Santo Domingo.- El profesor Rafael Santos Badía, director del Infotep, informó que en enero de 2026 comenzará el plan piloto de un programa para equipar e impartir talleres técnicos a estudiantes de politécnicos.
El proyecto, que ya comenzó en septiembre para algunos centros, incluirá a 73 politécnicos en su fase de prueba, de acuerdo con una información publicada por el periódico Diario Libre.
En algunos casos los estudiantes recibirán la formación dentro de sus recintos y en otros tendrán que ser trasladados a los del Infotep después de la hora de almuerzo.
La intención es que se comiencen a impartir formación técnico-profesional en politécnicos que en la práctica no funcionan como tal, y que los egresados obtengan la titulación del Ministerio de Educación (Minerd) y del Infotep.
«Hay 223 centros que se llaman politécnicos y tienen un pobre equipamiento, algunos, y otros, aunque se llamen politécnicos, no están equipados», refiere.
En ese sentido, pretenden convertirlos en verdaderos politécnicos y que comiencen a impartir clases con capacitadores del Infotep.
Al mismo tiempo, Infotep formará a 1,600 profesores del Minerd para especializarlos en formación ténico-profesional.
La meta es formar a 67 mil técnicos auxiliares y 21 mil técnicos profesionales en tres años. Estarán incluidos también los adultos que acuden a la escuela nocturna a terminar sus estudios.
Más centros y más recursos
El Infotep opera simultáneamente en centros propios y en los centros operativos del sistema.
Los del primer grupo han sido aumentados de ocho a 63 en los últimos cinco años, mientras los de la segunda categoría se mantienen en 240, según su director.
Los fondos del Infotep, que provienen en su mayoría de los aportes de las empresas, pasaron de 4,063.8 millones de pesos en 2020 a 8,402.3 millones de pesos para 2026, para un incremento de más del 100 %.
Esta ampliación ha sido parte de una transformación de la estructura organizativa que reorganizó la institución, estableciendo nuevas direcciones, departamentos y áreas estratégicas.
Pusieron en marcha una expansión geográfica con la creación de las nuevas direcciones regionales del Cibao Sur, en San Francisco de Macorís, y Oriental, en Santo Domingo Este, con el propósito de descentralizar la oferta.
El objetivo, según un documento oficial, es acercar la oferta formativa a comunidades antes desatendidas y optimizar la gestión operativa
Caracas, RT.- Las calles de Washington y Nueva York fueron cubiertas totalmente con el asfalto venezolano, arrancado por las ávidas empresas estadounidenses, que gozaron de privilegios y de condiciones más que ventajosas para la extracción de recursos durante finales del siglo XIX y todo el siglo XX.
Una de las historias del expolio que permitió a los estadounidenses desplazarse por vías hechas con recursos venezolanos se inició en 1883, cuando el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco les otorgó a la empresa estadounidense New York & Bermudez Company, una «concesión exclusiva» para la explotación de asfalto por 25 años en el antiguo estado Bermúdez (actual estado Sucre), recoge Fundación Polar.
La firma estadounidense se situó cerca del lago Guanoco, considerado como el lago de asfalto más grande del mundo, cuya extensión es de 4km². Allí comenzó a construir instalaciones en 1886 y, dos años después, su concesión fue extendida por 99 años. A partir de 1891 se iniciaron las exportaciones a EE.UU.
Injerencia política y petróleo
New York & Bermudez incumplió lo acordado con el Gobierno y entró en un largo conflicto legal por concesiones con otros contratistas, que buscaron «apoyo tanto en EE.UU. como en Venezuela, utilizando todos los medios disponibles, desde el recurso legal hasta el soborno«, refiere la Fundación Polar.
Como los tribunales fallaron a favor de la estadounidense Warner-Quinlan y de la local Venezuelan Mine, la New York & Bermudez culpó al presidente de ese entonces, Cipriano Castro, de ordenar la decisión, por lo que financió su derrocamiento. Este tipo de injerencia sigue siendo una de las prácticas de las corporaciones para ‘defender’ sus intereses.
