Inicio Blog Página 509

La seguridad del Estado, que dormía el sábado, despierta el domingo después de los desórdenes en la zona colonial

Por Germán Reyes

Santo Domingo.- Los organismos de seguridad del Estado al parecer no existían o dormían cuando el pasado sábado se produjeron desafiantes desórdenes en la zona colonial como parte de la importada celebración de la noche de brujas (Halloween, en inglés).

La noche del sábado se registraran tiroteos, daños a vehículos estacionados en el área y basura en las calles, donde sus residentes alegan que no había ocurrido un desorden de tal magnitud en el área que visitan constantemente turistas de todas partes del mundo.

«Si el presidente @luisabinader necesitaba un argumento más para quitar al jefe de la PN, además de los 2 años cumplidos que dice la Ley, ahora lo tiene en el desorden y caos generados la noche del sábado en la zona colonial, donde la policía no hizo absolutamente nada», dijo en X el periodista Luis Brito

Ya un día después, como si despertaran, los organismos de seguridad anunciaron que “quedaron suspendidas en el día de hoy (domingo) todas las fiestas en espacios públicos” en ese entorno del Distrito Nacional.

La Zona Colonial terminó la madrugada de este domingo con vehículos vandalizados, basuras en las calles, personas orinándose en los maceteros, además de peleas que terminaron con personas heridas. “Los uniformados se desaparecieron temprano en la noche”, dice una de las denuncias de los vecinos de esa cultural y turística zona del país

Una comisión de seguridad, integrada por la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Fuerzas Armadas, Politur, Intrant y Digesett, entre otras, “tendrán un operativo preventivo en Ciudad Colonial, para garantizar el orden y la tranquilidad de los residentes y visitantes a esa importante zona”.

Sin daños materiales pese a un fuego de 25 minutos en la barcaza de Azua, dice la empresa

Santo Domingo.- La empresa Karpowership Dominican Republic confirmó la extinción del incendio registrado la mañana de este domingo en una de sus barcazas de generación eléctrica, ubicada en Puerto Viejo, Azua.

Indicó que una respuesta inmediata y efectiva por parte del equipo de emergencia de la empresa, puso en marcha los protocolos de seguridad. Y que notificó de inmediato a las autoridades pertinentes.

La empresa generadora dijo que en un lapso de tan solo 25 minutos el incendio en la barcaza fue sofocado “sin registro de daños humanos ni materiales”.

Según declaró la generadora en un comunicado, los especialistas llevaron a cabo la limpieza de las cenizas generadas por el incidente, al tiempo que representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizaron una inspección y elaboraron un informe. “Todo en consonancia con nuestros compromisos ambientales y enfoque con la transparencia, comprobando que el área circundante a la barcaza está libre de cualquier forma de contaminación”.

Retorna a la normalidad

Asimismo, la empresa aseguró que sus operaciones continuarán de manera habitual con la generación eléctrica a plena capacidad. “Y a disposición del Centro de Control de Energía”.

“Agradecemos el apoyo y colaboración recibida por parte de las autoridades, reiterando que la seguridad de nuestros colaboradores y la comunidad de Los Negros siguen siendo nuestra principal prioridad”, puntualiza el comunicado de la empresa.

Del grupo Karadeniz Holdings

Karpowership es parte del grupo Karadeniz Holdings con 73 años de experiencia.

Se define como líder en proyectos energéticos innovadores en mercados nacionales e internacionales.

La compañía, según establece, posee y opera 36 Powerships en todo el mundo, con una capacidad instalada de más de 6,000 MW. Además de tener una tubería de construcción activa.

Karpowership es el único propietario, operador y constructor de flotas Powership en el mundo, desempeñando un papel fundamental en inversiones a mediano y largo plazo, dijo la empresa en el comunicado. “Además, proporcionando una ruta eficiente y confiable hacia la generación de electricidad”.

Turismo sobre la mesa: El 80-20 en las empresas turísticas en RD

Por Fernando de los Santos

El incumplimiento laboral del 80-20, o sea, que por cda 100 hayan 80 empleados dominicanos y 20 extranjeros, en el caso de la industria turística, en particular en la Ciudad Colonial, es una práctica ilegal que viola el código laboral y la Ley de Migración.

Sin embargo, en la práctica, el incumplimiento de esta disposición es una realidad en algunos casos. Se contrata a un porcentaje muy elevado de personal extranjero y se otorgan pocos puestos de trabajo a los trabajadores criollos, lo que tiene consecuencias negativas para la economía local y para la calidad de los servicios turísticos.

