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¿Un ‘Truman Show’ en la vida real? Escándalo sacude un ‘reality’ con cámaras ocultas

Rasmus Wallbridge fue sometido durante cuatro meses a un engaño con cámaras ocultas, en el que participaron más de 100 personas.

Copenhague, RT.- La cadena danesa TV2 retiró de su programación el ‘reality’ ‘Alle elsker Rasmus’ (Todos aman a Rasmus), protagonizado sin saberlo por el comediante Rasmus Wallbridge, después de recibir fuertes críticas por someterlo durante cuatro meses a un engaño con cámaras ocultas, lo que varios colegas calificaron de humillación y manipulación psicológica, recogen medios locales.

El programa, estrenado el 26 de octubre, hizo creer a Wallbridge que estaba trabajando con su amigo Martin Johannes Larsen en una película de comedia de terror al estilo de ‘Scary Movie’. Más de 100 personas, entre actores, músicos, amigos y conocidos, participaron en el engaño, que finalmente reveló que él era el protagonista de un programa hecho a escondidas suyas.

La presentadora Anna Lin acusó a TV2 de convertir el formato en acoso y afirmó que el comediante no había tenido una posibilidad real de rechazar su emisión. «Esto no es entretenimiento, es tortura psicológica», sostuvo, al comparar el ‘reality’ con la aclamada película de 1998 ‘The Truman Show’. Varias personalidades e internautas respaldaron sus críticas, mientras otros comediantes cuestionaron la exposición pública de Wallbridge.

Tras la polémica, TV2 retiró la serie y su directora de programas, Dorthe Thirstrup, reconoció que su criterio había fallado. Wallbridge, por su parte, negó haber participado en una doble broma y aclaró que rechazó una propuesta de acuerdo de desarrollo cinematográfico ofrecida por Nordisk Film.

En su primera declaración pública, el comediante afirmó que todavía no estaba en condiciones de participar en el debate y pidió a TV2 que no produjera formatos similares.

Una actriz queda desfigurada al defender a su perro

La mujer «no pudo desempeñar su ocupación habitual y, por ello, sufrió una pérdida de ingresos y un deterioro de su capacidad de ganancia», sostiene el recurso judicial.

Los Ángeles, RT.- La actriz Natasha Wilson, conocida por sus papeles en telefilmes del canal estadounidense Lifetime, demandó al dueño del perro que la mordió en el rostro mientras protegía a su ‘bulldog’ francés en un parque canino del área de Los Ángeles, informó el 4 de noviembre New York Post, citando el documento.

Según la demanda, el incidente ocurrió el 7 de noviembre de 2024 en un sitio de West Hollywood, cuando Wilson se encontró con Gregory Marcel y su perro Scruffy. Detalla el recurso que Scruffy se acercó de forma agresiva al ‘bulldog’ francés de la actriz y, cuando lo alzó en brazos, se lanzó contra ella, hizo que lo soltara y continuó atacándola mientras intentaba protegerlo en el suelo.

«Como resultado del incidente, Wilson sufrió una laceración por encima de la ceja derecha que requirió suturas y quedó con una cicatriz permanente, visible y dolorosa, además de una alteración en la ceja, en el patrón del cabello y una limitación en el movimiento de la ceja derecha», reza la petición judicial. «Wilson no pudo desempeñar su ocupación habitual y, por ello, sufrió una pérdida de ingresos y un deterioro de su capacidad de ganancia», afirma el texto.

La actriz —conocida por los telefilmes ‘Confiar en el amor’ (‘Trust in Love’, 2024), ‘La mejor versión del amor’ (‘The Best Version of Love’, 2023) y ‘Su estudio de un asesino’ (‘Her Study of A Killer’, 2023)— exige una compensación por daños económicos, incluidos gastos médicos, pérdida de salario y disminución de capacidad laboral.

La ONU atrapada entre los llamamientos de las bandas al diálogo y la ofensiva militar de El Salvador.

La ONU se enfrenta a dos situaciones que considera delicadas en Haití: la solicitud de mediación de un líder de pandilla y el despliegue de más de 2000 soldados salvadoreños fuera del marco de la Fuerza para la Represión de las Pandillas (FRG). La organización exige respeto por los derechos humanos y reitera los límites de su participación en estas operaciones.