Tras la batalla legal, quedó al descubierto el apoyo de Washington a la New York & Bermudez. Este escándalo no impidió que esa empresa, cuyas acciones compró la estadounidense General Asphalt Company, siguiera operando en Venezuela hasta 1935.
Las concesiones de regalo
Cuando las concesiones se entregaban a venezolanos, estos las traspasaban a compañías extranjeras, que se valían de trampas legales para obtener cada vez más licencias de operación en el país. Aunque el llamado ‘oro negro’ aún no tenía la relevancia económica del asfalto en el siglo XIX, la historia cambió en la centuria siguiente.
El primer código nacional minero, según el libro «Petróleo en Venezuela. Una historia», se estableció el 15 de marzo de 1854. Allí «se dio por sentado que la nación conservaba el dominio de los depósitos del subsuelo», pero no estaba dicho expresamente, lo que fue corregido en 1855.
Campamento Mene Grande, estado Zulia
Hasta 1904 las concesiones de crudo se otorgaron bajo esos principios. Ese año, en el Gobierno de Castro se creó una ley minera que establecía que las empresas tendrían que pagar impuestos de 2 bolívares por hectárea de la superficie seleccionada (1 bolívar representaba por lo menos 3 dólares) para explotación y un canon de 4 bolívares por tonelada. Ya en ese tiempo se criticaba lo reducido de los gravámenes, la «generosidad» de los contratos, la falta de retribución por el derecho de exploración y la extensión de las concesiones.
Además, existía una omisión de origen: no había una disposición que previera «la reserva de tierras para la nación como salvaguardia del futuro«. Así, estas políticas liberales, que buscaban generar ingresos, aglutinaron a codiciosos inversionistas extranjeros que allanaron su camino a través de opacidad legal, chantaje, tráfico de influencias y presión a los gobiernos de turno.
Cifras demoledoras
En su texto fundamental «Hundiéndonos en el excremento del Diablo», el abogado y exministro venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso ofrece un dato demoledor: entre 1917 —cuando se hicieron las primeras exportaciones considerables desde el pozo Zumaque I (Zulia)— y 1928, «la producción acumulada de 240 millones de barriles de petróleo y 26 millones más por equivalencia térmica del gas extraído con ese petróleo» solo generó una participación fiscal de 8 millones de dólares
Así, en casi 20 años de explotación del hidrocarburo (1917-1936), el país percibió 90 millones de dólares, solo 8 % de una producción de 1.148 millones de barrilesde petróleo y de 153 millones de barriles de gas.
Con la llegada del dictador Marcos Pérez Jiménez, un gran defensor de los intereses de EE.UU., se «facilitó el expolio», según Pérez Alfonso, con la entrega descontrolada de licencias extranjeras y la reversión de las políticas de concesiones, como el llamado 50/50, impulsado por el derrocado presidente Isaías Medina Angarita.
En el lapso que va desde 1917 hasta la nacionalización del petróleo, en 1975, se produjeron 38.664 millones de barriles, que generaron 104.167 millones de dólares. El Estado recibió 43.900 millones, que corresponden a 42 % de ese monto, que fueron aportados en su mayoría entre mediados de los 60 y principios de los 70.
Petroquímica José Antonio Anzoátegui, estado Anzoátegui, Venezuela
Manos sobre la riqueza petrolera
Pérez Alfonso, padre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se refiere en su libro a la «presión de los intereses privilegiados, cómplices de las transnacionales», que «privó sobre gobiernos poco preparados» para administrar la inmensa riqueza generada por el hidrocarburo.
Por su parte, el escritor Orlando Araujo en «Venezuela violenta» habla sobre la subordinación de la economía nacional a las decisiones de los «capitales extranjeros, fundamentalmente norteamericanos«.
Para el autor, el «destino» de su país era «una prolongación periférica de otra economía más poderosa», que solía presionar a las oligarquías locales para que estas coaccionaran a los gobiernos.
Oro negro en pocas manos
Ya en 1920, EE.UU. se posicionó como «el primer socio comercial e inversionista extranjero de Venezuela» y, con la II Guerra Mundial, el país suramericano se convirtió en el «suplidor seguro y confiable», recoge Petroleum.