Por ejemplo, negocios de helados y cachapa venezolana y de café; waffles, empanadas, restaurantes de comida haitiana, café italiano, etc., son lugares donde se nos hace difícil encontrar un compatriota dominicano

El empleo de extranjeros en lugar de dominicanos puede implicar un menor salario y una explotación laboral en algunos casos.

Además, esto reduce la reinversión del dinero del turismo en la economía local, ya que hay menos trabajadores nacionales para gastar en negocios locales y menos oportunidades comerciales para ellos.

Es necesario que las autoridades dominicanas tomen medidas efectivas para hacer cumplir las leyes migratorias y laborales y promover el empleo de los trabajadores criollos en la industria turística, garantizando con ello los derechos de los trabajadores y contribuyendo al desarrollo económico del país.

En el Noroeste de RD se unen para marchar por la reapertura de la frontera y la paz con Haití

Por Germán Reyes

Santo Domingo.- Diversos sectores del Noroeste dominicano se unieron para marchar juntos este lunes, día 30 de octubre, desde el mercado mismo de Dajabón por el reinicio del intercambio comercial con Haití.

El presidente Luis Abinader dispuso que a partir del viernes, día 15 de septiembre, a las 6:00 de la mañana, rija un cierre del comercio con Haití “por tierra, mar y aire” si a partir del día anterior, jueves, los haitianos continuaban, en su territorio, con los trabajos de construcción de un canal de riego que se alimentaría con las aguas del río Masacre.

Luego de las insistentes presiones de grupos empresariales, iglesias, entidades productivas y organizaciones políticas, en una reunión del Consejo de Seguridad encabezado por Abinader fue acordada una reapertura parcial de la frontera que iniciaría el día 15 de octubre pasado.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), confirmó como cierta la convocatoria a la protesta, aunque acusó a sus organizadores de ser políticos opositores

El mercado de Dajabón fue incendiado en horas de la madrugada del día 15 antes de que supuestamente sería reabierta la frontera de manera parcial.

Los comerciantes y grupos defensores de los derechos humanos en Juana Méndez dijeron que 36 de sus casetas fueron incendiadas y saqueadas. Estimaron sus pérdidas en más de 31 millones de pesos.

Sin embargo, los haitianos dispusieron que tanto en la frontera Norte por Dajabón como en las otras donde se realiza de ordinario el intercambio comercial transfronterizo como Jimaní, Comendador y Pedernales, dejar clausuradas las puertas en la parte de su territorio.

Marcha pacífica por la paz

“Marcha por la paz y el bien del intercambio comercial entre Dajabón y Juana Méndez”, exhortaron en un mensaje que difundieron por distintos medios y redes sociales.

La actividad fue denominada “una marcha pacífica en busca de la paz” entre las dos naciones.

Fueron convocados a la marcha los centros de madre, juntas de vecinos, hoteleros, mecánicos, ferreteros y rutas de transporte. También, motoconchos, dueños de cafeterías, dueños de supermercados, colmaderos, pintores, comedores y al pueblo en sentido general.

La invitación la formulan la unión de vendedores del mercado, las asociaciones de mercaderes, de vendedores de pollo, de vendedores de coco, de vendedores de huevos y otras que igualmente integran a mientras de comerciantes en las provincias del Noroeste dominicano.

Déjenme si estoy llorando

Por Charlie Núñez

«Lucha si, elecciones no». Tenía 9 años, pero me gustaba la frase.

Recuerdo, mirando un mural del frente estudiantil Flavio Suero, una fotografía de un niño vietnamita con un fusil al hombro y eso quería hacer, me simpatizaba EL CORECATO.

A los 11 años, 1973, cada tarde esperaba que mi papá llegara del trabajo con el periódico en la mano, para ver qué había sucedido con la guerrilla, quería que Caamaño derrocara a Balaguer.

A mis 16 comencé con cierto nivel de conciencia la militancia en el Partido de la Liberación Dominicana, me tocó vivir los años dorados de mi partido.

«Es mejor morir de pie que vivir de rodillas»

De esos años a nuestras gestiones de gobiernos, iniciadas en 1996, pausadas en el 2000 y retomadas en el 2004 hasta concluir en el 2020, es mucha el agua que ha corrido por debajo de los puentes.

Nuestro partido dejó de ser el mismo, sobre todo a raíz de nuestro primer ejercicio de poder, pero en vez de renunciar, retornaban algunos que por distintas razones habían salido de la organización.

