La cuestión central es qué ocurre cuando la ayuda internacional deja de ser un mecanismo de cooperación temporal y termina siendo una herramienta geopolítica para los intereses de los Estados Unidos. A partir del caso haitiano, diversos autores también han advertido que las crisis humanitarias pueden convertirse en escenarios donde confluyen intereses políticos, económicos y estratégicos de actores externos
Por María Vergara
Los sismos ocurridos este 24 de junio en Venezuela provocaron una rápida reacción de la comunidad internacional. Gobiernos y organismos multilaterales anunciaron ayuda humanitaria, equipos de rescate y recursos para atender la emergencia. A primera vista, esta respuesta parece incuestionable. Sin embargo, la historia obliga a formular una pregunta incómoda: ¿toda ayuda internacional fortalece realmente a un país o, en determinadas circunstancias, puede convertirse en una forma de intervención?
La experiencia de Haití constituye uno de los antecedentes más reveladores para analizar esta cuestión. No porque Venezuela y Haití sean comparables, sino porque demuestra que las misiones internacionales deben evaluarse no solo por las buenas intenciones que proclaman, sino por las consecuencias que generan en el país al que dicen ayudar.
La promesa de la estabilización
En 2004, tras la crisis política que culminó con la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
Su mandato era amplio y ambicioso: restaurar la seguridad, apoyar el proceso político, fortalecer la Policía Nacional Haitiana, facilitar la asistencia humanitaria y contribuir a la reconstrucción de las instituciones estatales.
Durante trece años, MINUSTAH se convirtió en una de las mayores operaciones de paz desplegadas en América Latina. En su punto de mayor desarrollo, reunió a más de 9,000 militares, cerca de 4,000 policías internacionales y miles de funcionarios civiles provenientes de más de cincuenta países. Brasil encabezó el componente militar, acompañado por Argentina, Chile, Uruguay, Perú y otras naciones de la región. México también participó con personal policial y civil.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió suspender algunas sanciones a Venezuela (hasta el 23 de octubre de 2026) para permitir operaciones relacionadas con las labores de ayuda tras el doble terremoto. Esto permitirá, por ejemplo, que se realicen transferencias bancarias al país, una vía esencial para enviar ayuda tras la catástrofe, que ha dejado cientos muertos y miles de heridos, informó BBCMundo
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Sobre el papel, representaba uno de los mayores esfuerzos multilaterales para estabilizar un Estado «considerado frágil».
Misión injerencista
La prueba más importante para MINUSTAH llegó el 12 de enero de 2010, cuando un terremoto de magnitud 7.0 sacudió Haití. El sismo dejó más de 220 mil personas muertas, alrededor de 300 mil heridas y cerca de un millón y medio de desplazadas, además de destruir buena parte de la infraestructura gubernamental y urbana del país.
La tragedia desencadenó una de las mayores operaciones de ayuda humanitaria de la historia reciente. Gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación movilizaron miles de millones de dólares con la promesa de reconstruir Haití. Sin embargo, más de una década después, diversos estudios concluyen que buena parte de esos recursos se canalizó a través de organismos internacionales y contratistas extranjeros, mientras el fortalecimiento de las instituciones haitianas fue limitado. Para muchos analistas, el terremoto no solo evidenció la enorme vulnerabilidad del país, sino que profundizó un modelo de intervención internacional en el que la asistencia humanitaria terminó desplazando las capacidades del Estado.
La intervención internacional tampoco estuvo exenta de consecuencias sanitarias. Ese mismo año, un devastador brote de cólera sacudió Haití. Investigaciones epidemiológicas concluyeron que la enfermedad fue introducida “accidentalmente” por un contingente de cascos azules procedente de Nepal debido al manejo inadecuado de aguas residuales. La epidemia dejó más de 820 mil personas infectadas y alrededor de diez mil fallecidas. Durante años, Naciones Unidas negó su responsabilidad hasta que, en 2016, reconoció su responsabilidad moral y anunció un programa de reparación.
A ello se sumaron numerosas denuncias por explotación y abuso sexual cometidos por integrantes de la misión. Organizaciones de derechos humanos documentaron casos de violencia sexual contra mujeres y menores de edad, así como cientos de niños nacidos de esas relaciones, mientras las víctimas denunciaban la ausencia de justicia y de mecanismos efectivos de reparación.
El despliegue militar de Estados Unidos tras el terremoto también generó un intenso debate geopolítico en América Latina. El entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, cuestionó públicamente la magnitud de la presencia militar estadounidense en Haití y sostuvo que la catástrofe estaba siendo utilizada para consolidar una posición estratégica en el Caribe. En diversos discursos y declaraciones afirmó que, bajo el argumento de la ayuda humanitaria, Washington había enviado miles de soldados, tomado el control del aeropuerto de Puerto Príncipe y privilegiado el despliegue militar sobre la asistencia civil. Aunque el gobierno de Estados Unidos rechazó estas acusaciones y defendió que la presencia de sus fuerzas respondía exclusivamente a necesidades logísticas y de seguridad para facilitar la distribución de la ayuda, las declaraciones de Chávez alimentaron un debate regional sobre los límites entre la cooperación humanitaria y la proyección del poder militar.