Las estadounidenses Standard Oil (actual ExxonMobil), cuya filial era Creole Petroleum Corporation, y Gulf Oil Corp (actual Chevron) y la británico-holandesa Royal Dutch Shell monopolizaron la producción de crudo y desarrollaron la infraestructura del país para la explotación en los pozos de la Faja Petrolífera del Orinoco, en Mene Grande (Zulia), en Anaco (Anzoátegui) y Jusepín, y de refinación en Cardón y Amuay (Falcón) y El Palito (Carabobo).
Refinería de Amuay, estado Falcón, Venezuela
Estas transnacionales, según Carlos E. Lippo, operaron «bajo distintas legislaciones, elaboradas por ellas mismas o consensuadas ampliamente con ellas, hasta la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 2001″, durante el Gobierno de Hugo Chávez, basada en la Constitución, y que dice: «Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, PDVSA, o del ente creado para el manejo de la industria petrolera».
A poco más de cuatro meses de la promulgación de esa ley, la derecha venezolana respaldada por EE.UU. perpetró un golpe de Estado contra Chávez, que fue revertido en pocos días por una rebelión popular.
Los monopolios extranjeros, sostiene Lippo, acordaron la nacionalización del petróleo, en 1975, con el Gobierno de Carlos Andrés Pérez y «promovieron golpes y crímenes de Estado cada vez que los sucesivos gobiernos formularon alguna reforma legal que intentase aumentar la participación fiscal del Estado en la explotación petrolera».
Santo Domingo.- Elevamos una voz de preocupación y esperanza por los jóvenes del Grupo B de la Ley 169-14, personas nacidas en territorio dominicano antes del año 2010, expresó Wendy Osirus, líder de pastores protestantes y presidente del Movimiento por los Derechos, la Paz y la Justicia Global (Mondha).
Osirus, quien coordina la Unión Fe los Pastores Haitianos en RD (UPHARD), la cual cuenta con 1,310 iglesias afiliadas, dijo que se trata de personas que han crecido en el territorio dominicano, que no conocen Haití como país y que, en muchos casos solo poseen un acta que los identifica como extranjeros, “a pesar de haber vivido toda su vida en esta nación”.
De enero a noviembre de 2025, República Dominicana deportó a 242,655 migrantes haitianos a Haití, según un informe de la plataforma Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (Garr), publicado el martes 16 de diciembre de 2025.
Entre los expulsados, la plataforma Garr identificó a 982 mujeres embarazadas y 2.800 madres lactantes, de las cuales 273 fueron deportadas justo después de someterse a una cesárea.
El informe también menciona 3.434 menores no acompañados y 1.241 personas con discapacidad.
En el caso de las jóvenes
Sin embargo, la preocupación del presidente de Mondha, son los casos de las deportaciones de las mujeres jóvenes. “Nuestra preocupación es aún mayor por las mujeres jóvenes, quienes al ser deportadas quedan expuestas a condiciones extremas de vulnerabilidad”.
De acuerdo con Osirus, la situación de inseguridad en Haití, especialmente en zonas fronterizas, “hace urgente que se evalúe cada caso con sensibilidad humana y responsabilidad institucional”.
Proteger a las mujeres es proteger la vida, la familia y el futuro, comentó el activista de los derechos humanos.
Con humanidad
Reconocemos el derecho soberano del Estado dominicano a regular la migración, dijo Osirus. “Sin embargo, también creemos que ese derecho puede ejercerse con humanidad, con una evaluación individual y un enfoque de derechos, especialmente cuando se trata de personas que han nacido y vivido en el país y que hoy son adultas”.
En opinión del vocero de Mondha, cada militar, cada funcionario, cada autoridad, es también hijo, hermano, padre.
Ninguno, precisó Osirus, desea para sus madres, hermanas o hijas se desenvuelvan en una vida marcada por el miedo, el desarraigo o el trauma.
La empatía y la justicia fortalecen a las naciones, proclamó el activista. “La misericordia, la justicia y la prudencia también son formas de gobernar con grandeza”.