Desde el gobierno, en el 2019, el PLD se divide en dos franquicias que se repartieron los mismos chef con las mismas recetas.

Una parte de los seguidores de Leonel Fernández salen del PLD y forman el partido Fuerza del Pueblo en la estructura jurídica del Partido de los Trabajadores Dominicanos.

Otros seguidores de Leonel se quedaron en el PLD por haber obtenido candidaturas en el proceso interno, otros por temor a perder sus empleos y hasta por la nostalgia que les daba abandonar su bandera morada con la estrella amarilla.

Al perder el PLD las elecciones del 2020, como por distintas razones se quedaron, por distintas razones se fueron a la “Fuerza del Pueblo”, esto es una actitud que ni la aplaudo ni la condeno.

¿Qué me resulta irritante?, la cantidad de excompañeros que en sus cartas de renuncia expresaban que nuestro partido había renunciado a los principios, gente que no conoció a Bosch ni en fotos, alegando que habían abandonado las ideas de Bosch.

Usted tiene todo el derecho de renunciar al PLD, váyase por lo que le dé su gana, si se vendió, es su derecho, si es porque no acepta que perdió en una competencia interna, también es su derecho, pero dejémonos de estar inventando razones, que cuando estábamos arriba no les importaban los principios, ni Bosch.

Además, ¿Qué ganan con hablar de principios y salir levantando las manos a un candidato que llegó al gobierno con un grupo de personas que hoy están: ¿unos presos en EEUU, otros presos en sus casas, expresidiarios, y los presos del rumor público, como producto de uno de los delitos más denigrantes del ser humano?

Levantar la mano de quien se pasó la vida acusándote de ladrón, de inepto y de no haber hecho nada en tu paso por el gobierno de tu anterior partido, te lo repiten en la cara y tu aplaudes, para aguantar eso hay que ser muy desvergonzado.

Caramba, verlos en esos escenarios haciendo el ridículo, dejándose ofender, sepultando sus pasados y sus futuros en un solo ataúd. Que penoso es ver a gente que tú aprecias meter los principios en una mochila y en vez de hacer lo que hizo, Caamaño, el Che, Fidel, Manolo, decidieron subirse en el palo y mantenerse arriba, aunque sea guindando.

Dirán que no estamos en tiempos de escalar las montañas, pero al menos esperaba la creación de un nuevo partido, con nuevas ideas y nuevo accionar, no venderle a este pueblo, que su verdugo que lo está matando de hambre y usando los dineros de todos, para burlarse diciendo que todo está bien, eso nunca.

Díganme si lo que estamos viendo de quienes jamás esperaste esa actitud, no es como para ponerse a llorar.

«¡No a la mina!»: sexto día de protestas en Panamá contra el contrato minero

Ciudad de Panamá, AT.- Este sábado ha marcado el sexto día consecutivo de protestas a nivel nacional en Panamá, donde los ciudadanos exigen la derogación de la polémica ley aprobada por el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo que autoriza una concesión minera a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de cobre en una mina a cielo abierto.

Un grupo de unas ocho embarcaciones con manifestantes intentó ingresar a las instalaciones del puerto de actividad minera Punta Rincón, donde opera Minera Panamá. La compañía catalogó este hecho como «violento» e «ilegal» y llamó a las autoridades a pronunciarse al respecto.

«Nos preocupa profundamente este incidente, que representa una amenaza significativa para nuestras operaciones y la seguridad de nuestro personal. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para salvaguardar el bienestar de nuestros trabajadores, proteger las instalaciones y preservar la integridad de nuestras operaciones comerciales», declaró la empresa en un comunicado.

Este viernes, el presidente panameño firmó un decreto ejecutivo prohibiendo el otorgamiento de nuevas concesiones en el ámbito de la minería metálica en el país. Sin embargo, ello no logró convencer al pueblo ni calmar los ánimos en las calles, y por todo el país continúan registrándose cierres de carreteras y marchas multitudinarias.

«Vienen familias completas, porque sabemos que es un daño que no se recupera en muchos años, y el Gobierno tiene que darse cuenta de que no queremos la minería», comentó al equipo de RT en Español una de las manifestantes en la Ciudad de Panamá.

«Mi opinión es que el presidente no ha salido para decir nada, no ha informado nada, y simplemente se está tapando y se está encerrando en su casa», sostuvo otra panameña que acudió a la marcha antigubernamental. «Realmente él no nos ha dado ninguna solución al problema que él ha creado», resumió.

