Santo Domingo.- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) de la Procuraduría General de la República anunció la realización del segundo foro sobre incidencia del medio libre en la reinserción social y laboral de las personas privadas de libertad.

El foro está dirigido a jueces, Ministerio Público, abogados, sociedad civil vinculada a los asuntos penitenciarios y de Derechos Humanos, periodistas, opinólogos, personal penitenciario y escuelas de Derecho, según establece una información oficial.

Este foro, que se desarrollará de manera presencial y virtual el 13 de abril en el auditorio “Eduardo La Torre” del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), contará con las exposiciones de reconocidos expertos del sistema de justicia.

El programa de actividades incluye tres exposiciones especializadas, un panel de expertos y presentaciones artísticas a cargo de los privados de libertad en fase de prueba y testimonios grabados, con el fin de sensibilizar a la audiencia sobre el propósito fundamental del medio libre.

Frania Navarro, directora de Medio Libre de la DGSPC, disertará sobre “Medio Libre, una visión integral”, a seguidas el magistrado Rafael Báez, juez de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, expondrá el tema “Justicia Restaurativa Enfocada en la Reinserción Social” y, por último, el Fray Arístides Jiménez Richardson hablará sobre La labor y el funcionamiento de las Casas del Redentor.

A las 2:00 de la tarde inicia el panel “Vinculación entre el Medio Libre y la Reinserción Social y Laboral de las Personas Privadas de Libertad”, que será moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia.

Como ponentes estarán monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís y presidente de la Pastoral Penitenciaria, con el tema “El rol del Patronato Penitenciario en la Reinserción Social de las Personas Privadas de Libertad”.

El magistrado Rubén Darío Cruz Uceta, juez de Ejecución de la Pena del distrito judicial de Santiago, con el tema “El Rol del Juez de Ejecución de la Pena ante los Beneficios Judiciales y Penitenciarios para la Reinserción Social y Laboral”.

También participarán Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, quien abordará “La Posición del Defensor del Pueblo ante la Reinserción Social y Laboral de las Personas Privadas de Libertad” y el magistrado José Manuel Arias, juez de Ejecución de la Pena del distrito judicial de San Cristóbal, con el tema “Importancia y Experiencia de las Salidas Temporales con fin Laboral”.

También, la abogada Elizabeth Rodríguez Díaz, coordinadora de la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de Defensa Pública, quien expondrá sobre “Tutela y Garantía de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en la Etapa de Prueba.”

Por Suny Florentino

Santo Domingo.- La radicalización del P.L.D. como organización política puede tener graves consecuencias para la sociedad y la estabilidad política en RD. Cuando un partido político se radicaliza, se aleja de las posiciones moderadas y se vuelve más extremista en sus opiniones y acciones. Esto puede generar una polarización en la sociedad, en la que los ciudadanos se ven obligados a tomar partido en una situación cada vez más polarizada y divisiva. Además, puede llevar a una pérdida de confianza en las instituciones democráticas y en el sistema político en su conjunto.

Otra consecuencia de la radicalización de un partido político es el riesgo de violencia política. Cuando los partidos políticos se radicalizan, es más probable que sus seguidores se sientan justificados para llevar a cabo acciones violentas y anárquicas como la que vimos en el palacio de justicia de ciudad nueva.

Esto puede generar una escalada de la violencia política en la que se producen enfrentamientos entre grupos radicales y se deteriora la seguridad ciudadana. Además, puede llevar a una mayor represión del Estado para mantener el orden, lo que puede tener consecuencias negativas para las libertades civiles y la democracia.

Es fundamental que el P.L.D. como partido político respete la independencia y autonomía del poder judicial y deje que la justicia haga su trabajo sin interferir en sus decisiones. La justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho y debe actuar de manera imparcial y objetiva, garantizando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Los partidos políticos no deben intentar influir en los procesos judiciales ni utilizarlos con fines políticos, ya que esto puede minar la credibilidad de la justicia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Pagar entre 3 y 8 mil pesos a personeros para que se presenten a distintos lugares para crear un clima de miedo a la sociedad es muy bochornoso.

Además, cuando los partidos políticos respetan la independencia de la justicia, contribuyen a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, ya que se garantiza que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que las decisiones se toman de manera objetiva y justa. Esto ayuda a prevenir la corrupción y el nepotismo, y asegura que las decisiones políticas se tomen en base a argumentos sólidos y a la defensa del interés general, en lugar de en función de intereses partidistas. Por tanto, es fundamental que los partidos políticos respeten la independencia del poder judicial y dejen que la justicia haga su trabajo sin interferencias indebidas como en el caso “Calamar” entre otros.

Santo Domingo.- El movimiento cívico Marcha Verde la XXI reunión de su  Coordinación Nacional para evaluar el curso de las actividades internas y las proyecciones, informaron algunos de los participantes.

Para tales fines, serán realizados los ajustes al nivel local en coordinación con todo el movimiento social activo.

“Se decide la activación de todas las asambleas para articular con todo el movimiento social activo”, dijo de manera específica el participante que, por el momento, prefirió el anonimato.

