conspiración)», escribió en Twitter Poder Judicial Perú
Asimismo, expresó: «Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador ni corrupto ni matón«.
La decisión de la Corte Suprema se da mientras en el país se llevan a cabo protestas que piden la liberación de Castillo, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas para 2023 y la renuncia de la presidenta que lo sucedió, Dina Boluarte.
Esas protestas han dejado un saldo de al menos siete muertos, según informó la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
Al respecto, Castillo, a través de una carta publicada en su cuenta en Twitter, exhortó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a «deponer las armas», a fin de «parar el derramamiento de sangre» del pueblo.
