Por Germán Reyes
Santo Domingo.- Varios directores de instituciones públicas acudieron presurosos a la comunidad de Monte Grande, 35 kilómetros al Nordeste del centro de Barahona, luego que residentes en las comunidades circundantes paralizaran los trabajos de la hidroeléctrica que el presidente Luis Abinader declaró de utilidad pública.
En una asamblea realizada este jueves con los comunitarios, los titulares de varias agencias del gobierno fueron abordados respecto al pago de compromisos asumidos con quienes cedieron sus tierras para la construcción de la hidroeléctrica.
Asimismo, la terminación del proyecto habitacional donde serían asentadas las familias desplazadas, también pendiente de dotación de los servicios de agua, electricidad, vías y otras características.
Otras obras, como escuela, parque y cementerio “hay que volver a licitarlas de nuevo porque se cumplieron los plazos que establece la ley”, informó en la reunión Olmedo Caba, director del Instituto de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Caba hizo promesas firmes en el sentido de que finalmente cumplirá con los pagos por las indemnizaciones que, ya están consensuadas.
El funcionario prometió, por igual, que conjuntamente con el Instituto Agrario Dominicano (IAD), dará seguimiento a los trabajos en los terrenos que se convenga para asentar a los productores agrícolas desplazados para construir la hidroeléctrica.
El agrónomo Manuel Pérez, uno de los representantes de los productores agrícolas, informó que, para la reubicación de los terrenos para el desarrollo de la agricultura de los desplazados, el director del IAD, Francisco Guillermo García, refirió sobre alrededor de 15,000 tareas ubicadas en El Cerro de las Colmenas, en las cercanías de la comunidad de Quita Coraza, ubicados a alrededor diez cinco kilómetros de Monte Grande, al Oeste.
Se trata de terrenos montañosos, pendientes también de dotación de sistemas de reguío, “pero si los acondicionan con sus maquinarias pesadas estaremos dispuestos a aceptarlas”, dijo Santo Esteban Ferreras.
Además de los titulares del Indrhi y del IAD, en la reunión participaron por el gobierno la gobernadora de Barahona, Diones M. González; y el director de la Regional Sur de la Policía, general Rafael Calderón Efres. Asimismo, funcionarios del Servicio Nacional de Salud (Senasa); de Obras Públicas; y el Ministerio de la Vivienda.
De parte de las comunidades estuvieron líderes de Monte Grande, Las Mesetas, San Simón, Monte Grande, la organización comunitaria Lemba, la Pastoral Social de la Diócesis de Barahona y entre otras instituciones y personalidades.
Por una ruta crítica
Antes que la cita concluyera, y con el interés de que no se dejen “cabos sueltos”, Santo Esteban Ferreras reclamó que los puntos acordados, igual que las promesas de las autoridades, sean plasmados en un documento que deberá firmarse por las partes.
Manuel Pérez dijo que se debe definir en el documento una “ruta crítica”, lo que definió como cada una de las acciones con las fechas previstas para ser ejecutadas.
“Esto es”, dijo Pérez, “que cuando se definan las acciones de las diferentes instituciones del gobierno, se haga un acuerdo y se firme para tener garantía de que las acciones se harán en los plazos previstos”.