Puerto Príncipe, AlterPresse.- Un líder de una banda criminal haitiana, buscado por las autoridades estadounidenses, solicita la mediación de la ONU, mientras que el presidente salvadoreño Nayib Bukele despliega más de 2000 soldados en la isla para combatir a las bandas criminales. En ambos casos, la ONU se distancia y aclara que estos nuevos refuerzos quedan fuera del marco internacional que apoya.

Se trata de una medida sumamente inusual. Wilson Joseph, uno de los líderes de pandillas más temidos de Haití, ha escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitando la apertura de un diálogo con las fuerzas internacionales presentes en el país. Joseph, apodado Lanmò Sanjou, lidera la pandilla 400 Mawozo, tristemente célebre por sus secuestros. Ahora se presenta como un posible negociador dispuesto a lograr la paz.

La ONU confirmó el lunes por la noche la recepción de la carta, manteniendo la distancia de seguridad. «La recepción de dicha carta no constituye un respaldo a su contenido, un reconocimiento de su autor ni una declaración de las Naciones Unidas», aclaró Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General, en un comunicado de prensa.

Esta actitud cautelosa surge después de que El Salvador enviara importantes refuerzos militares a Haití tras la desaparición de cuatro de sus ciudadanos en una emboscada perpetrada por grupos armados el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Los secuestrados prestaban servicio en la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), el contingente internacional apoyado por la ONU encargado de ayudar a Haití a combatir las pandillas que operan dentro de sus fronteras.

Un líder de pandilla está pidiendo mediación.

En su carta, el Sr. Joseph solicita el envío de una delegación de las Naciones Unidas para dialogar con su grupo. Según la prensa, que ha tenido acceso a la carta, el líder de la banda afirma haber «izado oficialmente la bandera blanca» desde el 20 de agosto y declara estar dispuesto a buscar una solución pacífica a la crisis haitiana.

El líder de la pandilla teme que la intervención salvadoreña provoque un aumento de las represalias contra la población civil. Cree que los cuatro salvadoreños desaparecidos están muertos. Las autoridades haitianas aún los consideran desaparecidos, mientras que el gobierno salvadoreño sostiene que siguen vivos.

La postura conciliadora de Wilson Joseph contrasta marcadamente con el pasado de su organización. Con sede principalmente en Croix-des-Bouquets, al noreste de la capital, Puerto Príncipe, 400 Mawozo es conocida por una serie de secuestros, incluido el de 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá en octubre de 2021. El FBI ofrece una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca al arresto del Sr. Joseph.

Una intervención militar fuera del marco de la ONU

La otra aclaración proporcionada por el portavoz del jefe de la ONU se refiere a la magnitud del actual despliegue salvadoreño en Haití. Según la prensa, el presidente salvadoreño desplegó a más de 2000 soldados en la isla a finales de octubre, con la aprobación de Washington, y su número podría llegar a 2500. Nayib Bukele presentó esta operación como una misión de rescate destinada a encontrar a sus cuatro compatriotas.

En su nota de prensa, el Sr. Dujarric destacó una distinción clave: la gran mayoría de estos soldados no pertenecen a la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), la misión multinacional no perteneciente a la ONU aprobada por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2025. Por lo tanto, quedan fuera del mandato y los mecanismos de supervisión de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), la estructura responsable de brindar apoyo logístico y operativo a la FRG.

Esta situación complica la intervención extranjera en la isla. La República Federal de Alemania, cuyo mandato se prorrogó a finales de septiembre hasta el 31 de marzo de 2027, tiene como objetivo apoyar a las fuerzas haitianas en la lucha contra las bandas criminales. Sin embargo, su número de efectivos sigue siendo inferior a los 5.500 inicialmente autorizados.

La ofensiva salvadoreña también constituye una prueba internacional para el presidente Bukele, cuya política contra las pandillas ha reducido significativamente la delincuencia en su país, a costa de encarcelamientos masivos y graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos.

Civiles, las primeras víctimas

En respuesta a la escalada de violencia de pandillas en Haití desde el 18 de octubre, la ONU reitera que todas las operaciones de seguridad, ya sean llevadas a cabo por la República Federal de Alemania o por las autoridades haitianas y sus socios, deben respetar el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario.

«El respeto a estas obligaciones, así como la transparencia y la rendición de cuentas, siguen siendo esenciales para mantener el apoyo internacional y garantizar la protección de la población», insistió el Sr. Dujarric.

Porque existe una verdadera emergencia. Según las Naciones Unidas, más de 5.700 personas murieron o resultaron heridas entre enero y mediados de septiembre, mientras que casi 1,5 millones de haitianos se vieron obligados a huir de sus hogares.