«Ese contrato se tiene que eliminar», defendió otro manifestante. «Sr. Laurentino Cortizo, elimine ese contrato, ¡hágalo por el pueblo! Así que no queremos contratos mineros. ¡No a la mina!», expresó. Los congregados en la Ciudad de Panamá también denunciaron la corrupción, confesando sentirse cansados y «aburridos del abuso» de sus líderes políticos.

  • El controvertido contrato entre el Estado y Minera Panamá quedó habilitado por el Parlamento nacional el pasado 20 de octubre. El convenio es la extensión de un acuerdo firmado en 1991 entre el país y la compañía, que tiene antecedentes de inconstitucionalidad.
  • La mina donde se permitió la explotación de cobre está ubicada en Donoso, en una zona forestal de la provincia de Colón, a unos 120 kilómetros de Ciudad de Panamá.

El pacto «en varias partes refleja una visión expansionista, de trazar políticas económicas y de gobernanza en Haití», dice Castillo Pantaleón

Santo Domingo.- El abogado Juan M. Castillo Pantaleón reveló que se resistió a firmar el «Pacto por la defensa de la soberanía» propiciado por el presidente Luis Abinader porque no quiso jugar el rol del tonto útil.

Para eso, que nadie cuente con mi firma, dijo el exjuez en un escrito que hizo difundir por diferentes vías. «Yo reclamé que si el gobierno no ha sido hasta ahora capaz de cumplir con la ley, menos aún con un Pacto, que no tiene fuerza jurídica vinculante».

Castillo Pantaleón consideró un despropósito que el documento de marras plantee una visión expansionista en la isla. «Igualmente, el tono del documento en varias partes refleja una visión expansionista, de trazar políticas económicas y de gobernanza en Haití».

El texto 

«Hay quienes me preguntan por cuáles razones no firmé el llamado «Pacto por la defensa de la soberanía» suscrito por el presidente Abinader junto a unas 28 entidades políticas y personalidades, presentado en un acto celebrado el jueves 26 de octubre pasado, en el Palacio Nacional.

Entre las varias razones por las cuales no firmé el pacto, se encuentra el hecho de que muchos de sus propósitos son obligaciones establecidas en leyes, INCUMPLIDAS por el propio gobierno.

Yo reclamé que, si el gobierno no ha sido hasta ahora capaz de cumplir con la ley, menos aún con un Pacto, que no tiene fuerza jurídica vinculante.

Además, entre los participantes por parte del Gobierno en las mesas de trabajo se encontraba el señor Wilfredo Lozano, quién es la persona que dirige el Instituto Nacional de Migración (artífice del Plan de Contingencia para el Manejo de Flujos Masivos Migratorios y artífice, junto a otros, de buscar un haitiano perjuro y falsificador de documentos de identidad, para acusar a RD ante la CIDH), funcionario que actúa como Secretario del Consejo Nacional de Migración y quien por 3 años, no ha sido capaz de producir una sola acta con las decisiones de ese Consejo, invalidándolo a propósito, volviendo letra muerta la Ley de Migración.

También formaba parte de las Comisiones, una representación del Ministro de Relaciones Exteriores, cuyo Ministro, el señor Roberto Álvarez, abiertamente desconoce la Ley de Migración, propone otro Plan de Regularización, y quien también desconoce las sentencias del tribunal constitucional 168 -13, que establece los alcances de la nacionalidad dominicana e igualmente desconoce la sentencia 256 -14, qué declaró la invalidez constitucional de el reconocimiento de competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, foro que desconoce la soberanía nacional y nuestra Constitución

También estaba un representante del Ministro de Trabajo, Luis Miguel Decamps, quien no es capaz de aplicar las reglas del 80/20, establecido en el Código de Trabajo.

Todos esos son funcionarios designados por decreto y ejecutan una política de desconocimiento, inaplicación y violación de las leyes.

Esos señores son los que van a aplicar el Pacto?

La credibilidad es algo que se construye con actos, no con palabras.

Entonces yo decía que, antes de redactar y firmar documentos que suponen o dan por sentado la irresponsabilidad gubernamental, debía empezarse por aplicar las leyes y la Constitución y luego, hablar de lo que fueran cosas a futuro, como posible compromiso nacional.

Lo que no se cumple hoy, se va a cumplir mañana?

Eso, es una tomadura de pelo. Un entretenimiento.

