Por Sanon Marc-Antoine
Puerto Príncipe, Satrellite509.- Las declaraciones del director general de la Oficina Nacional de Identificación, Reynold Guerrier, continúan suscitando reacciones. Invitado en las ondas de Radio Magik 9, reconoció públicamente que cerca de 6,5 millones de tarjetas de identificación nacional producidas en los últimos años presentan un defecto de fabricación.
Durante mucho tiempo, los ciudadanos cuya tarjeta se deterioraba eran reprendidos por una mala conservación. Según el director general del ONI, los análisis realizados por la institución han demostrado que el problema no provenía de los usuarios, sino del material utilizado para fabricar las tarjetas.
«Incluso, las tarjetas cuidadosamente conservadas presentaban problemas de laminado», explicó Reynold Guerrier. Preciso que la ONI había puesto fin a su colaboración con la firma alemana Dermalog y confiado la producción de las nuevas tarjetas a la empresa francesa IN Groupe.
El nombre de Martine Moïse, exprimera dama de Haití, está vinculado al Caso Dermalog por acusaciones de corrupción y a la investigación por el asesinato de su esposo, el presidente Jovenel Moïse. La oposición política y sectores judiciales acusaron a Martine Moïse de interceder indebidamente para beneficiar a la compañía
El responsable de la ONI también anunció que los ciudadanos cuya tarjeta esté dañada pueden obtener una reimpresión gratuita, sin nuevo enrolamiento, ya que sus datos biométricos siguen conservados en la base de datos de la institución.
Detrás de estas explicaciones técnicas, queda una pregunta: ¿quién asumirá las consecuencias de un contrato cuyos resultados hoy se reconocen como defectuosos?
El contrato firmado entre el Estado haitiano y Dermalog representaba una inversión de 27,7 millones de dólares estadounidenses. Según la información disponible, una primera partida de 8,2 millones de dólares ya había sido pagada a la empresa en julio de 2018 por las autoridades de la época.
Desde las revelaciones del 3 de julio, varias interrogantes siguen sin respuesta. ¿El Estado haitiano ha pagado la totalidad de los 27,7 millones de dólares previstos en el contrato? Si es así, ¿qué parte de esta suma se ha recuperado tras el descubrimiento de los defectos de fabricación? Si no, ¿qué monto aún se debe a la firma alemana?
Reynold Guerrier afirma también que la ONI solo obtuvo una compensación equivalente a 100,000 tarjetas, mientras que cerca de 6,5 millones estarían afectadas por el defecto de fabricación.
¿Cómo explicar una discrepancia tan grande? ¿Esta compensación cubre realmente las pérdidas sufridas por el Estado haitiano? ¿Siguen las negociaciones con el proveedor o el caso se considera cerrado?
El 7 de julio de 2026, es decir, cuatro días después de las declaraciones de su director general, la ONI publicó un comunicado para responder a las inquietudes. La institución aclara que nunca ha pedido a todos los ciudadanos que vuelvan a hacer su tarjeta de identificación nacional. Sólo las tarjetas que presenten un defecto material podrán ser reimpresas gratuitamente. Todas las demás siguen siendo válidas hasta su fecha de caducidad.
Sin embargo, esta aclaración no ha disipado todas las interrogantes. Más allá de esta contradicción aparente, es sobre todo la gestión del contrato público lo que llama la atención.
¿Quién validó la calidad de las tarjetas antes de su distribución a millones de ciudadanos? ¿Qué controles técnicos se realizaron antes del lanzamiento de la producción a gran escala? ¿Por qué hubo que esperar varios años para reconocer oficialmente un problema ya denunciado por numerosos usuarios?
¿Por qué no se ha anunciado ninguna acción judicial contra la empresa Dermalog, cuando la ONI reconoce la existencia de un defecto de fabricación que afecta a millones de documentos oficiales?
La cuestión de las finanzas públicas también sigue planteada. ¿La Corte Superior de Cuentas ha auditado este contrato de 27,7 millones de dólares? ¿La Unidad de lucha contra la corrupción u otros organismos de control han sido consultados para verificar la ejecución de este contrato? ¿El Estado contempla reclamar daños y perjuicios para evitar que los contribuyentes asuman el costo del reemplazo de millones de tarjetas?
Los haitianos no solo piden una nueva tarjeta de identidad. Quieren saber cómo un contrato de 27,7 millones de dólares pudo conducir a la producción de cerca de 6,5 millones de tarjetas defectuosas, quién es el responsable y quién responderá por las pérdidas sufridas por el Estado.
Es en este terreno donde se espera la transparencia.
