Por Germán Reyes
Santo Domingo.- La organización que se define como #HaitianosRD registra un aumento de los casos de atropellos y muertes contra sus compatriotas en medio de la impunidad que atribuyen a la justicia dominicana, según expresan en un documento.
Los dirigentes, encabezados por Roudy Joseph, acudieron al despacho de la procuradora general Miriam Germán Brito para entregarle el documento en el que refieren que otro ya había sido llevado a la dependencia el 16 de septiembre de 2019, “en el que un conjunto de organizaciones exigían acciones concretas contra los linchamientos “xenófobos y racistas” en República Dominicana”.
La misiva de aquel entonces fue firmada por organizaciones sociales y dirigentes de 18 países indignados por el linchamiento de Víctor Pierre y Esil’homme Atul en la ciudad de Santiago, así como el perpetrado en contra de Jean Harry “Tulile” en 2015, cuyo cadáver fue colgado en un árbol del parque Elcira Pepín.
Para la Comunidad de Haitianos y Haitianas Organizados y Organizadas en República Dominicana (#HaitianosRD) la “persistente” impunidad “ha estimulado el agravamiento de la violencia racista y xenófoba en el país”.
La carta denuncia las supuestas amenazas de muerte contra inmigrantes, defensores de derechos humanos, académicos y personas comprometidas con valores democráticos como el antirracismo, por parte de grupos a los que denominan como “ultranacionalistas”.
Los “ultranacionalistas”, a su entender, proceden en coordinación con la Policía Nacional y con el apoyo de lo que llamaron “campaña anti-inmigrantes» de Abel Martínez, alcalde de Santiago.
La organización solicitó a Germán Brito que la Procuraduría responda ante los “los linchamientos xenófobos y racistas en República Dominicana” e informe sobre el estado de las investigaciones de los casos de Jean Claude Harry “Tulile”, Víctor Pierre y Esil’homme Atul, además del caso de Navarrete”.
También solicitaron una audiencia con organizaciones de derechos humanos y de la comunidad inmigrante para intercambiar sobre posibles iniciativas que desde la Procuraduría se podrían impulsar para salvaguardar los derechos humanos de las personas inmigrantes “ante los reiterados abusos de los cuerpos policiales, militares y efectivos de la Dirección General de Migración, incluyendo extorsión, robos, detenciones arbitrarias y maltratos físicos”.