En un país donde las bandas criminales siguen desafiando al Estado a pesar de las sucesivas intervenciones internacionales, la ONU se enfrenta a una doble dificultad: responder a los llamamientos al diálogo sin legitimar a los líderes de los grupos armados y apoyar el restablecimiento de la seguridad sin ejercer control sobre todas las fuerzas extranjeras desplegadas sobre el terreno.

Siete en 72 horas: Faride invitada al Senado por los ´intercambios de disparos´

Santo Domingo. El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, invitó a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, a comparecer ante el Senado de la República para que explique las muertes registradas en operativos policiales que la propia institución atribuye a “intercambios de disparos”.

Este llamado se produce tras el fallecimiento de siete personas en un lapso de 72 horas y luego de que la citación formal promovida por el legislador quedara fuera de la agenda del pleno.

“En 72 horas van siete muertos más”, sentenció el congresista que este año renunció como miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en un video dirigido directamente a la funcionaria.

La solicitud para convocar a Raful fue sometida por el senador y colocada a plazo fijo, el paso previo para la aprobación de la convocatoria. Sin embargo, al no ser incluida en el orden del día de la sesión del miércoles 28 de octubre, su comparecencia continúa sin fecha definida.

Sostuvo que recientemente, la ministra difundió un video sobre el tema, pero que ese material no ofrece explicaciones claras sobre las muertes ni sobre cómo se distingue un enfrentamiento real de una ejecución.

En su respuesta, Taveras reconoció la disposición de la funcionaria a pronunciarse y destacó que los agentes porten cámaras corporales, porque esas grabaciones permiten esclarecer cada caso.

«Saludo tu intención de responder, y qué bueno que los agentes policiales tienen cámara, porque son precisamente esos videos la forma de mostrar qué son intercambios de disparos y qué son asesinatos”, manifestó en el audiovisual.

En tal sentido, el legislador propuso que la comparecencia sirva para revisar esas grabaciones junto a la ministra.

«Te hemos invitado aquí al Senado a conversar, y es un buen momento para ver esas imágenes. En esta causa estamos juntos. Seguridad ciudadana, sí; asesinatos policiales, no», agregó.

De la palabra a los hechos: La Cumbre Iberoamericana a hora cero

Madrid, 5 nov (Prensa Latina) Los discursos marcan consensos en torno a la necesidad de consolidar el acercamiento entre Europa y América Latina, pero el éxito hoy de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid dependerá de la voluntad real de conseguirlo.

En medio de la crispación acentuada a partir del avance de la extrema derecha a los dos lados del Atlántico, la idea de una concertación como la iberoamericana de alcanzar la integración, la defensa del medio ambiente, respeto al multilateralismo y al Derecho Internacional, se antojan idílicas.

La cita cimera en la capital española ya se refleja algunos disensos, como la ausencia intencionada del presidente de Argentina, Javier Milei, de la ceremonia de inauguración y cena de bienvenida a cargo de los reyes Felipe VI y Letizia.

Tampoco se ha visto muy involucrado en los eventos oficiales del concierto regional Europa-América Latina y el Caribe, el mandatario chileno, José Antonio Kast, y los discursos o declaraciones del gobernante de Bolivia, Rodrigo Paz, o los vicepresidentes de Colombia y El Salvador, se alinean claramente con la derecha extrema.

Así y todo, la Sesión Plenaria de este jueves, día final de la Cumbre, pretende debatir los retos de la comunidad iberoamericana, como los desastres, e incorporar los acuerdos alcanzados en sendos encuentros efectuados sobre la inteligencia artificial y el concierto digital, o los compromisos en materia empresarial y de cooperación.

Cuba, por ejemplo, aprovechó su espacio en la ministerial de cancilleres para fustigar el reforzamiento del unilateralismo de Estados Unidos, a la vez que reiteró su denuncia al bloqueo económico acentuado con medidas contrarias al Derecho Internacional.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, alertó sobre ‘la injerencia en los asuntos internos de los Estados (…), con marcado carácter extraterritorial y la intimidación, incluso para obstaculizar la cooperación e impedir las legítimas relaciones comerciales entre Estados soberanos’.

Durante su intervención recalcó que este año Washington redobló su cerco contra Cuba, ‘incluyendo la imposición de un bloqueo energético, que equivale a un bloqueo naval, y sanciones secundarias que obstaculizan las relaciones económicas y comerciales’.

