Londres, AT.- Autoridades y médicos expertos del Reino Unido investigan la muerte de 650 pacientes tratadas por Ian Paterson, un cirujano oncólogo especializado en cáncer de mama, encarcelado en el 2017 por realizar procedimientos indebidos, informa The Times.
De acuerdo a los reportes, Paterson habría realizado más 1.200 cirugías durante los 14 años que se desempeñó como cirujano, entre 1997 y el 2011. Se sospecha que muchos de los procedimientos habrían sido practicados sin que existiera «ninguna razón médicamente justificable».
Actualmente, los expertos investigan 27 casos, en los que los forenses determinaron que «hay pruebas para sospechar que esas muertes pueden no ser naturales». Asimismo, fuentes cercanas al caso informaron que ya se está revisando el deceso de alrededor de otras 650 pacientes.
Según estimaciones presentadas por el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, de 1.206 pacientes que se sometieron a una mastectomía con Paterson, 675 habían muerto.
Las pesquisas se centran en casos relacionados con una técnica quirúrgica inventada por Paterson, denominada ‘mastectomías con preservación del escote’, en la que no se retiraba todo el tejido mamario afectado, provocando que el cáncer reapareciera.
Actualmente, Paterson cumple una condena de 20 años, tras ser hallado culpable por un tribunal de la Corona de Nottingham de 17 cargos de lesiones dolosas y tres cargos de lesiones ilícitas, así como por engañar a sus pacientes sobre el riesgo de padecer cáncer para practicarles procedimientos más costosos de los que requerían.
A pesar de que la Fiscalía no ha establecido la motivación del médico, el juez a cargo del caso señaló que no tenía dudas de que fue motivado por «autoengrandecimiento y las recompensas materiales que le reportaban su práctica privada».
El jefe de Estado, justificó su accionar en lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución, texto que le faculta a prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional. Se recuerda que la Ley núm. 285-04, General de Migración, y su Reglamento de Aplicación, permiten impedir el ingreso al territorio nacional de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales o que, a juicio de las autoridades competentes, constituyan algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional y los intereses de la República.