Busquemos los comentarios de la población en las redes sociales.

Por más que las relaciones públicas del gobierno lo celebren, la población desconfía del «Pacto».

Ese acto de ayer algo que la población, en su gran mayoría, entiende un acto político y politiquero, solo para proyectar la apariencia de una coalición de apoyos de pequeños grupos partidarios, para fines de continuidad y arribismo oportunista.

Del mismo modo, en el texto del documento se enuncian una cantidad de propósitos ajenos a la defensa de la soberanía, cosas siquiera encubiertas para armar negocios con los escasos recursos dominicanos para financiar aventuras en Haití.

RD no puede destinar sus recursos en Haití, eso es incluso contradictorio con el mensaje inicial que motivó la convocatoria a un «Pacto». Eso de que «no hay solución dominicana al problema haitiano». Si el propósito de ese «Pacto» entonces es financiar el rescate de Haití, de qué estamos hablando?

Igualmente, el tono del documento en varias partes refleja una visión expansionista, de trazar políticas económicas y de gobernanza en Haití. Un despropósito.

Eso va a ser percibido negativamente por nuestros vecinos, quienes entenderán que desde la República Dominicana se trata de decidir los destinos de Haití.

Ese documento, por lo tanto, incluye cosas que no tienen nada que ver con la soberanía nacional.

Si me he mantenido apartidista y fiel a mis principios, no es para tampoco hacer el papel de tonto útil. Para eso, que nadie cuente con mi firma».

Los aliados de EE.UU. cuestionan su capacidad para responder a tantos conflictos globales simultáneos

Washington, AT.- Los aliados de Washington temen que la industria militar estadounidense pueda fracasar a la hora de responder a las expectativas, debido a la cantidad de conflictos en el mundo que requieren de la asistencia de EE.UU., informa Bloomberg, que cita fuentes gubernamentales.

«Enfrentado a guerras calientes en Oriente Medio y Ucrania y a una guerra fría con China, Estados Unidos está empezando a parecer sobrecargado«, escribe el medio.

Además de seguir fabricando proyectiles de artillería destinados a Ucrania para asegurarse de que Kiev siga haciendo frente a las tropas rusas, y de armar a Taiwán ante la posibilidad de un conflicto bélico con Pekín, el Pentágono tiene que despachar urgentemente sistemas de defensa antiaérea a Oriente Medio ante la posibilidad de que la escalada de las hostilidades entre Israel y Hamás se desborde y derive en un conflicto más amplio en la región.

La industria de defensa estadounidense empieza a dar síntomas de sobrecarga y sus socios temen que no produzca suficientes armas para hacer frente a estos desafíos

«En las capitales de Europa y de Asia, las autoridades están cada vez más preocupadas ante la posibilidad de que algunos socios se vean en desventaja, ya que el aumento de los desafíos simultáneos pone a prueba la capacidad de respuesta de EE.UU., y su industria de defensa tiene dificultades para producir suficientes armas para todos estos conflictos», indica Bloomberg.

La solicitud de 106.000 millones de dólares que el presidente estadounidense Joe Biden ha pedido al Congreso en concepto de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, se enfrenta ya a la oposición de los republicanos. Los temores de los aliados de Washington se avivan ante las elecciones presidenciales de 2024, que podrían traer de vuelta a la Casa Blanca a Donald Trump, quien ha declarado que planea retirarse de alianzas, mejorar la relaciones con Rusia y enfrentarse abiertamente a Irán y a China.

Aunque Biden se ha apresurado a asegurar a los líderes de todo el mundo que EE.UU. será capaz de hacer frente a todas las amenazas simultáneamente y mantener el apoyo prometido, «funcionarios gubernamentales reconocen en privado que la crisis en Oriente Medio ha socavado lo que había sido un principio clave de su enfoque global: que la región, durante mucho tiempo tumultuosa, se dirigía finalmente hacia un periodo en el que no requeriría un compromiso tan grande por parte de EE.UU.»

EE.UU. estaba retirando recursos de esta región para redistribuirlos hacia la amenaza china y rusa, convencido como estaba de que el reciente acercamiento de Israel con algunos países árabes podría garantizar la seguridad del Estado judío sin una gran presencia estadounidense. Ahora esta idea está en entredicho, razón por la que «EE.UU. ha urgido a Israel a detener su ofensiva terrestre contra Hamás en la Franja de Gaza» para, de esa forma «tener tiempo para reforzar sus defensas en la región», resalta el medio.