En la apertura la noche de la conferencia, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, apuntó que en tiempos convulsos, las recetas son «el orden multilateral basado en reglas» y la cooperación entre países, y rechazó «a un mundo arbitrado por la fuerza».

Argumentó que en la actualidad se difunde “la falsa idea de que los países deben optar por un mundo que se organiza a partir del interés individual de cada uno», lo cual, remarcó, hace que los conflictos aumentan, no disminuyan».

El excanciller chileno consideró que «vivimos una paradoja», en tiempos en los que «la ayuda oficial al desarrollo se reduce a mínimos no vistos cuando la cooperación es más indispensable».

En tanto, el rey Felipe VI se pronunció porque el compromiso de los iberoamericanos sea con «la palabra, el diálogo, la igualdad, el respeto a las normas, la escucha a las minorías, la ciencia, el emprendimiento y la innovación».

Un migrante venezolano muere bajo custodia de ICE

El ciudadano identificado como Fran Gregory Portillo-Zapata fue detenido por la policía migratoria el 30 de agosto de 2026 en San Antonio, Texas.

San Antonio, RT.- Fran Gregory Portillo-Zapata, un ciudadano venezolano de 53 años que había emigrado a EE.UU., falleció el pasado 29 de octubre en el hospital North Central Baptist de San Antonio, Texas, luego de ser detenido por la policía migratoria de ese país (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 30 de agosto de 2026.

A través de un comunicado, el ICE indicó que Portillo-Zapata se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes e ingresó al hospital el 30 de septiembre pasado al presentar una «sepsis grave, pancreatitis aguda y enfermedad renal en fase terminal».

«La causa oficial del fallecimiento sigue pendiente de un examen médico complementario», detalló el ICE. El hombre ya había sido deportado a México en junio de 2023 cuando fue localizado por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Luego, el 12 de julio de 2023 intentó ingresar ilegalmente de nuevo al territorio estadounidense, fue detenido y liberado con orden de libertad condicional y notificación para comparecer ante un juez de inmigración de la Oficina Ejecutiva para el Control de Inmigración (EOIR).

Su última detención se produjo cuando transitaba en su vehículo y en «una entrevista sobre el terreno», el ICE determinó que Portillo-Zapata «era susceptible de arresto administrativo por inmigración mientras se encontraban pendientes sus trámites de deportación con la EOIR, y lo puso bajo custodia sin incidentes». «La Oficina de Operaciones de Deportación y Remoción (ERO) notificó a los familiares directos del migrante y envió una notificación por correo electrónico a la Embajada de Venezuela», agregó el organismo.

La negación a Mamá Tingó

-Hay muertos que van subiendo cuanto más su ataúd baja-

Manuel del Cabral)

Por Fidel Soto Castro
Un tal Jaime Rincón, apretujado en un rincón de insidia y negación histórica, se atrevió a afirmar que la muerte de Mamá Tingó fue consecuencia de una invasión de terrenos. Con semejante razonamiento pretende reducir la dimensión de una mujer que se convirtió en símbolo de la lucha campesina dominicana y cuya memoria pertenece a la historia de las reivindicaciones sociales de nuestro pueblo.

Emiliano Zapata, el revolucionario mexicano que hizo de la lucha por la tierra una bandera de dignidad campesina, proclamó una consigna que atravesó las fronteras de su país: «La tierra es para quien la trabaja». No era una frase para adornar discursos, sino una declaración de rebeldía contra los grandes terratenientes y contra un sistema que despojaba al campesino de aquello que constituía su sustento y su dignidad.

Cuando Quilapayún interpretó «A desalambrar», los campesinos de América hicieron suya, con emoción y esperanza, aquella noble canción que reclamaba el derecho a la tierra y denunciaba la injusticia de los cercados levantados para impedir que quienes la trabajan pudieran disfrutar de sus frutos.

Zapata, desde la Revolución mexicana; Quilapayún, desde la canción comprometida, y Mamá Tingó, desde los campos dominicanos, representan distintas expresiones de una misma reivindicación histórica: la lucha de los campesinos por la tierra, el trabajo y la dignidad.

Y si en los años sesenta Manolo Tavárez Justo se pronunció por la reforma agraria, colocando entre sus reivindicaciones fundamentales la tierra para quien la trabaja, no se puede desconocer la justeza de aquella prédica. Tampoco puede ignorarse que Juan Bosch, con la Constitución de 1963, incorporó principios de transformación social, reforma agraria y enfrentamiento al latifundio, reconociendo la necesidad de modificar las injustas relaciones de propiedad que pesaban sobre el campesinado dominicano.

