Ciudad de Guatemala, AT.- Impunidad, injusticia e indignación permean el caso de Floridalma Roque, una mujer de 59 años, originaria de Honduras y nacionalizada estadounidense, que murió en el quirófano del cirujano plástico guatemalteco Kevin Malouf, quien tras incurrir en negligencia médica y en un intento de evadir la justicia, descuartizó el cuerpo de su paciente y tiró sus restos desmembrados en una fosa lejana y de difícil acceso en un área boscosa de San Vicente Pacaya, Escuintla, Guatemala.
El escandaloso crimen, que ha captado la atención de toda la sociedad guatemalteca debido a la perversidad con la que actuó el médico cirujano, fue perpetrado el 13 de junio de 2023. Ese día, Roque llegó a la clínica de Malouf para someterse a una operación de «rejuvenecimiento facial y liposucción secundaria de los brazos», según detalló el propio galeno en sus redes sociales seis días después de la intervención y de que los familiares denunciaran su —para entonces— presunta desaparición.
Según Malouf, la paciente tuvo una cirugía «satisfactoria» y había pasado a «observación» y «recuperación» tras la intervención, por lo que esa noche habría dormido en el centro de estética, ubicado en Ciudad de Guatemala, la capital de ese país. Al día siguiente, aseguró el profesional, y «gracias a su buena evolución», la paciente solicitó darse de alta a las 7:00 de la mañana.
Acto seguido, aseguró el doctor, la paciente fue llevada en silla de ruedas hasta la calle, donde abordó un vehículo. «Posterior a esto no tuvimos más comunicación con la señora Roque, informándonos ese mismo día de su desaparición», dice textualmente el documento firmado por Malouf. Un día antes, el médico había divulgado en sus redes un video en el que afirmaba no tener conocimiento del paradero de la paciente y sostenía que tras abandonar ella la clínica, su responsabilidad llegaba hasta ahí.
En esa grabación, el cirujano afirmó que había notificado al Ministerio Público sobre la situación y que le habían entregado informes y pruebas en video donde podía verse el momento en que Roque abandona el edificio en silla de ruedas, acompañada por un enfermero y «frente a decenas de testigos», y luego «toma un automóvil y se va».
El escandaloso crimen, que indigna a la sociedad guatemalteca debido a la perversidad con la que aparentemente actuó el médico cirujano, fue perpetrado en una clínica el 13 de junio de 2023
«Es importante decir que la responsabilidad del médico termina cuando [el paciente] abandona las instalaciones, tanto del médico quirúrgico como del médico clínico», dijo Malouf. A esto añadió que él no podía estar pendiente de la paciente como si se tratara de un perro en tratamiento al que hay que sobarle la garganta para verificar que «le pase la pastilla».
«No estoy cometiendo ningún delito»
En esa misma declaración, el médico aseguró no saber la localización de Roque y que ella se había quedado a dormir en su establecimiento porque venía del extranjero para someterse a la operación, que le habría costado más de 10.000 dólares.
«Desconozco la intención, desconozco la localización, desconozco la finalidad de todo esto. Lo único que tenemos muy claro es que es una paciente que fue operada y al día siguiente, pues tomó sus cosas y se fue. Que por qué la dejé ir, disculpen, yo no estoy operando niños«, agregó Malouf.
El cirujano afirmó que Roque, para ese momento, ya era buscada por las autoridades y declarada como persona «faltante». En medio de esas declaraciones, Malouf comentó que no sabía por qué los familiares de la paciente lo insultaban. «No estoy cometiendo ningún delito», aseguró al resaltar que él es un profesional.
«Lo más importante es que me dedico a cambiar y a mejorar y a salvar vidas, no a lo contrario, no a eliminar vidas, no a cancelar vidas, no a desaparecer vidas, por el amor de Dios, ese negocio no es lo mío«, afirmó Malouf, y cerró su grabación afirmando que seguirá adelante con su vida «normal».
¿Qué pasó en realidad?