Simultáneamente, se está cuestionando la continuación de la ayuda a Ucrania en el Congreso ante la falta de avances de la contraofensiva ucraniana y los reveses que ha experimentado la industria de defensa estadounidense a la hora de reabastecer las reservas de municiones de artillería, agotadas por las fuerzas ucranianas.

«Nuestra base industrial no estaba preparada para tener que reponer al mismo tiempo tantos tipos diferentes de armas para múltiples socios distintos», reconoció Michèle Flournoy, ex subsecretaria de Defensa de EE.UU.

El medio indica que la proporción del gasto militar de EE.UU. ha llegado al mínimo de más de dos décadas, habiendo ahora solo cinco contratistas principales en este ámbito, en comparación con los 51 de 1993, justo tras el final de la Guerra Fría.

¿Cuántos son? 20 años sin contar a los haitianos

Por Wethzer Piercin

Puerto Príncipe, AyiboPost.- Cada diez años Haití debe realizar un censo general de población y vivienda; sin embargo, el último ejercicio de este tipo se llevó a cabo hace veinte años.

Las dos instituciones claves para esta iniciativa, el Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) y la Secretaría de Estado de Población, ofrecen diferentes explicaciones por no realizar el V censo general, mientras especialistas denuncian las nefastas consecuencias de la ausencia de información. Estadísticas actualizadas del país.

El director del IHSI, Wilson Fièvre, declaró a AyiboPost que la situación de seguridad era un obstáculo importante, mientras que Laurent Beaugé, secretario de Estado de Población, cree que sólo la falta de voluntad y de recursos puede impedir que se realice el censo.

Cada diez años, Haití debe realizar un censo general de población y vivienda; sin embargo, el último ejercicio de este tipo se llevó a cabo hace veinte años.

«Si algunas zonas del departamento de Oeste, por ejemplo, siguen siendo inaccesibles, podríamos realizar el censo en los otros nueve departamentos», afirma Beaugé.

Para zonas inaccesibles, el Secretario de Estado le dice a AyiboPost que hacen proyecciones. Por lo tanto, según él, «la cuestión de la inseguridad planteada por el IHSI no se sostiene».

Wilson Fièvre rechaza esta idea del Secretario de Estado de Población. Según el director del IHSI, el censo general de población no se puede realizar de forma fragmentada.

El censo debe realizarse de una sola vez (durante ocho a diez semanas) para evitar los sesgos que podrían surgir debido al movimiento de poblaciones, explica Wilson Fièvre. «La metodología la desarrollan las Naciones Unidas y debemos respetarla», afirma el director.

De lo contrario, advierte Fièvre, esta institución internacional que contribuye a la financiación de la recogida de datos « no validará los resultados. »

La metodología la desarrollan las Naciones Unidas y debemos adherirnos a ella.

Según los requisitos de las Naciones Unidas, los censos generales deberían realizarse cada diez años.

La iniciativa permite conocer el tamaño actual de la población y capturar en detalle características sociodemográficas relevantes, incluyendo su evolución, distribución espacial, necesidades, nivel educativo, nivel de migración interna, etc.

«Existe un verdadero problema a la hora de producir datos estadísticos sobre la población de Haití, es un hecho», afirma Laurent Beaugé, Secretario de Estado de Población.

Según Beaugé, esta falta de datos «es un obstáculo importante para el desarrollo del país», ya que la falta de datos sociodemográficos actualizados «da lugar a presupuestos y planes de desarrollo que no reflejan la realidad del país». Esto, según Beaugé, «explica en parte el fracaso de estos planes».

Tres especialistas entrevistados por AyiboPost señalan como un problema importante la falta de datos fiables y actuales sobre la población haitiana.

Debido a esta falta de información demográfica y socioeconómica relevante y actual sobre educación, salud, medio ambiente, agricultura, vivienda y migración, los líderes han estado dirigiendo ciegamente a Haití durante años. En estas condiciones, según estos expertos, la buena gobernanza sigue siendo una utopía.

Esta falta de datos es un obstáculo importante para el desarrollo del país, ya que la falta de datos sociodemográficos actualizados da lugar a presupuestos y planes de desarrollo que no reflejan la realidad del país.

La economista Emmanuela Douyon se enfrentó a esta falta de datos cuando investigaba los resultados de las últimas elecciones, por comuna, en el marco de un proyecto académico.

«Ninguna institución pudo proporcionarme esta información, ni siquiera el Consejo Electoral Provisional o los partidos políticos», dijo Douyon a AyiboPost.

