Por Germán Reyes

Santo Domingo. – Las dificultades entre la dirigencia del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) propicia un retardo en la designación por parte del presidente Luis Abinader de las gobernadoras de El Seibo y San Juan de la Maguana, según se ha reportado en distintos medios.

El presidente Luis Abinader juramentó este martes en el Palacio Nacional a varias gobernadoras provinciales, con lo que sigue una tradición asumida en su momento por el extinto presidente Joaquín Balaguer. Solo que en algunos casos en el partido que le postuló aun no acuerdan sobre algunas candidatas a esos puestos en al menos esas dos provincias.

Mientras en SJM la decisión, que debe resultar del consenso entre una Comisión Provincial de Empleos y otra Comisión Nacional, se ha detenido en dos candidatas a la representación del Poder Ejecutivo, en El Seibo la lista aumenta a ocho.

Según el periódico Líderes Políticos, la Comisión Provincial de Empleos del PRM en San Juan escogió a unanimidad a Ana María Castillo, “pero supuestamente la Comisión Nacional ha escogido a la profesora Elvira Corporán”.

Las Calientes del Sur, que El presidente Abinader le habría propuesto otro cargo a  Ana María Castillo darle otro cargo, lo cual habría rechazado con el argumento de que fue seleccionada a unanimidad por la Comisión Provincial de Empleos.

Ocho postulantes en El Seibo

El periodista Julio Durán dijo que, de acuerdo a lo que se pudo establecer, la no designación de la gobernadora de El Seibo se debió al impase surgido entre dirigentes que lideran las facciones a lo interno, y los pedidos que se han hecho de unos y otros del PRM para que sea escogida su favorita.

Las facciones a lo interno del PRM se reunieron este martes para llegar a un acuerdo sobre la designación, la cual podría implicar la distribución por año en favor de una u otra de las partes. Esa decisión, sin embargo, deberá ser aceptada por el Jefe de Estado.

Las candidatas a la Gobernación Provincial en El Seibo que baraja la dirigencia del partido oficial son Claritza Chovet, Niurka Reyes, Mirian Mercedes, Irene Martinez, Glagibel Sepúlveda, Chabela Candelario, Sheila Taveras y Libia Fabián.

Por Germán Reyes

Santo Domingo.- José Francisco Peña Guaba, presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), lamentó la cancelación de Peggy Cabral viuda Peña Gómez, quien a su entender laboraba en “un simple Viceministerio” adscrito a la Cancillería.

Peña Guaba, quien es también diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), refirió que que hay símbolos que la política debe respetar.

Refirió que el entonces presidente Joaquín Balaguer respetó la viuda del ex presidente Jacobo Majluta, Ana Elisa Billanueva, igual que a Rosa Meléndez.

El también hijo del extinto líder José Francisco Peña Gómez, y secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos de República Dominicana (Fopppredom) emitió sus declaraciones en un mensaje a través de la red social Twitter.

“Para los que quieran disminuir la impronta del liderazgo histórico del Dr Peña Gómez,está tan actualizado en el cariño y admiración del pueblo, que es el líder de 10 partidos de los reconocidos actualmente,con visión diferente Peñagomistas somos fuerza mayoritaria de esta Patria!”, dijo respecto a su extinto padre.

Respecto a la cancelación de Peggy Cabral viuda Peña Gómez, José Frank tino que “creo innecesario haber quitado de un simple Viceministerio a la Viuda del más grande líder que hemos tenido, Dr Balaguer mantuvo a Doña Rosa Melendez y a Ana Elisa Villanueva en sus posiciones,Joaquin Balaguer ha estado en New Orleans, hay símbolos que la política debe respetar!!”.

Bogotá, Semana.- Tras su renuncia, la plenaria del Senado tendrá que decidir qué hace con esa dimisión. En caso de que el Congreso le acepte la renuncia, el senador pasaría a ser excongresista y la Corte Suprema de Justicia quedaría sin competencia para investigarlo. «El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron”, señaló Uribe en su carta de dimisión.

