Por Fredermido Ferreras Díaz
No comprendo cómo, si el presidente de la República propone un Ministerio Público independiente y lo incorpora en la próxima Reforma Constitucional, en vísperas de la designación de un nuevo Procurador General con la normativa vigente, el Consejo del Ministerio Público se apresura a ratificar a un grupo de fiscales desacreditados. Entre estos fiscales se encuentra Milcíades Guzmán de Santo Domingo Este, quien tiene un historial oscuro y múltiples acusaciones de corrupción y violación de propiedad privada, abusando de su poder como Fiscal de la provincia más grande del país.
Estas designaciones aceleradas, a pocos días de que el presidente designe a un nuevo Procurador General, quien será el superior jerárquico de estos fiscales, parecen una estrategia para perpetuar en sus cargos a fiscales cuestionados por su falta de honestidad. Este procedimiento debe ser revisado a fondo para garantizar la transparencia y la justicia.
Recordemos que ya el PLD, bajo el liderazgo de Leonel Fernández y su Procurador Radhamés Jiménez Peña, tomó control del Ministerio Público a través de este Consejo en el pasado. En esa ocasión, perjudicaron al PRM, entonces PRD, que bajo la dirección de Eddy Olivares fue uno de los primeros en enfrentar estas manipulaciones tras la implementación de la nueva ley y el Código Procesal Penal. Este intento de control dejó una huella profunda en la institucionalidad del Ministerio Público, afectando su independencia y su capacidad para actuar con imparcialidad.
La repetición de esta historia es preocupante. Leonel Fernández y Radhamés Jiménez Peña parecen estar nuevamente intentando asaltar el Ministerio Público. Los fiscales vinculados a Fernández, responsables de la falta de expedientes en contra de su gobierno debido a su manipulación del sistema judicial, están siendo ratificados nuevamente. Esta situación no solo pone en riesgo la integridad del sistema judicial, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Es crucial que el presidente Abinader tome medidas inmediatas para anular esta decisión del Consejo del Ministerio Público. La independencia del Ministerio Público es esencial para la democracia y el estado de derecho en nuestro país. Permitir que fiscales cuestionados por su falta de honestidad y transparencia continúen en sus cargos compromete la capacidad del sistema judicial para actuar de manera justa y equitativa.
Como abogado comprometido con la justicia, cumpliré con mi deber histórico de impugnar esta resolución de designaciones ante los tribunales competentes. La lucha por un Ministerio Público verdaderamente independiente no solo es una cuestión de principios, sino una necesidad para garantizar la justicia y la equidad en nuestro país. Debemos asegurar que el proceso de designación de fiscales sea transparente y basado en el mérito, para restaurar la confianza en nuestras instituciones y proteger el estado de derecho.
En este contexto, hago un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados por la justicia, a unirse en esta causa. La independencia del Ministerio Público es fundamental para combatir la corrupción y garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su posición, sean tratados con justicia y equidad. Solo así podremos construir un país más justo y democrático para las futuras generaciones.