En aquellos mismos años, la Línea Roja del 1J4 levantó las banderas de pan, tierra y libertad. En el Pino, La Vega, y otros escenarios de lucha, la reivindicación campesina encontró expresión en hombres y mujeres que enfrentaron una estructura agraria caracterizada por la concentración de la tierra, la desigualdad y el abandono.

Es precisamente en ese contexto donde debe comprenderse la lucha de Florinda Soriano Muñoz, Mamá Tingó. En Hato Viejo, Yamasá, defendió a numerosas familias campesinas que reclamaban el derecho a permanecer en las tierras que habían cultivado y de las que dependía su subsistencia. La controversia giraba alrededor de los títulos de propiedad que reclamaba el terrateniente Pablo Díaz Hernández y de la situación de las familias que llevaban años trabajando aquellos terrenos.

Jaime Rincón pretende reducir toda esa historia a una cuestión de títulos. Sostiene que Mamá Tingó y su familia no tenían documentos legales de propiedad y que ocupar y cultivar terrenos ajenos durante años no convierte a nadie en propietario. Incluso utiliza la declaración de utilidad pública de esos terrenos durante el gobierno de Joaquín Balaguer como argumento para desacreditar la lucha campesina.

Pero el problema histórico no se resuelve con una simplificación jurídica. Una cosa es discutir la titularidad registral de unos terrenos y otra muy distinta desconocer la realidad de las familias campesinas, sus años de trabajo, sus reclamaciones y las circunstancias sociales que dieron origen al conflicto. La discusión sobre la propiedad no puede servir de excusa para borrar la injusticia denunciada ni para despojar de dignidad a quienes lucharon por sus derechos.

Mamá Tingó no fue una figura fabricada por la propaganda. Fue una mujer campesina que enfrentó intereses poderosos y pagó con su vida su compromiso con aquella lucha. Su asesinato, el 3 de noviembre de 1974, la convirtió en mártir de las reivindicaciones agrarias dominicanas.

Su dimensión trascendió los campos de Yamasá. Johnny Ventura le dedicó un merengue, llevando su nombre y su memoria a la música popular dominicana. Cuando un artista de semejante arraigo nacional convierte en canción la memoria de una mujer campesina, expresa también el reconocimiento de un pueblo que no olvida a quienes defendieron sus causas.

Jaime Rincón podrá tener su interpretación de los títulos de propiedad, pero no puede pretender que una discusión registral sea suficiente para juzgar y condenar la historia de una mujer que se enfrentó a los poderosos en defensa de los campesinos.

Es una torpeza histórica confundir la defensa de la propiedad con la legitimación de cualquier despojo, y todavía mayor pretender que la ausencia de un título individual anule el derecho de un pueblo a reclamar justicia.

Mamá Tingó no necesita que Jaime Rincón le reconozca sus méritos. Está en la historia dominicana, en la memoria de los campesinos, en las luchas por la tierra y hasta en las notas del merengue que Johnny Ventura le dedicó.

Emiliano Zapata no luchó por la tierra para que décadas después se pretendiera reducir aquella reivindicación a un simple expediente de propiedad. Mamá Tingó tampoco entregó su vida para que su memoria terminara atrapada en una discusión de títulos.

Jaime se quedó en su rincón. Mamá Tingó, en cambio, permanece en la historia de la tierra que amó y por la que entregó su vida.

La Policía de Haití recupera el vehículo calcinado que transportaba a los 4 salvadoreños

Puerto Príncipe, 4 de noviembre de 2026 [AlterPresse] — A pesar de una operación conjunta llevada a cabo el lunes 2 de noviembre de 2026 en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets (al noreste de Puerto Príncipe), por la Policía Nacional de Haití (PNH), la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) y personal militar salvadoreño, los cuatro ciudadanos salvadoreños, que se encuentran desaparecidos desde el 18 de octubre de 2026, siguen sin ser localizados.

En un comunicado al que tuvo acceso AlterPresse, la Policía Nacional de Haití (PNH) indicó que, no obstante, las fuerzas del orden habían recuperado el vehículo utilizado para transportar a los cuatro técnicos salvadoreños, que había sido incendiado por bandas armadas.