Normalmente, un partido político debería tener esta información para evaluar mejor su desempeño. Pero según Emmanuela Douyon, directora ejecutiva de PoliCité, «los líderes haitianos no tienen la cultura de tomar decisiones basadas en datos».

Estos datos son la materia prima clave para toda toma de decisiones racional. Así lo explica a AyiboPost Paul Antoine Bien-aimé, profesor de la Universidad Estatal de Haití (UEH).

Después del terremoto de 2010, continúa Bien-Aimé, «ninguna institución haitiana tenía datos sobre las personas que vivían en campos, excepto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)», recuerda.

Los líderes haitianos no tienen la cultura de tomar decisiones basadas en datos.

El Estado encabeza la lista de responsables de este problema, según los especialistas. Las autoridades no afirman su «papel de liderazgo en la producción de datos sobre la población de Haití», afirma Lamarre Cadet, profesor de planificación social en la Universidad Estatal de Haití (UEH).

«Tenemos muy poca información sobre el número de jóvenes que entran o salen de la universidad cada año», observa Lamarre Cadet. « Lo mismo ocurre con los desplazados internos. Los municipios no disponen de esta información, y mucho menos de un sistema de archivo de la evolución de las poblaciones locales», afirma Cadet, que ve la situación como una «pesadilla».

Sin esta información, continúa Cadet, no se puede planificar ni anticipar nada, y las cifras producidas por las ONG a menudo reflejan sus propias agendas. «El Estado va a ciegas», afirma el profesor, quien recuerda que la producción, el procesamiento y la disponibilidad de datos son una «prioridad en otros países preocupados por el bienestar de su población».

A falta de datos demográficos actualizados, algunos especialistas explican a AyiboPost que los responsables de las políticas públicas suelen basarse en estudios realizados por instituciones internacionales.

El Estado avanza ciegamente […], el procesamiento y la disponibilidad de datos es una “prioridad en otros países preocupados por el bienestar de su población”.

Para Laurent Beaugé, secretario de Estado de Población, «esto es algo muy malo. » Explica que los datos demográficos, el estado de la población, los datos biométricos y los datos relacionados con el desarrollo económico y social de la población son de importancia estratégica, incluso una cuestión de seguridad nacional.

«No es posible que un país no pueda recopilar datos sobre sus ciudadanos y afirmar su soberanía a este respecto», continúa el responsable del Gobierno.

El quinto censo general, que debía realizarse desde mayo de 2020, tuvo que ser suspendido debido a la inseguridad a petición de socios internacionales, según Wilson Fièvre, director general del IHSI.

El instituto, en colaboración con el Centro Nacional de Información Geoespacial, está en proceso de crear un nuevo mapa del país que se utilizará para realizar el estudio general, revela Fièvre, pero no tiene una fecha para el quinto censo de población. .

«Encontrar un plazo de ocho a diez semanas para realizar el censo es muy difícil dada la situación actual del país», continúa el director.

No es posible que un país no recopile datos sobre sus ciudadanos y no haga valer su soberanía en esta materia.

Mientras tanto, algunas proyecciones basadas en el censo de 2003 resaltan la urgente necesidad de acciones concretas por parte del gobierno.

Por ejemplo, se prevé que para 2030 la población de Haití alcance los catorce millones de personas.

Los ciudadanos de cero a quince años y de 65 años o más representarán entonces «entre el 22 y el 30 por ciento» de la población total, explica el Secretario de Estado de Población, Laurent Beaugé.

Teniendo en cuenta que un niño de cero a quince años aún no puede trabajar y que la edad de jubilación ya está a partir de los 65 años, esto implica que tendremos una población muy dependiente, continúa Beaugé.

Por lo tanto, el Estado será responsable de estas personas.

El Secretario de Estado añade que esto representa un «desafío importante y requiere una acción anticipatoria». También afirmó que su departamento está en el proceso de organizar iniciativas de consulta ciudadana para recopilar información sobre la opinión del público sobre el censo. Esa información se enviará al IHSI.

Las finanzas públicas en las patas de los caballos

Por Magín J. Díaz 

Como es costumbre y dando cumplimiento a la ley, el Gobierno envió al Congreso este mes de octubre el proyecto del Presupuesto para el año 2024, el cuarto y último del actual periodo constitucional.