No es la primera vez que un congresista renuncia y como consecuencia se abre la discusión de quién asume la competencia: la Corte Suprema o la Fiscalía. A raíz de las investigaciones por parapolítica, decenas de parlamentarios renunciaron a su curul para no ser juzgados por la Corte. Algunos de ellos fueron: Álvaro Araújo Castro, Antonio Valencia Duque, Luis Guillermo Vélez, Jairo Enrique Merlano, Zulema Jattin Corrales, Carlos García Orjuela, Luis Alberto Gil, Álvaro Alfonso García y el primo del expresidente Álvaro Uribe, Mario Uribe Escobar. La mayoría de estos congresistas también alegaron la falta de garantías, especialmente por ser juzgados en una única instancia y en un proceso en el cual el organismo que los acusaba era su mismo juez.

Sin embargo, el caso de Uribe será inédito porque por primera vez se trata de un aforado con derecho a la doble instancia, que decide renunciar a su fuero de congresista. La discusión que se avecina es sensible porque la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema indica que la competencia se mantiene únicamente cuando los presuntos hechos que se le imputan tuvieron relación directa con sus funciones.

Según el abogado Francisco Bernate, al renunciar a su fuero, la Corte Suprema de Justicia no podrá investigarlo y tendrá que remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación, excepto si el Alto Tribunal determina que los hechos por los cuales dictó medida de aseguramiento domiciliaria obedece a su accionar como senador.

En caso de que la Sala de Instrucción se niegue a entregar el proceso, dice el abogado penalista, la Sala Penal del Alto Tribunal tomará una decisión. Si la Corte Suprema, en su sala penal, determina que no renuncia al caso, se tendrá que recurrir a la acción de tutela. De acuerdo con Bernate, no tendría que existir problema para que la corporación entregue dicho caso a la Fiscalía General.

Desde la otra orilla se pronunció el senador Iván Cepeda, quien aseguró que la renuncia de Uribe «no implica, bajo ninguna circunstancia», que la Corte Suprema pierda su competencia para avanzar en la investigación y el llamado a juicio. «Utilizó su trabajo legislativo para contactar a distintos presos en las cárceles del país para que declararan en mi contra. En su condición de senador desplegó toda actividad alrededor de un debate que hice en el Senado y la Cámara de Represententes. La competencia sigue estando en la Corte Suprema de Justicia», indicó.

Sin embargo, una parte más compleja de esta discusión podría desatarse en caso de que la Corte Suprema de Justicia decida dejar el caso a la Fiscalía. Según el penalista Yesid Reyes, existe un «vacío enorme». La razón es que si Uribe viene con medida de aseguramento domiciliaria dictada por la Sala de Instrucción, esta no necesariamente quedaría en firme. «Como se trata de dos procedimientos diferentes, habría que ratificar la decisión de medida de aseguramiento ante un juez para que se puedan empatar los dos procedimientos».

Cabe recordar que Uribe es procesado en la Corte Suprema de Justicia bajo las normas de la Ley 600, donde la Sala investigadora toma decisiones de privación de la libertad sin necesidad de ir ante juez. Mientras que al pasar a la Fiscalía, este tipo de decisiones son de entera competencia de un juez de la República por petición de la Fiscalía.

«El parámetro que la Corte ha trazado es que si los hechos por los que se investiga al congresista tienen relación con el cargo, se queda en la Corte. Pero por lo que se sabe, en el caso de Uribe esos dos delitos no tienen que ver con el cargo. Al pasar el caso a la Fiscalía todo el procedimiento cambia», insistió.

La carta de renuncia

Doctor

Arturo Char Chaljud

Presidente del Senado

Apreciado señor Presidente:

Me dirijo a usted para presentar renuncia al

Senado de la República.

El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron.

La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contra interrogar, con el magistrado que advertía de posible auto incriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes,  anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas.

Anhelo que Colombia se recupere de tantas dificultades sin poner en riesgo las libertades, con seguridad democrática y eliminación del narcoterrorismo.  Insisto en la necesidad de una economía fraterna, sin odio de clases y sin egoísmo, que lleve de la mano un gran apoyo a la empresa privada y a la política social.

Reitero la creencia en un estado de austeridad burocrática, con más recursos para la educación y la salud, y con más espacio para la creatividad del emprendimiento privado. Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud,  estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política.

Los actos y decisiones de individuos ayudan al respeto por las instituciones en las que actúan o generan todo lo contrario. La lucha por la defensa de la libertad de Colombia es un imperativo irrenunciable.

Me suscribo con la mayor consideración,

Álvaro Uribe Vélez

Agosto 18 de 2020