Por Gotson Pierre
Puerto Príncipe, 4 de junio de 2025 [AlterPresse] — Desde la toma de Martissant en junio de 2021, bandas armadas han seguido expandiendo su control sobre el área metropolitana de la capital, Puerto Príncipe. Cuatro años después, la violencia se ha arraigado en la vida cotidiana de millones de personas.
Esta ocupación, marcada por la coerción, la extorsión y un intento de legitimación social, representa una profunda transformación del control urbano en Haití. En zonas como Village Solidarité (Delmas, periferia noreste) o en toda la comuna de Carrefour, esta realidad se impone brutalmente.
Los testimonios, recopilados por AlterPresse bajo condición de anonimato, hablan de una coexistencia forzada entre residentes y grupos armados con poder de vida o muerte. La vida en estos territorios adquiere un cariz anormal y opresivo.
Martissant, punto de inflexión hacia el colapso de la seguridad
Village Solidarité, un barrio de Delmas, oscila entre una calma engañosa y tensiones latentes. La relativa calma, a menudo descrita por los residentes como un «silencio sepulcral», en realidad oculta un control absoluto.
Una banda surgida de Simon Pelé ejerce un amplio control sobre la zona, abarcando Village Solidarité y Cité Militaire. No ha surgido ninguna forma de resistencia local debido al prolongado cerco y la constante amenaza de ataques.
La infraestructura económica —mercados, escuelas, farmacias— sigue funcionando, pero está bajo control. Se ha instalado un sistema de extorsión semanal.
«Todos los sábados, los comerciantes y profesionales deben pagar una cuota obligatoria», explica a AlterPresse una madre cuyo marido, un pequeño comerciante, mantiene un piso en casa de un familiar en Village Solidarité por motivos profesionales.
Las tácticas de guerra urbana hacen que cualquier intervención policial sea arriesgada: trincheras, estacas metálicas, infiltraciones discretas. Las bandas se establecen gradualmente en los barrios, antes de lanzar rápidas ofensivas, neutralizando toda capacidad de respuesta.
Desde que se unieron a la coalición criminal Viv Ansanm en 2023, los grupos armados de la zona han intensificado sus actividades. Village Solidarité, antes periférico, se ha convertido en una base estratégica.
Carrefour: Un pueblo entero a merced de las bandas
Con más de 500.000 habitantes, la comuna de Carrefour, al sur de Puerto Príncipe, se encuentra casi en su totalidad bajo control armado. Su ubicación geográfica, en la encrucijada entre la capital y el Gran Sur, se ha convertido en una trampa para sus residentes.
Desde abril de 2024, no hay presencia policial en Carrefour, declaró a AlterRadio el exdirector ejecutivo interino Jude Édouard Pierre.
«Ya no hay juzgados, ni ayuntamiento, ni servicios públicos. El pueblo está gobernado por bandas», advierte.
El control se extiende a todos los aspectos de la vida cotidiana: el pago impuesto para el acceso a la electricidad, la extorsión a familias de la diáspora para preservar sus bienes y los presuntos gravámenes ilegales en ciertas oficinas de remesas. La economía local sigue funcionando, pero bajo constante amenaza.
Seis (6) estaciones de peaje ilegales fueron identificadas en el eje Carrefour/centro de Puerto Príncipe, denuncia un profesional residente en Carrefour, obligado a utilizar ese tramo del sur de la capital para cumplir con sus obligaciones.
Las pandillas se mueven libremente allí, imponiendo sus leyes. Los residentes evitan las carreteras principales; solo los vehículos de organizaciones no gubernamentales (ONG) o vinculados a pandillas parecen circular sin obstáculos. Diquini, Tara’s y Pèlerin (en las montañas orientales) se han convertido en rutas de circunvalación, aunque siguen siendo peligrosas, afirma.
El Estado está ausente, las pandillas están presentes
En Martissant, Village Solidarité, Carrefour y muchas otras áreas metropolitanas, se está produciendo una transformación del poder territorial. Las pandillas ya no son solo agresores, sino gestores violentos de la vida cotidiana, imponiendo sus normas económicas, sociales y de seguridad.