En la XXI reunión, con la participación de delegaciones desde todo el país, se aprobó mantener el respaldo y la vigilancia de las acciones anticorrupción.

Asimismo, “exigir investigación en los casos pendientes de todos los gobiernos, incluyendo al actual”.

Los Alcarrizos.- Es mejor ser cabeza de ratón que rabo de león, reza un dicho popular. Pero esa lógica se invierte a la luz del razonamiento y acciones del empresario alcarricense Carlos Lora.

Lora es un prestigioso empresario que en Los Alcarrizos ha ocupado todos los altos cargos en las organizaciones de los hombres de negocios y que ha militado en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Aún el PLD en el poder, Lora optó por dejar de ser la cola de un león del que, al parecer, no resultó beneficiado. Al contrario, acompañó en ocasiones a la dirigencia comunitaria en algunos de sus reclamos a los gobiernos local y nacional, como el caso de las luchas por un cementerio, al menos en su última etapa.

Y luego constituyó el movimiento de alcance municipal “Nosotros pa´Cuándo”, con el que también parece indicar que junto con sus cercanos sus expectativas quedaron insatisfechas, pese a permanecer en el poder durante 20 años.

Pero resultó frustratoria esa iniciativa al decir de los resultados en las elecciones municipales de 2020, donde quedaron distantes de alcanzar siquiera un regidor.

A Lora tal vez le quede parte de la ropa que ahora anuncia que ha echado y, tal cual opositor, acudió en solidaridad de personas en huelga de hambre en reclamo de reubicación luego de ser desalojados.

Fue allí donde confrontó a antiguos compañeros morados con “líneas” bajadas por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Pero tampoco dejó lugar para las dudas. “Yo me fui pa´l PRM”. Y, por tanto, ahora está en el rabo de un león.

Lora, tal vez por su condición de comerciante que, como a los banilejos, que son catalogados de “tacaños”, partió de los cálculos desde el punto de vista de la inversión en dinero.

Así, entre sus argumentos estuvieron el costo que es preciso asumir para el mantenimiento y desarrollo de una estructura propia ante las posibilidades reales de alcanzar la Alcaldía.

Santo Domingo.- La Red Socioambiental Nacional advierte que una ley de Agua que no contemple las extracciones de arena de los ríos, que no proponga una protección rigurosa de las cuencas y que deje sin agua a las provincias propietarias de yacimientos del líquido, será inútil para los intereses del país.

La entidad compuesta por varias organizaciones ambientalistas y sociales, entiende que el agua de la isla es el activo natural de la nación y que en ninguna circunstancia debe ser concesionada ni otorgada mediante la figura de Derecho Real Administrativo.

Recordó que el agua es un bien protegido por la Constitución y un derecho humano garante de otros derechos fundamentales y que si se privatiza pone en peligro esos derechos.

«Según datos oficiales, sólo el 0.007% del agua existente en la Tierra es potable, y esa cantidad se reduce progresivamente por culpa de la contaminación»

El colectivo de organizaciones en defensa del agua recuerda que provincias como Santiago Rodríguez y San Cristóbal, su población no recibe agua, pese a ser cuna de abundantes ríos, lo cual debe ser subsanado y tomado muy en cuenta para futuras construcciones de presas y reservorios.

El agua privatizada y la sequía

La Red entiende igual que las aguas del territorio no deben estar vinculadas a las Alianzas Publico Privadas porque sería una forma de enajenar el bien en detrimento de los ciudadanos.

Pone como ejemplo la sequía, que hace del agua un bien escaso.  «Cuando los bienes son escasos se elevan de precios, lo que implica un grave riesgo para los usuarios, porque los precios podrían convertirse en un atentado a la salud y a la economía de las familias, sobre todo a las más vulnerables».

Para la Red resulta sintomático que en ninguna de las propuestas de ley figure el grave problema de las extracciones de arena de los ríos y mucho menos sanciones a quienes socavan los caudales de agua destruyendo el lecho y su fauna.

Extracción de arena y los incendios forestales 

La entidad entiende también que la ley de agua que habrá de aprobar el Congreso debe criminalizar las infracciones que atenten contra la vida como es justamente la extracción de arena, los incendios forestales y la destrucción de la flora. “Entendemos que establecer solo sanción administrativa es un incentivo a que continúe el daño al ecosistema”.

La Constitución prioriza el agua para uso humano y Naciones Unidas la declara como Derecho Humano, pero una gran parte de la población dominicana no recibe agua con lo cual se viola ese derecho fundamental.

El agua como bien público debe ser estrictamente administrado por el Estado, bajo el debido cumplimiento de la ley.

Un alerta

La Red llama a la población a estar alerta sobre las pretensiones con la Ley de Agua y pide a los congresistas que piensen bien antes de levantar las manos para votarla, las comunidades de dónde vienen les pasarán factura.

La privatización del agua es un crimen de lesa patria y como tal será condenada por la historia la administración pública que ose hacerlo.

“Queremos ley de agua que mejore el servicio, que respete los derechos de las personas, que llegue en calidad, cantidad y a buen precio a todos los dominicanos», proclamó la red.

Asimismo, que la inversión para la mejoría del servicio de agua  sea parte de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger a sus ciudadanos.