La solicitud al gobierno
“Por ello, solicitamos respetuosamente al Gobierno Dominicano:
-Considerar soluciones humanitarias y legales para los jóvenes del Grupo B.
-Priorizar la protección de las mujeres en cualquier proceso migratorio.
-Abrir espacios de diálogo con organizaciones sociales y de derechos humanos.
-Honrar la tradición dominicana de solidaridad y respeto a la dignidad humana.
La explosión de un tanque de propano en la tarde del domingo 21 de diciembre de 2025 en el campamento de desplazados ubicado en la Escuela Nacional de la República de Colombia en Bourdon, Puerto Príncipe, dejó varias personas heridas. Numerosas tiendas de campaña también fueron destruidas por las llamas, según un reportero del periódico LE FACTEUR HAÏTI enviado al lugar.
Por Célou Flécher
Puerto Príncipe (LFH), 21 de diciembre de 2025._ Una situación de pánico reinó durante más de una hora este domingo en el campamento improvisado de la Escuela Nacional de la República de Colombia, ubicada en Bourdon, en la Comuna de Puerto Príncipe.
La explosión de un tanque de propano dentro de la escuela, que alberga a muchas familias desplazadas por la violencia de pandillas armadas, está en la raíz de este momento de tensión.
El resultado: varias víctimas, incluidos heridos, se registraron durante esta explosión, que se produjo al caer la bombona de gasolina.
Según testimonios recogidos in situ por un reportero del medio digital LE FACTEUR HAÏTI de las víctimas, un altercado entre un individuo llamado «Ti Bobo» y otros refugiados del campamento por un asunto sanitario del gobierno provocó la caída de la botella.
Además de los heridos, varias tiendas de campaña construidas en el interior de la escuela también fueron incendiadas, constató el periodista de la agencia.
A medida que el fuego se propagaba por el campamento, los bomberos llamados para contenerlo lamentablemente llegaron con sus tanques vacíos, denunciaron las víctimas a nuestro reportero.
Puerto Príncipe.- Jean Wilson Brutus, ciudadano haitiano de 41 años, falleció tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Según las autoridades federales, acababa de llegar al centro de detención de Delaney Hall, en Nueva Jersey, cuando comenzó a sentirse mal, lo que requirió su traslado urgente a un hospital.
Según informes, su salud se deterioró rápidamente tras su ingreso en el centro. A pesar de la atención médica recibida, Jean Wilson Brutus falleció en el hospital.
Las circunstancias exactas de su muerte aún no se han hecho públicas, lo que ha suscitado numerosas preguntas en la comunidad haitiana y entre las organizaciones de derechos de los migrantes.
Ya van cuatro
La muerte de Jean Wilson Brutus eleva a cuatro el número de migrantes fallecidos en una sola semana tras intervenciones o bajo custodia del ICE en varios estados de EE. UU.
Esta serie de muertes ha reavivado el debate sobre las condiciones de detención, la atención médica a los migrantes y el respeto a los derechos humanos en el sistema de inmigración estadounidense.
Puerto Príncipe.- La vecina República nunca ha sancionado a Michel Joseph Martelly porque las sanciones son principalmente políticas.
A pesar de las graves acusaciones de delitos financieros, narcotráfico y financiación del terrorismo en Haití, Martelly se beneficia de una activa protección regional.
El empresario haitiano Gilbert Bigio financió las campañas presidenciales de Martelly y Luis Abinader.
Aliados políticos y unidos por intereses comunes, Abinader y Martelly hacen muy improbable cualquier sanción dominicana.
Santo Domingo.- Los trabajos iniciados la noche del viernes y continuados la del día siguiente han generado un inmenso tapón en ambos sentidos de la autopista Duarte, la vía más transitada y de mayor cantidad de accidentes de toda la nación, en la cual se trabaja en la instalación de un nuevo puente peatonal de 52 metros.
Las informaciones oficiales habían dado cuenta de que la obra abarcaría períodos de 12 horas en ambos días, pero el domingo, día 21 de diciembre de 2025, pasadas las 11:00 de la mañana proseguía la congestión del tránsito tanto de Este a Oeste como de Oeste a Este.