Se cree que los drones suicidas, utilizados por las autoridades haitianas desde 2024, han causado más de 200 muertes entre pandillas, según la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).
Sin embargo, no se observa ningún cambio estructural duradero.
La colusión entre ciertos sectores del Estado y grupos armados, la explotación política de las bandas y la falta de una voluntad real de recuperación de territorio han consolidado un modelo mafioso, en detrimento de los derechos fundamentales.
En el Artibonito y la Meseta Central, territorios agrícolas estratégicos, este modelo se está extendiendo. La frontera con la República Dominicana se está convirtiendo en una nueva fuente de tensión, a medida que se disparan los costos humanos y materiales.
Responsabilidades internacionales: una pieza faltante del rompecabezas
El control territorial de las pandillas se ve impulsado por importantes factores regionales e internacionales. El tráfico masivo de armas desde Estados Unidos, en particular a través de Florida, transita por puertos haitianos poco vigilados. A pesar del reconocimiento oficial del problema por parte de Washington, se han realizado pocos esfuerzos concretos para fortalecer la cooperación aduanera y marítima.
Al mismo tiempo, los canales financieros transnacionales —alimentados por la diáspora o actores económicos vinculados a intereses privados— brindan apoyo logístico a las pandillas. Esta financiación, ya sea directa o indirecta, se produce en un vacío diplomático en torno a la reforma estructural del Estado haitiano.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia desde junio de 2024 bajo mandato de la ONU, genera expectativas y dudas. Los resultados concretos siguen siendo limitados, a pesar de las promesas iniciales.
Una investigación del New York Times ha revelado conversaciones sobre el posible uso de fuerzas paramilitares privadas lideradas por Erik Prince, fundador de la controvertida empresa Blackwater. Esta opción, considerada en algunos círculos haitianos, genera preocupación debido a los riesgos de abuso, impunidad y una mayor desestabilización.
El propio diplomático surinamés Albert Ramchand Ramdin, nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), declaró que «la situación en Haití es tan grave que primero debe restablecerse un mínimo de normalidad».
Hacia una reapropiación de territorios y vidas
La dinámica de cohabitación entre comunidades civiles y grupos armados en los barrios de Puerto Príncipe revela una crisis de soberanía territorial, social y simbólica. En zonas como Martissant, Village Solidarité y Carrefour, el Estado se ha convertido en un actor ausente o cómplice, y los grupos armados lo están reemplazando, actuando simultáneamente como proveedores de servicios, garantes del orden local y generadores de terror estratégico.
Pero estos hallazgos, por alarmantes que sean, no deberían reemplazar la reflexión sobre posibles salidas.
Voces haitianas —de barrios, universidades y asociaciones— abogan por una seguridad comunitaria regulada y transparente, en consonancia con la justicia local. Este enfoque se concretaría mediante la creación de Consejos Municipales de Seguridad, en consonancia con las estructuras policiales municipales.
Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos, apoyadas por abogados como Jacques Letang, presidente de la Federación de Abogados de Haití (Fbh), piden el desmantelamiento de las redes de suministro de armas y municiones.
Este enfoque implica atacar tanto los puntos de entrada (puertos, aduanas, canales de corrupción dentro de la aplicación de la ley) como la complicidad política y económica, tanto a nivel nacional como internacional.
Estos actores también piden la implementación de mecanismos de justicia transicional, diseñados para esclarecer los crímenes del pasado, identificar responsabilidades y sentar las bases de una paz duradera, acorde con la complejidad de la crisis haitiana.
Por último, cualquier respuesta duradera debe pasar por una reapropiación política de los territorios por parte de las propias poblaciones, en primer lugar mediante el regreso de las poblaciones que huyen, formas renovadas de gobernanza local, mediación social y la reconstrucción de los vínculos públicos.
El futuro inmediato de los barrios bajo control sigue dependiendo, en gran medida, de la capacidad del país para reconstruir sus instituciones… y recuperar sus territorios.
