Santo Domingo.- La Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración (DGM) produce una derogación material de las disposiciones aprobadas en favor de miles de trabajadores que se acogieron al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros (PNRE) en condición migratoria irregular, declararon varias organizaciones cívicas.
El PNRE fue aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional de Migración el 23 de noviembre de 2013 y promulgado mediante el Decreto 327-13 el 29 de noviembre de 2013.
Su ejecución práctica, incluyendo la recepción y evaluación de solicitudes, inició con el periodo formal establecido entre el 1 de junio de 2014 y el 28 de febrero de 2015.
Afecta a miles
La Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau y el Movimiento Socio Cultural para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Moscta) aseguraron que esa disposición de la DGM afecta a miles de beneficiarios que cumplieron con los requisitos del PNRE.
Entre los afectados por la resolución de marras fueron citados los inmigrantes con largo arraigo en el territorio nacional. “Tales son los casos de: antiguos trabajadores cañeros y personas empleadas en sectores donde históricamente predominó la informalidad, o nunca fue interés del Estado una normalización”.
Con relación a los grupos más afectados fueron citados los antiguos trabajadores cañeros y sus familias, muchos de los cuales llegaron mediante acuerdos bilaterales entre Haití y República Dominicana. “Hoy tienen más de 60 años, muchos están jubilados, otros trabajan informalmente y muchos ingenios desaparecieron”.
Las organizaciones se formularon una interrogante sobre esos trabajadores: ¿Cómo pueden conseguir ahora un nuevo contrato registrado? Y acto seguido se responde que, en la práctica, resulta imposible, ya que no califican para un contrato laboral, en razón de sus edades.
En el caso de los trabajadores agrícolas, la mayoría nunca registraron los contratos ante los órganos competentes, dado que no se sometieron al régimen legal de la contratación.
Ahora la mayoría de estos trabajadores no pueden renovar, no porque hayan violado la ley, sino porque el empleador, incluido el Estado dominicano, nunca formalizó la relación laboral con sus colaboradores extranjeros de origen haitiano, refirieron las organizaciones.
Según la Red Jacques Viau y el Moscta, la mayoría de los obreros de la construcción trabaja por obra y cambia continuamente de empleador. “La Resolución DGM-001-2026 exige continuidad laboral, lo cual no toma en cuenta y excluye una realidad económica que ha existido durante décadas”.
Otros casos similares
Las empleadas domésticas nunca tuvieron contratos de trabajo formales y registrados, lo que trae como consecuencia que quedan fuera del sistema, incluido de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
El Plan permitió regularizar a muchas personas que posteriormente sobrevivieron mediante actividades informales, como el caso de los vendedores ambulantes. “Ahora la resolución establece que el permiso TT-1 no autoriza esas actividades y advierte que el incumplimiento puede llevar incluso a la cancelación del estatus y la deportación”, precisaron los grupos cívicos.
Esta advertencia, según el Moscta y la Red Jacques Viau, “es la finalidad de la Resolución DGM-001-2026”.
Una disposición impugnable
La Red Jacques Viau y el Moscta sostuvieron que el efecto práctico de la resolución de la DGM es que muchos beneficiarios del PNRE, aun habiendo cumplido con los procesos de regularización y sus renovaciones, impulsados por el propio Estado, “podrían perder la posibilidad de continuar renovando su estatus migratorio por no satisfacer los requisitos que no formaban parte de las condiciones originales del Plan”.
Esa tensión entre la finalidad del PNRE y la aplicación de la Resolución 001-2026 constituye el núcleo de un posible debate jurídico y constitucional, dijero0n las organizaciones en una declaración escrita.
Este análisis, precisaron la Red Jacques Viau y el Moscta, puede ampliarse hasta convertirse en un dictamen jurídico de 40 a 50 páginas, con referencias a la Constitución dominicana, la Ley 285-04, el Decreto 327-13, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “para sustentar una eventual impugnación administrativa o constitucional de la aplicación de la Resolución DGM 001-2026 a los beneficiarios del Plan Nacional de Regularización”.