Las fuerzas del orden no encontraron resistencia durante su avance, a excepción de algunas barricadas desmanteladas por la sección de equipo pesado de la PNH, según especifica la institución policial.

Para esta operación se movilizaron varias unidades especializadas de la Policía Nacional de Haití (PNH), entre ellas la Unidad Departamental para el Mantenimiento del Orden (UDMO), la Brigada de Investigación e Intervención (BRI), la Unidad Temporal Antigangas (UTAG), el equipo SWAT y el Grupo de Trabajo, así como el equipo de drones y la sección de equipo pesado.

La operación se desarrolló sin ningún incidente en el que participaran las fuerzas del orden, añadió la PNH.

El Salvador ha anunciado la presencia continua de más de 2.000 soldados en Haití, como parte de las operaciones para encontrar a cuatro soldados salvadoreños que se encuentran desaparecidos desde el 18 de octubre de 2026.

Esta decisión se produce tras una conversación telefónica entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador publicado el miércoles 28 de octubre.

Los dos líderes discutieron, entre otras cosas, las operaciones de búsqueda y el mantenimiento de la misión salvadoreña en Haití.

Bukele afirmó que el despliegue de soldados y equipo militar de su país en Haití no constituye una invasión ni una operación dirigida contra la población haitiana.

En un mensaje publicado en criollo haitiano en la red social X el jueves 29 de octubre de 2026, presenta esta intervención como una operación destinada en particular a encontrar a cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños que se encuentran desaparecidos desde el 18 de octubre, tras un ataque armado en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets.

“Estamos a punto de completar el despliegue de nuestros soldados y equipos en territorio haitiano. Esta no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión de Haití”, declaró Bukele en este mensaje dirigido directamente a la población haitiana.

Exigen esclarecer actuación policial en la muerte de colaborador de derechos humanos

El CDDH acusa a agentes del DICRIM de matar y ocultar el cadáver de Jonathan Castillo. La denuncia se produce en medio de un creciente cuestionamiento por las muertes registradas durante intervenciones policiales.

Santo Domingo.- El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) denunció la muerte de Jonathan Castillo, a quien identifica como colaborador de esa organización, y solicitó una investigación independiente para determinar las circunstancias en que falleció, hecho ocurrido en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

El presidente del CDDH, Virgilio Almánzar, emplazó al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García,  y al director de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) a entregar al Ministerio Público toda la información y a los agentes que pudieran estar involucrados, si las investigaciones confirman la denuncia presentada por la entidad.

De acuerdo con la versión difundida por el CDDH, Castillo se desplazaba hacia su residencia cuando habría sido interceptado por agentes del DICRIM, en el sector Los Pinos, de Los López, Moca.

La organización sostiene que fue despojado de sus pertenencias y posteriormente muerto a tiros.

El CDDH afirma, además, que el cadáver habría sido trasladado y arrojado en una cañada conocida como Popón López, lo que, de confirmarse, agravaría las circunstancias del caso y plantearía interrogantes sobre una posible alteración de la escena y ocultamiento del cuerpo.

Estas acusaciones, sin embargo, deben ser establecidas mediante una investigación del Ministerio Público y las pruebas correspondientes.

La entidad sostiene que Castillo no tenía antecedentes penales y que estaba próximo a ser juramentado formalmente como colaborador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos.

«Hemos perdido a un aliado, un joven valioso», declaró Almánzar, quien reclamó que los responsables sean sometidos a la justicia y que el caso no quede reducido a una versión policial sin una investigación independiente.

Caso aumenta la preocupación ciudadana

La denuncia sobre este caso de Moca se produce cuando las muertes ocurridas durante intervenciones de agentes policiales han vuelto a ocupar el centro del debate sobre seguridad ciudadana, uso de la fuerza y respeto al debido proceso en República Dominicana.

Un recuento publicado por Diario Libre identificó 98 personas fallecidas entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre de 2026 en hechos reportados como intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional. De esa cantidad, 55 correspondieron a septiembre y 43 a octubre, hasta el día 25. Santo Domingo concentró 33 casos y Santiago 14.

La cifra de septiembre resulta particularmente significativa. Ese mes cerró con 55 muertes en intervenciones policiales, de acuerdo con el recuento periodístico, convirtiéndose en el período mensual con mayor cantidad de casos dentro de esa serie.

