Por Henry Morel
Santo Domingo.- El cruel asesinato del niño Donaly Martínez, de apenas doce años de edad, durante un ataque policial en el marco de la celebración del carnaval en Santiago el 12 de febrero, pone de manifiesto nuevamente el carácter de la Policía Nacional (PN), una de las institucionesmás despreciadas del país. Varias versiones periodísticas apuntan a que los agentes policiales generaron un altercado al intentar confiscar una bocina que ya había sido apagada, usando gas pimienta y luego disparando contra una multitud, hiriendo de dos balazos al infante. Para colmo, huyeron del lugar como delincuentes, sin prestar auxilio al niño herido.
Este brutal crimen no es solo responsabilidad del agente que disparó, en quien debe recaer el máximo castigo legal, sino sobre todo de una institución corrupta y de un régimen político y un gobierno que mantienen en pie y protegen a ese pilar represivo del Estado capitalista dominicano. Mientras familiares y miembros de la comunidad salieron a protestar en la Avenida Las Carreras de Santiago, al grito de “¡Policía Nacional, asesina criminal!”, voceros del gobierno como la vicepresidenta Raquel Peña salieron a justificarse, hablando de una supuesta reforma policial, que ha sido una de las mayores burlas del presidente Abinader al país, con la complicidad de Finjus y personalidades como el periodista Ricardo Nieves. Tanto Raquel Peña como el Director General de la PN, Eduardo Then, visitaron a la familia de la víctima. Pero sus gestos de falsa solidaridad contrastan con la voluntad de mantener en funcionamiento a esa máquina de robar y matar que es la PN.
A la población se le quiere vender la idea de que la PN lucha contra la criminalidad. Pero no podemos olvidar que es una institución creada por la dictadura trujillista para sostener el poder ilegítimo y brutal del tirano, y que en los sucesivos gobiernos su función se ha mantenido muy similar: sus agentes tienen licencia para delinquir siempre que lo hagan contra los sectores populares y los trabajadores, y estén siempre prestos para reprimir al pueblo si protesta o amenaza los intereses de la clase capitalista.
La historia dominicana esta plagada de los actos criminales llevados a cabo por la PN. Todavia queda en el recuerdo de muchos dominicanos el papel de los denominados “cascos blancos” trujillistas. Los doce años de Balaguer mostraroncómo estos uniformados fueron capaces de asesinar a cientos de jóvenes y aterrorizar al país entero.
El pueblo dominicano tiene décadas luchando contra la PN y acuñó la célebre consigna “Policía Nacional, una banda criminal”. El carácter criminal de la institución lo han admitido muchos de sus integrantes, como el Mayor Raúl Girón, quien dijo en su juicio por corrupción que “si nos ordenan matar, matamos, y si nos ordenan robar, robamos”.
La campaña “Policía no me mates, que yo me paro en lo claro” tuvo su origen en junio de 2010, con el asesinato del joven Abraham Ramos Morel en el ensanche Luperón, cuando una patrulla de la PN lo intentó detener en un lugar bastante oscuro, y al no pararse el cabo Manuel de Jesús Martínez le disparó, quitándole la vida.
Durante este gobierno del PRM, en marzo de 2021 fueron asesinados por la PN en Villa Altagracia la pareja de esposos evangélicos Joel Diaz y Elizabeth Muñoz. El gobierno respondió a este caso anunciando una supuesta reforma policial de la que ya van dos años y ningún resultado. Es evidente que nunca hubo voluntad política de realizar ningún cambio significativo, pues se puso a la cabeza de la comisión presidencial para la reforma a Finjus, que ya había encabezado las falsas reformas policiales de los gobiernos del PLD, y se buscó asesorías internacionales de policías latinoamericanas también cuestionadas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Siguieron acumulándose nuevos crímenes brutales por parte de la PN, asesinatos y torturas, como el asesinato de Leslie Rosado en octubre de 2021. Ese mismo mes fue designado como nuevo director general de la PN Eduardo Then, y Raquel Arbaje lo exhortó a imponer “ley, orden y macana”. Y la macana siguió. En abril de 2022, el país fue impactado por la noticia de la tortura y asesinato del joven David de los Santos en el destacamento de la PN en Naco. En diciembre, el gobierno de Abinader lanzó una campaña de asesinatos policiales en los barrios, que elevó la cifra de personas asesinadas por policías y militares en 2022 a unas 135 personas y más de 3,500 entre 2018 y 2022, según la CNDH. El consorcio periodístico Connectas estableció en base a estadísticas oficiales que policías y militares asesinaron entre 2004 y 2019 a más de tres mil personas.
En este marco también se dan los asesinatos de inmigrantes haitianos por parte de agentes migratorios y policiales, como el perpetrado en Cap Cana el 10 de febrero de este año, cuando fue asesinado un trabajador de la construcción, o el asesinato de un motoconchista en la Urbanización Fernández el 18 de febrero, crimen que miembros de su sindicato denuncian que ocurrió en medio de un intento de extorsión por parte de la policía. El pueblo dominicano está ya habituado a asociar a la PN con conductas delictivas, la famosa “búsqueda” de dinero en las carreteras, en las redadas que realizan en los barrios, en los allanamientos ilegales en los que frecuentemente roban las pertenencias de los allanados y maltratan a jóvenes, mujeres, niños y ancianos.
También criminalizan las protestas y persiguen a sus dirigentes, llegando incluso a plantar pruebas falsas como en el caso del activista mocano Guanchi Comprés, a quien introdujeron drogas en su vehículo para justificar la agresiòn de que fue objeto y su encarcelamiento, en 2017. O durane el actual gobierno, la detención arbitraria de Armando García de Navarrete, o la criminalización de una protesta contra los aumentos abusivos de la tarifa eléctrica en Sabana Iglesia. Todo esto lo hacen los gobiernos para arrebatarle al pueblo el derecho a protestar.
¿Hasta cuándo seguirá este gobierno con su falsa reforma policial mientras sigue cobrando víctimas en nuestras calles y barrios? ¿Cuánta gente más tiene que ser asesinada por la PN antes de que sea disuelta? Está demostrado por la experiencia histórica que la PN no puede reformarse a sí misma, tampoco lo pueden hacer gobiernos que se apoyan en esa institución para preservar las grandes desigualdades sociales y la limitación de nuestros derechos democráticos. Tal parece que el propio pueblo tendrá que conquistar el poder para lograr poner fin a la PN.
