Santo Domingo.- La Unidad de Género del Movimiento Patria para Todos (MPT) consideró que la violencia contra la mujer debe ser tratada como un problema social, de salud pública y que jamás puede ser vista como un hecho privado, de parejas, sino de manera integral.

La organización reaccionó alarmada ante el incremento de la violencia contra la mujer, que en las últimas semanas ha cobrado la vida de veinte, incluida la de la locutora Chantal Jiménez, asesinada luego que el Ministerio Público liberara a su verdugo, hecho que ha consternado a toda la sociedad

Francisca Peguero, pre candidata vicepresidencial del MPT, hablando a nombre de la entidad dijo que debe ser desmontado el poderío masculino que se manifiesta en el dominio de los hombres sobre las mujeres, sustentado culturalmente.

Manifestó que se requiere que el Ministerio Público sea más efectivo en la lucha contra la violencia ya que en base a su accionar ha demostrado complicidad con el sistema machista patriarcal y capitalista que potencia la discriminación y exclusión que genera violencia hacia la mujer.

Peguero añadió que los feminicidios terminan en una tragedia social pues centenares de niños y niñas han quedado en la orfandad, sin que el Estado acuda en su auxilio, dando respuesta general a este grave problema.

Según la encuesta realizada recientemente por ONUSIDA, el 100% de las encuestadas ha recibido violencia psicológica, el 53% de mujeres casadas ha sufrido algún tipo de violencia   y el 33% violencia física.

Las estadísticas de la Procuraduría General de la República: exponen que en 19 años han sido asesinadas 3,247 mujeres. En el 2005, 190 mujeres fueron víctimas de feminicidios, en el 2006 unas 177. En 2007 unas 173. El 2008 costó 204 feminicidios. En el 2009 fueron 199. La cifra aumentó en 2010 con 207. En 2011 fueron 233; en 2012 fueron 196 y en 2013, 160. Para 2014 fueron 187, en 2015, 144 y en 2016, 167. Finalmente, en 2017, 209, en 2018, 165, en 2019 y 134 en el 2020, en el 2021 ocurrieron 152 feminicidios en el país a escala nacional, 18 más que el total de casos reportados el año anterior. Desde el 01 de enero hasta el 30 de diciembre2022, el país registro al menos 58 muertes de mujeres a mano de sus parejas y exparejas, ya son 21 en lo que va del año 2023

Dijo que esas cifras son para que las autoridades, iglesias, universidades y la población en general busquen alternativas para enfrentar ese flagelo de la violencia contra las mujeres que aumenta cada día cobrando sus vidas, colocando la Rep. Dominicana en el quinto país de Latinoamérica con más feminicidios.

“La violencia en la República Dominicana es estructural y culturalizada por un Estado /Gobierno que ha enfermado la ciudadanía a nivel físico y emocional, abandonándole a su suerte, llena de incertidumbres, sin la más mínima garantía para nada, sin seguridad social ni ciudadana, sin ningún tipo de bienestar físico ni social, donde los servicios de salud son orientados para quienes los pueden pagar, como cualquier mercancía, el poder que expresa  confrontaciones permanentes generando cada día más desigualdades”, consideró la también pre candidata a la vicepresidencia de la República.

Explicó que se requiere un programa de educación especial contra la violencia en general articulado desde la familia, las escuelas, universidades, las iglesias, con acciones que impacten transformando esos patrones sociales que subyugan a las mujeres limitando todo su potencial, relegándoles en los parámetros de unos roles de género que no les permiten avanzar.

Un programa capaz de prevenir, los hechos, y eso tiene que ver con el bienestar fisco y emocional de las mujeres, con su seguridad, empleos decentes, fácil acceso a salud, educación, seguridad social, pero, ante todo, transformar las relaciones de pareja de poder y la creencia de jerárquicas, por unas relaciones de iguales, de pareja real, solidaria y afectivas. Que por demás sean reeducados los agresores con tratamientos de salud mental.0

Se demanda además una revisión y modificación del accionar del Ministerio Público y todas sus instituciones para que sea penalizada la negligencia del poder judicial frente a estos hechos y se implementen medidas preventivas y de protección hacia la mujer, se requieren políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la mujer como ente social en condiciones de igualdad de oportunidades.

Urge la aprobación del proyecto de Ley Integral de violencia que fue depositado en el Congreso Nacional. No puede seguir siendo la misma practica de negociar o conciliar con el agresor y la víctima, o de entregarles a estas las órdenes de alejamiento o de detención, para que sea la misma mujer que le avise a la policía, sin que ningún organismo o funcionario del seguimiento debido.

El MPT llama la atención de todos y todas, a la vez que expresó su preocupación en que, de no tomarse las medidas preventivas correspondiente, la ciudadanía pierda la sensibilidad y solidaridad, llegando a ver como normal la violencia y los   feminicidios que arrebatan la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.

Santo Domingo.- La Academia de Ciencias de la República Dominicana alertó que evaluaciones de impacto ambiental de proyectos vinculados al Plan de Desarrollo del Puerto de Manzanillo, en Pepillo Salcedo, justificarían daños importantes en una zona de humedales y la playa Estero Balsa.