Entiendo que hay un punto que debe ser resaltado antes de hacer cualquier análisis de las tendencias presupuestarias de este Gobierno: Hay que remontarse a la década de 1980 para encontrar otro periodo en que un Gobierno haya enfrentado más choques externos: El COVID, el aumento global de los precios de la energía y los alimentos, la inflación internacional, el incremento del precio de los fletes, la subida
de las tasas de interés, la desaceleración económica mundial y, para rematar, una crisis política con Haití.

Aún con un aumento de la eficiencia de 17% (como argumentan algunos funcionarios) la inversión
efectivamente ejecutada en estos cuatro años será la menor en un cuatrienio en más de tres décadas.
Por cuarto año consecutivo, los Ingresos Totales del Gobierno no alcanzan para cubrir los Gastos
Corrientes

Esto es apenas un listado parcial de los retos que se han enfrentado en este cuatrienio y que todos se reflejan de una u otra manera en las finanzas públicas.

Habiendo dicho esto, el Presupuesto presenta un déficit de 3.1% del PIB para el año próximo, lo cual implica un aumento de la deuda pública a 47% del PIB. Este déficit es compatible con la estabilidad macroeconómica y se puede decir que es un resultado razonable dado el contexto internacional. Lo que debe estar claro es que con un crecimiento de la economía cercano al 5%, un déficit de esta magnitud no coloca la deuda pública en una trayectoria descendente.

Es evidente que los problemas estructurales de las finanzas públicas se van agravando:

– La inversión pública se presupuesta en 2.1% del PIB, el monto más bajo desde los años 80 del
siglo pasado. Aún con un aumento de la eficiencia de 17% (como argumentan algunos
funcionarios), la inversión efectivamente ejecutada en estos cuatro años será la menor en un
cuatrienio en más de tres décadas.

  • Por cuarto año consecutivo, los Ingresos Totales del Gobierno no alcanzan para cubrir los Gastos
    Corrientes.
  • Dos partidas se llevan el 50% de los Ingresos Totales: Intereses + Educación.
  • Cuando se consideran los pagos del Gobierno para la recapitalización del Banco Central, la
    partida de intereses llega a 4% del PIB, el mismo monto que Educación.
  • Para el sector eléctrico hay contemplados RD $86,000 millones de subsidios. Pero esto es solo
    para cubrir el déficit corriente. Casi no hay monto asignado para inversión de las empresas
    distribuidoras de electricidad en el Presupuesto 2024.

En este último punto se ha creado cierta confusión en la opinión pública, ya que se ha interpretado que el Gobierno dispondrá de US$ 570 millones para invertir el próximo año. La realidad es que prácticamente no se considera inversión en el sector para el próximo año.

La confusión viene dada por el artículo 70 del Presupuesto, en el cual se autoriza la contratación de los préstamos externos. Pero, precisamente esto es solo una autorización, sin la cual el Ministerio de Hacienda no puede iniciar el proceso de contratación y posterior remisión de los préstamos al Congreso.
Pero otra cosa es el desembolso de estos préstamos, los que solo se pueden realizar si estos se presupuestan en los ejercicios fiscales anuales.

Y muchos de estos préstamos para los que se solicita autorización, tienen desembolsos presupuestados
en el año 2024. Como ejemplo está el caso de los créditos mencionados para el sector eléctrico.
En total, se pide autorización para 49 préstamos externos por un monto de US $7,200 millones. La inquietud que surge es por qué poner tantos préstamos si no hay forma de ejecutarlos, no solo en un año sino en el futuro cercano, tal vez ni siquiera en los próximos diez años, dada la fuerte restricción presupuestaria que enfrenta el Gobierno.

En otro orden, el Presupuesto 2024 mantiene las medidas tributarias y de gasto dispuestas en Presupuestos anteriores, como el no ajuste por inflación tramos ISR personal, la suspensión a la
exoneración para la importación de maquinarias de juegos de azar, la contribución al GLP, el cobro de 2 pesos por galón de gasolina y gasoil que sea realizado por DGA, que el impuesto por constitución de sociedades se pague conjuntamente con el ISR y los ajustes a recursos asignados por Leyes Especiales.

Al final, aunque parezca difícil de entender, analizar las implicaciones macroeconómicas de un proyecto
de miles de páginas es relativamente fácil: el déficit es razonable (pero para lograrlo hay que desplomar
la inversión pública), la deuda sigue aumentando, los ingresos fiscales no dan para el nivel de gasto que
exige la sociedad, las mejoras de eficiencia y la lucha contra el dispendio no resuelven un déficit fiscal estructural. Sencillo.