En agosto el comportamiento había sido considerablemente menor. El seguimiento de Diario Libre registraba ocho fallecidos durante intervenciones policiales en ese mes, mientras que el acumulado hasta el 21 de agosto alcanzaba 156 casos en 2026.

La situación cambió de manera notable durante septiembre. En apenas ocho días, según el mismo seguimiento periodístico, murieron 14 personas en intervenciones policiales, elevando a 173 el acumulado del año hasta el 19 de septiembre.

Santiago bajo especial escrutinio

Santiago se convirtió en uno de los principales escenarios de esta discusión.

Hasta el 23 de octubre, un recuento de casos reportados por la Policía contabilizaba 14 muertes en presuntos intercambios de disparos en Santiago desde el 14 de septiembre. Posteriormente, con el caso de Christopher Eugenio Acevedo Metz, alias «La Rabia», ocurrido el 27 de octubre, el Ministerio Público confirmó que investigaba varios de estos episodios y situó el número en 15 fallecidos entre el 14 de septiembre y el 27 de octubre.

Sin embargo, de acuerdo con una fuente policial de alto nivel y con amplio conocimiento de las operaciones en Santiago, durante octubre se habrían registrado alrededor de 25 muertes vinculadas a intervenciones policiales en esa provincia.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, confirmó que el Ministerio Público investiga al menos ocho casos relacionados con personas fallecidas en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales.

Explicó que se realizan levantamientos y se escuchan testimonios para establecer, caso por caso, las circunstancias de las muertes.

Ese dato es relevante porque introduce un elemento que no debe perderse de vista, y es que una muerte reportada inicialmente por la Policía como resultado de un intercambio de disparos no equivale automáticamente a una conclusión judicial sobre lo ocurrido.

Derechos humanos reclaman investigaciones

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado precisamente esa situación.

En agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizaba 225 personas muertas a manos de policías hasta julio de 2026, frente a 205 durante todo 2025.

En octubre, Almánzar volvió a denunciar el aumento de estas muertes y reclamó investigaciones transparentes.

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos ha insistido en que combatir la delincuencia no significa eliminar el debido proceso ni convertir la muerte del sospechoso en sustituto de la acción de la justicia.

Tomada de Vigilante Informativo

La Policía mata otro joven dentro de su vivienda en El Almirante

Santo Domingo.- Familiares de Edwin Víctor Justin denunciaron que el joven falleció durante un operativo policial realizado la mañana del martes 3 de noviembre en su vivienda, ubicada en Bateicito Monserrate, sector El Almirante, municipio Santo Domingo Este, según el periódico Diario Libre.

De acuerdo con la misma fuente, Víctor Justin se disponía a levantarse para llevar a unos niños a la escuela cuando ocurrió el hecho.

En grabaciones cedidas a Diario Libre por Diógenes Ozuna, representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) en el distrito municipal de San Luis, la madre del fallecido, Mariel Suse Justin, denuncia que los agentes entraron a la vivienda y mataron a su hijo en el dormitorio.

En un período de apenas 45 días, comprendido entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre de 2026, 104 jóvenes perdieron la vida en incidentes reportados por la Policía Nacional como intercambios de disparos. La frecuencia de estos hechos muestra una continuidad casi ininterrumpida

La mujer relató que había salido de su casa para ir a trabajar cuando observó que varias personas corrían en dirección a su vivienda. Al regresar, según su testimonio, los agentes le quitaron el teléfono celular y le impidieron entrar a la casa.

También afirmó que los policías le comunicaron que su hijo tenía una orden de arresto, una imputación de la que asegura no tenía conocimiento. Por ello, pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

«Me quitaron el celular, para que yo no grabe na´», denunció.

Amenazas a activista de derechos humanos

Tras difundir el video de la denuncia de la madre de Víctor Justin, Diógenes Ozuna informó que habría recibido amenazas de romperle la cara con una pistola de parte de un agente de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Ozuna vinculó el supuesto intento de agresión con el operativo en el que murió Víctor Justin.

Según su denuncia, el joven fue ultimado dentro de su vivienda, en presencia de su madre, quien habría sido maltratada verbalmente y sacada de la casa. También afirmó que retuvieron a una hermana del fallecido dentro de la vivienda para impedirle que saliera.

El comunicador sostuvo, además, que Víctor Justin pidió clemencia por su vida antes de morir.

Al momento de la redacción de esta información, los familiares intentaban obtener el cuerpo del fallecido en un centro de salud, mientras que la Policía Nacional no se había pronunciado sobre el hecho.