Cuando la ayuda es ocupación humanitaria
A partir de la experiencia haitiana, diversos especialistas en relaciones internacionales comenzaron a cuestionar el modelo de las intervenciones humanitarias. No sostienen que toda misión internacional sea ilegítima ni que la ayuda humanitaria deba rechazarse. El debate es mucho más complejo.
La cuestión central es qué ocurre cuando la ayuda internacional deja de ser un mecanismo de cooperación temporal y termina siendo una herramienta geopolítica para los intereses de los Estados Unidos. A partir del caso haitiano, diversos autores también han advertido que las crisis humanitarias pueden convertirse en escenarios donde confluyen intereses políticos, económicos y estratégicos de actores externos. Desde esta perspectiva surge el concepto de «ocupación humanitaria», utilizado por algunos académicos para describir aquellas intervenciones que, aunque nacen con objetivos legítimos, terminan debilitando la autonomía del Estado receptor y desplazando la toma de decisiones hacia organismos o gobiernos extranjeros.
Este debate incluso puede entenderse a la luz del concepto de soft power o «poder blando», desarrollado por el politólogo Joseph Nye para describir la capacidad de un Estado de influir sobre otros mediante la atracción, la cooperación y la legitimidad, en lugar del uso directo de la fuerza militar. Aunque la ayuda humanitaria constituye una herramienta indispensable para salvar vidas, la experiencia haitiana demuestra que, en determinados contextos, también puede convertirse en un instrumento de proyección de influencia política y geopolítica. Cuando la asistencia se acompaña de condicionamientos políticos, presencia militar o mecanismos que desplazan la capacidad de decisión del Estado receptor, deja de ser únicamente un acto de solidaridad y pasa a formar parte de estrategias más amplias de poder. Por ello, en el caso venezolano, la discusión no debería limitarse a quién ofrece la ayuda, sino también bajo qué condiciones se recibe, quién la administra y si fortalece la soberanía nacional o incrementa la capacidad de actores externos para influir en el futuro político del país.
Las preguntas que deja Haití para Venezuela
¿Se puede instrumentalizar la ayuda humanitaria para fines geopolíticos?
¿Cómo actuará la oposición venezolana ante este desastre natural, que en buena medida opera desde el exterior del país?
Estas preguntas buscan ayudar para entender la tragedia por la que hoy pasan los compañeros venezolanos después del doble sismo del 24 de junio, no buscan rechazar la cooperación internacional. Por el contrario, parten del reconocimiento de que, ante grandes desastres, la verdadera solidaridad entre naciones puede resultar indispensable si no hay fines geopolíticos de fondo.
Esta reflexión adquiere una relevancia particular en Venezuela, ya que buena parte de la oposición política ha desarrollado su estrategia desde el exterior y ha promovido de manera reiterada el respaldo de gobiernos extranjeros, especialmente de Estados Unidos, para ejercer presión sobre el actual gobierno venezolano. La dirigente opositora María Corina Machado, por ejemplo, ha solicitado públicamente el mantenimiento y endurecimiento de las sanciones internacionales, así como un mayor respaldo de la comunidad internacional para impulsar un cambio político en Venezuela. Esa estrategia no ha logrado traducirse en una movilización popular sostenida dentro del país a su favor, pese al secuestro del presidente Nicolás Maduro y los bombardeos a Caracas por Estados Unidos el 3 de enero.
Desde esta perspectiva crítica, la oposición venezolana estaría nuevamente favoreciendo un escenario que abre la puerta a una mayor injerencia extranjera, particularmente de Estados Unidos, país que históricamente ha mostrado un interés estratégico en la región y en sus recursos energéticos con particular obsesión en Venezuela. En un contexto de emergencia humanitaria, este antecedente hace aún más necesario preguntarse si toda ayuda internacional responde exclusivamente a fines humanitarios o si, en determinadas circunstancias, también puede convertirse en un instrumento para ampliar la influencia política y geopolítica de actores externos.
Hoy muchos vemos con desconfianza el discurso de una supuesta unidad opositora. Lo que cuestiona este escrito es que por el simple hecho de presentarse como ayuda humanitaria, la asistencia ofrecida a Venezuela quede automáticamente exenta de escrutinio. La historia de MINUSTAH demuestra que las operaciones internacionales requieren transparencia, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y límites claros. Hoy Haití permanece como una advertencia vigente: la ayuda puede salvar vidas, pero solo será verdaderamente exitosa si respeta plenamente la soberanía de los pueblos a los que dice ayudar. La historia demuestra que, cuando la ayuda deja de ser un apoyo y se convierte en una forma de injerencia disfrazada de asistencia humanitaria, la línea que separa la solidaridad de la ocupación puede volverse peligrosamente delgada.
Por ello, el desafío no es rechazar la cooperación internacional, sino impedir que la urgencia humanitaria que hoy viven los venezolanos se convierta en una puerta de entrada a nuevas formas de subordinación política. En ese equilibrio frágil entre auxilio y control se juega no solo la eficacia de la ayuda, sino también el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin tutelas externas que hoy son un patrón muy claro en nuestra América Latin