La nueva estructura contará con ascensores para personas en condición de discapacidad y otros dispositivos de seguridad para facilitar el cruce de los peatones, según informaron las autoridades.
Los trabajos de instalación del nuevo puente peatonal en el kilómetro 9 de la autopista Duarte generan desde la madrugada de este domingo un fuerte congestionamiento vehicular en la zona, debido a desvíos aplicados mientras se completaba el montaje de la estructura metálica.
La obra, supervisada por el Ministerio de Obras Públicas, está a cargo de la empresa Yellow, que lleva más de un año de trabajaos en la estructura como parte del conjunto de intervenciones contempladas en el lugar.
En la dirección Este-Oeste el tránsito fue desviado a la derecha después de los tanques del acueducto del Distrito Nacional, penetrar a la urbanización Los Ríos y terminar en la autopista Duarte. En el sentido contrario el desvío inició en el kilómetro 13 hasta terminar en la avenida Luperón.
Chhatrapati Sambhajinagar, RT.- Una mujer de 30 años —cuya identidad no ha trascendido— se equivocó de habitación en un hotel del distrito de Chhatrapati Sambhajinagar (Maharashtra, India) y fue violada en el lugar por tres hombres ebrios, informaron este viernes medios locales citando a la Policía.
La víctima visitó a un amigo que se alojaba en la habitación número 105 para recoger un dinero. Al salir de la misma, llegó por error al segundo piso debido a una confusión y, creyendo que estaba de nuevo frente a la habitación de su amigo, llamó a la puerta de la habitación número 205.
Al abrir la puerta, los tres agresores, identificados como Ghanshyam Bhaulaal Rathod, Rishikesh Tulsiram Chavan y Kiran Laxman Rathod, observaron a la joven confundida, la arrastraron al interior del cuarto y la obligaron a beber cerveza con ellos. Presuntamente la violaron en grupo durante varias horas.
Sobre las tres de la madrugada, la mujer logró escapar, salió de la habitación gritando y fue a la comisaría para denunciar lo ocurrido. Dada la gravedad del caso, la Policía actuó de inmediato: revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y arrestaron a los tres acusados en menos de tres horas.
Puerto Príncipe.- El secuestro del abogado Mario Dorismond es otro ejemplo contundente del fracaso total del Estado haitiano en la comuna de Carrefour.
El viernes, 19 de diciembre de 2025, entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, Dorismond fue secuestrado por hombres fuertemente armados que actuaban bajo las órdenes de Christ-Roi Chéry, alias Krisla, líder de una banda que opera en Tibwa, una comunidad rural agrícola ubicada al Norte de la capital haitiana, Puerto Príncipe.
Según fuentes cercanas a la víctima, el secuestro está directamente relacionado con las denuncias públicas realizadas por el abogado en un foro de WhatsApp, en las que expuso sin rodeos el alarmante deterioro de la seguridad observado en Bizoton, una sección que forma parte de la comuna de Carrefour.
Advertencias ignoradas, voces silenciadas
Unas horas antes de su desaparición, Dorismond había difundido un mensaje de voz de amplia difusión instando a los residentes de Carrefour a la vigilancia.
El abogado describía en su mensaje escenas cotidianas de bandidaje perpetradas con total impunidad: ciudadanos interceptados en la calle, mujeres amenazadas con armas automáticas y teléfonos, bolsos y dinero arrebatados a punta de pistola.
Dorismond relató, en particular, la terrible experiencia de los residentes de Bizoton 51, atacados cerca de las instalaciones de la Marina de Haití, un claro símbolo del colapso de la autoridad pública.
Peor aún, el letrado recordó el caso de un fiel cuyo vehículo fue robado frente a una iglesia en Fontamara 43, durante un servicio religioso. Ni siquiera los lugares de culto se salvan.
Una ciudad bajo control armado
Estos hechos no son aislados. Forman parte de una realidad ya bien conocida: el Estado ha perdido el control de Carrefour.
La ley ya no es la de la República, sino la de los líderes de la banda.
