Por Germán Reyes
Santo Domingo.- El exembajador haitiano en República Dominicana Smith Augustin deberá abandonar su membresía en el Consejo Presidencial de Transición (CPT), cuya presidencia rotativa le correspondía a partir de octubre de 2024.
Hace aproximadamente un mes, el presidente del consejo de administración del Banco Nacional de Crédito (BNC), Pascal Raoul Pierre Louis (destituido), escribió al primer ministro Garry Conille para denunciar a tres miembros del CPT (Louis Gérald Gilles, Smith Augustin y Emmanuel Vertilaire) que, según Pierre Louis, le habrían «exigido un pago de 100 millones de gourdes» (unos 757 mil dólares estadounidenses) para mantenerlo en su puesto de presidente del Banco Nacional de Crédito.
El expediente, al parecer agilizado luego de diligencias para su rápido procesamiento realizadas por una comisión de la Comunidad del Caribe (Caricom) y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, es investigado por la Unidad de Lucha Contra la Corrupción (ULCC).
Le sacan la alfombra
La salida de Augustin de la estructura, que junto al primer ministro Garry Conille dirige los destinos de la nación caribeña, fue decretada por su partido Comprometidos con el Desarrollo (EDE, siglas en francés), según informan los medios de la capital haitiana, Puerto Príncipe.
Escándalo/BNC: las líneas siguen moviéndose. El partido EDE, a través de su Buró Político Nacional (BPN), acaba de escribir oficialmente a su representante en el CPT @SmiAugustin para pedirle que dimita, informó el periódico Gazette Haiti.
En esta carta firmada por todos los miembros del BPN, EDE escribe: «Su dimisión no será en modo alguno una admisión de culpa porque no podemos ignorar el principio de presunción de inocencia, informó el medio.
Sin embargo, precisa Gazette Haiti sobre la carta de EDE a Augustin, “creemos que esta sabia decisión facilitará el progreso de la investigación (y) evitará la dislocación del Consejo Presidencial y, de manera más general, garantizará el desbloqueo de la situación en un proceso de transición que ya es demasiado frágil”.
Se trata en su mayoría de niños de origen o ascendencia extranjera que también se ven impedidos a la hora de recibir servicios sociales, incluido el acceso a los programas gubernamentales de formación profesional y reducción de la pobreza y, en concreto, el documento se refiere a que muchas personas nacidas en República Dominicana de ascendencia haitiana, menores incluidos, continúan sin documentación por decisión judicial.
A todo ello, añade la investigación, se suma que en el país persisten importantes lagunas para la aplicación de la ley, como la escasez de recursos humanos y financieros para los organismos encargados de ello a nivel laboral y penal, y la falta de autoridad de los inspectores de trabajo para evaluar directamente las sanciones por violaciones de la legislación laboral.
En República Dominicana, denuncia el estudio, «los niños son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial, a veces como resultado de la trata de personas» (los menores que viven en lugares turísticos son especialmente vulnerables a ello), y también realizan tareas peligrosas en la agricultura.
Pero no sólo el Director General firmó el pacto, sino los subdirectores, directores, funcionarios y otros empleados de Migración, que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la política antisoborno con los demás colaboradores bajo su supervisión, destaca una información de la dependencia oficial.
La DGM también busca una certificación internacional de ciberseguridad bajo la norma ISO 27001:2016 de Protección de Datos y Privacidad.