Hasta donde se sabe, lo que realmente pasó dentro del quirófano de Malouf fue que Roque sufrió complicaciones médicas tras dos horas de cirugía, situación que no fue atendida a tiempo y que, en supuesta mala praxis médica, la llevó a la muerte.
El enfermero Luis Castro, imputado como cómplice del doctor junto con la anestesióloga Lidia Silva y la enfermera Susana Rojas, y condenado en octubre de 2024 a un mes de prisión por encubrimiento propio,confesó durante una audiencia celebrada en mayo de 2024 que Roque requería insulina y el traslado a un centro hospitalario para que la atendieran de urgencia, debido a que no reaccionaba.
Sin embargo, Malouf se negó a realizar el traslado al argumentar que saldría sumamente costoso y que él no iba a correr con esos gastos. Horas después falleció la paciente. Tras confirmar el deceso, Malouf habría obligado a Castro, Silva y Rojas a hacer desaparecer el cuerpo de Roque, cuyos restos fueron localizados casi un año después, el 5 de junio de 2024.
De acuerdo con los testimonios de los involucrados, el cirujano descuartizó el cadáver, hizo que la enfermera se hiciera pasar por Roque y que su compañero la movilizara en silla de ruedas para simular su salida del lugar.
Luego de esto, ordenó retirar las grabaciones de las cámaras de seguridad y se quedó con las que luego entregó por conveniencia a las autoridades. Momentos después, trasladó los restos del cadáver a su casa, donde los tuvo por dos días, y finalmente los tiró en una fosa a más de 50 kilómetros de la ciudad.
Sentencia «ilegal» e «injusta»
El pasado 5 de marzo, el juez Pedro Laynez decidió condenar al cirujano, a la anestesióloga y a la enfermera a una pena de cinco años de prisión conmutables, es decir, una condena que pueden cambiar por una multa equivalente a cinco quetzales diarios, 0,65 dólares, por el tiempo que pasarían tras las rejas.
A esta condena se suma otra del 3 de octubre de 2024, cuando Malouf, Silva y Rojas fueron sentenciados a dos años de prisión (también conmutables) por obstaculizar la acción penal, delito del que se declararon culpables. Ahora los tres involucrados, que han estado en prisión preventiva desde 2023, podrían recuperar su libertad en los próximos días tras pagar ambas penas.
Así, a pesar de la atrocidad de los hechos, los acusados se beneficiarán de la ley de Aceptación de Cargos, que contempla descargos en casos de homicidio culposo y rebaja la pena en una tercera parte. De tal manera, tanto Malouf como sus cómplices pagarían solo tres años y cuatro meses de multa por el delito que cometieron, es decir, cerca de 800 dólares cada uno.
Paula Barrios, directora de la asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM), dijo al medio La Hora que la decisión del juez beneficia a los imputados «con el cambio de delitos», debido a que no los acusó de homicidio como lo pedía la Fiscalía, crimen que se castiga con hasta 40 años de cárcel, mientras que el culposo no pasa de cinco años.
Para Barrios, lo ocurrido con Roque no es un delito de homicidio culposo, sino que hubo «premeditación y alevosía», que son agravantes. La activista recordó que Malouf «se opuso a buscar el auxilio y atención médica oportuna, dejó pasar el tiempo, quiso hacer creer con un video que todo estaba bien, mutiló el cuerpo, lo sacó en un tonel y lo escondió. Todo esto lo obvió el juez».
En su opinión, se debe considerar además la presunción del delito de tráfico de influencias o corrupción, debido a la presunta actuación irregular del juez y del sistema de justicia, que previamente le negó a la familia de la víctima actuar contra el togado.
Por su parte, el abogado José Barrios comentó al mismo medio que la sentencia de Laynez debe ser apelada por la Fiscalía y por la defensa de Roque, debido a que «a todas luces es ilegal». «Es una sentencia injusta, que abre las puertas a resoluciones similares que no permitan percibir con buenos ojos la capacidad punitiva del Estado para los criminales», dijo.
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