Múltiples fuentes confirman que, para seguir operando, iglesias, escuelas, negocios, templos vudú y tiendas deben realizar pagos regulares a la banda de Krisla. La negativa conlleva represalias inmediatas: cierres forzosos, amenazas y ataques armados.
Incluso, el supermercado Délimart, propiedad del empresario Réginald Boulos, actualmente encarcelado en Estados Unidos por presunta financiación de bandas armadas, no escaparía a esta lógica mafiosa, según varios testimonios recogidos por nuestra redacción.
Zonas de negocios turbios y complicidad local
Si bien Mario Dorismond se presentó públicamente como un firme defensor de Carrefour, informes preocupantes indican vínculos ambiguos entre él y el líder de la banda Krisla, según ciudadanos entrevistados.
Estas revelaciones plantean una pregunta inquietante pero crucial: ¿hasta dónde llega la complicidad entre ciertas figuras locales y grupos armados?
Un fracaso estatal aceptado mediante el silencio
El secuestro del abogado Dorismond no es un simple incidente menor. Es un claro símbolo de un Estado ausente, incapaz de proteger a sus ciudadanos, y mucho menos a quienes se atreven a alzar la voz.
En Carrefour denunciar la inseguridad se ha convertido en un acto de alto riesgo. Alzar la voz no es bienvenido y ahora tiene un alto precio.
Mientras reine la impunidad y las bandas dicten sus leyes con la bendición tácita de las autoridades, Carrefour seguirá siendo un territorio ocupado y toda voz libre un objetivo potencial.
Caracas, RT.- La intercepción por parte de EE.UU. de un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela no quedará impune, anunció Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana.
En una publicación, la alta funcionaria señaló que Caracas «denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano», acción que calificó de «grave hecho de piratería».
«La República Bolivariana de Venezuela reafirma que estos actos no quedarán impunes y ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo», reza el comunicado. «El Derecho Internacional se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder», agrega el texto.
La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, confirmó este sábado la detención de un buque petrolero que «había atracado por última vez en Venezuela».
«En una operación realizada esta madrugada, 20 de diciembre, antes del amanecer, la Guardia Costera de los Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra,detuvo un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela», escribió Noem.
«Piratas del Caribe»
El primer buque petrolero fue asaltado por militares estadounidenses la semana pasada. En aquel momento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó la situación de «acto absolutamente criminal e ilegal» y acusó a la Casa Blanca de actuar «como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz».
Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó «el bloqueo total y completo» de entrada y salida de Venezuela de barcos petroleros sancionados. Además, anunció que el Gobierno venezolano ha sido «designado como una organización terrorista» por Washington.
Trump acusó a Caracas, sin sustentación alguna, de utilizar «el petróleo deyacimientos robados para financiarse a sí mismo y al terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros».
Por su parte, Maduro, reiteró que pese a la prolongada agresión estadounidense, su país derrotará «a la oligarquía y al imperialismo en cualquier circunstancia». «Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando unacampaña de agresión multidimensional que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo, y que tiene múltiples formas de acción. Venezuela, ¿qué ha demostrado? […] Que Venezuela es un país fuerte, que tiene un poder verdadero», aseveró.
Además, el presidente calificó de «mentira» y «fake news» el argumento de EE.UU. sobre la lucha contra el narcotráfico y aseveró que lo utiliza para justificar sus agresiones. «Eso del narcotráfico es ‘fake news’, mentira, pretexto. Como no pueden decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otro Afganistán, para crear otra Libia», explicó.
Otros actos de agresión de Washington:
Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operaciónLanza del Sur, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos. Asimismo, Trump ha afirmado que, a estos efectos, en breve lanzará agresiones «en tierra».
Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de decenas personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.
Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado,sin presentar evidencias, al mandatario venezolano de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.
Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.
Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.
Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.
Injerencia política y petróleo
La obra, supervisada por el Ministerio de Obras Públicas, está a cargo de la empresa Yellow, que lleva más de un año de trabajaos en la estructura como parte del conjunto de intervenciones contempladas en el lugar.