Eleuterio Martínez, presidente de la entidad, dijo que la firma que desarrolla el estudio de evaluación de impacto ambiental de uno de los proyectos y que pretende instalar una planta de gas natural, “está justificando en gran medida una serie de cosas que son absurdas”.

Sostuvo que, en el marco del proyecto, se ha justificado el dragado de parte de la zona de humedales contigua a la antigua Aduana de Manzanillo.

“Otro es que se va a rellenar con caliche parte de la playa de Estero Balsa. Esa playa es la belleza más grande que tiene el área y eso significa arruinar la potencialidad turística que tiene”, dijo Martínez.

El presidente de la Academia de Ciencias indicó que el desarrollo de Montecristi y la Línea Noroeste no pueden esperar más.

“Todos los esfuerzos oficiales para cambiar el destino de los pueblos de la zona fronteriza, son loables y gozan del apoyo y el acompañamiento de la Academia de Ciencias”. Sin embargo, añadió que “carece de lógica que para alcanzar el desarrollo sea preciso primero destruir para luego reconstruir”.

Por Germán Reyes

Santo Domingo.- Las oficinas de la sede principal de la empresa minera Barrick Gold en el Distrito Nacional fueron piqueteadas por una representación de las comunidades de la provincia Sánchez Ramírez ubicadas en las instalaciones de la explotación aurífera.

“Ya no aguantamos más”, dijo Leoncia Ramos para denunciar las penurias por las que atraviesan por la falta de agua potable luego que las fuentes fueron contaminadas por sustancias tóxicas que emana del procesamiento de oro por parte de la empresa extranjera.

Las necesidades del preciado líquido que requieren para el consumo en las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna, Jurungo, Jobo Claro y El Naranjo son suplidas con solo dos botellones diarios, dijo Ramos en la parte baja de la plaza comercial Novo-Centro, ubicado en la avenida Lope de Vega número 29, en cuyo piso 16 operan las oficinas de la Barrick Gold.

La vocera de las comunidades, quien estuvo acompañada de Ludovino Fernández, Gonzalo Francisco, Ignacio Guzmán, así como otros comunitarios y ciudadanos que les apoyan, entregó un documento donde señalan sus reclamos y denuncian la situación por la que atraviesan.

Se refirieron al “desastre ambiental y humano” que, según dijeron, impone la explotación minera a cielo abierto que desarrolla la Barricg Gold.

De acuerdo con el texto del documento, el piquete se realiza en ocasión de celebrarse la Semana Mundial de Acción “contra las devastaciones ecológicas y ambientales y la violación de los derechos de las comunidades”.

Los reclamos fueron centrados en que sean paralizados los planes de instalar una nueva presa de cola para almacenar más lodos tóxicos.

También, que se reubiquen las comunidades ubicadas debajo de la Presa de Cola El Yagal y que sean revisados y evaluados por especialistas independientes sus supuestos de estudios de impacto ambiental para esos planes.

La representación de las seis comunidades directamente dañadas por la minera y abandonadas totalmente por el gobierno explican que el gobierno y la minera han tenido que asumir la necesidad urgente de la reubicación de las comunidades “y ahora con mucha más urgencia, cuando hablan de la ampliación de la explotación minera y de la instalación de un nuevo embalse de relaves tóxicos”.

En abandono

Los manifestantes denunciaron que han sido abandonas a su propia suerte y que se ha incumplido el compromiso y la promesa de su reubicación, a pesar de que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas se comprometió a sanear la situación poblacional de la zona para responder posteriormente sobre el reclamo de la reubicación de las comunidades. “Para ello se financió y realizó un estudio a cargo de una empresa independiente, desde hace más de tres años”.

En el documento se establece que la Barrick Gold viola la ley 6400 de medio ambiente y entra en conflicto con reglamentaciones y convenios internacionales que prohíben la existencia de comunidades en las áreas de explotación y un perímetro técnica y científicamente establecido.

Los comunitarios dijeron que, por igual, se violan los derechos humanos, “pasando por encima de los DESCA (derechos humanos, económicos, sociales y ambientales) y los convenios relativos a la explotación minera, así como también al “Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera”.

Es la constitución dominicana, legislación fundamental y leyes especiales, las que obligan al gobierno y a la minera para que reubiquen todas las comunidades, precisan en el documento.

“Es la indolencia, los afanes de acumulación ilegal de riquezas de los funcionarios y los intereses de la mafia local de funcionarios, técnicos y politiqueros, en la que aun participa una parte de las personas que patrocinaron la estafa anterior cuando el despojo de Los Cacaos y el desplazamiento de la comunidad de El Yagal”, señala el documento.

Los dirigentes comunitarios aseguraron que están ante la posibilidad real de “un desastre”, ante la posibilidad real del eventual colapso del “muro de la muerte”. De producirse, aseguraron, serán sepultadas las comunidades “y constituirá la culpa eterna de la irresponsabilidad gubernamental y de una empresa insaciable como Barrick Gold PVDC”.